Un fallo con dos decisiones distintas, que conviene no confundir
Pasadas las 22:00 horas del jueves, el Pleno del Tribunal Constitucional (TC) dio a conocer su resolución sobre los tres requerimientos de inconstitucionalidad presentados por parlamentarios de oposición contra la megarreforma. El fallo abordó, entre otros puntos, dos materias que conviene explicar por separado, porque tuvieron resultados distintos: la invariabilidad tributaria para grandes inversiones y la indemnización estatal por anulación de una Resolución de Calificación Ambiental (RCA).
Invariabilidad tributaria: el pilar central se mantiene
La invariabilidad tributaria —el mecanismo que permite a los grandes proyectos de inversión fijar sus condiciones impositivas por 10, 15 o 25 años, dependiendo del monto invertido— fue una de las apuestas más relevantes del Gobierno para atraer inversión, y fue impugnada como parte del artículo 29 de la megarreforma. El TC acogió el requerimiento solo de manera parcial y acotada: mantuvo el régimen de invariabilidad en lo sustancial, pero eliminó su extensión a los llamados «proyectos conexos», es decir, aquellos casos en que una empresa que ya tenía un proyecto acogido a este beneficio quisiera sumar una nueva iniciativa relacionada que no estaba originalmente contemplada en el régimen.
El senador Pedro Araya (PPD), presidente de la Comisión de Constitución del Senado, fue categórico al explicar el alcance real del fallo: «el grueso de la invariabilidad no se tocó». Lo que el TC eliminó, precisó, fue específicamente esa posibilidad de extender el beneficio «para aquellas empresas que se quisieran acoger, que tenían ya un proyecto sujeto a invariabilidad y después quisieran realizar un proyecto conexo (…) que no estaba originalmente en el circuito». En la misma línea, el diputado Diego Schalper (RN) resumió el resultado en redes sociales: «la invariabilidad tributaria se mantiene en lo medular».
Indemnización por RCA: la norma queda completamente fuera
El segundo punto del fallo tuvo un desenlace distinto. Los artículos 12 y 13 de la megarreforma establecían un mecanismo mediante el cual el Estado debía restituir los gastos realizados por una empresa cuando una Resolución de Calificación Ambiental —el permiso ambiental que habilita a un proyecto a construirse— era posteriormente anulada por un tribunal mediante sentencia firme. El TC declaró la inconstitucionalidad íntegra de ambas disposiciones, dejando este mecanismo completamente fuera del proyecto.
La abogada Leslie Sánchez, parte del equipo que patrocinó los requerimientos de la oposición, celebró el resultado con una frase directa: «el Tribunal Constitucional expulsa por inconstitucional los dos artículos que creaban la restitución de gastos al inversionista cuya RCA es anulada por un tribunal». Cabe precisar que el Ejecutivo había defendido esta norma como una herramienta de certeza jurídica, argumentando que protegía a los inversionistas frente a decisiones contradictorias del propio Estado, que primero otorga un permiso ambiental y luego lo ve revocado en tribunales.
Un punto adicional: los ajustes en materia de acuicultura
El fallo también incluyó modificaciones al artículo 5, que regulaba la relocalización de concesiones de acuicultura. El TC declaró inconstitucional la incorporación del concepto de «micro-relocalización» y otras disposiciones asociadas a ese mecanismo, lo que en la práctica implica que ese proceso seguirá rigiéndose por las reglas actualmente vigentes, sin la vía simplificada que contemplaba el proyecto original —un punto que la industria salmonera deberá seguir de cerca en las próximas semanas.
Lo que dicen los abogados que representaron a cada parte
La causa fue defendida por distintos equipos jurídicos ante el Pleno del TC: por los requirentes de oposición alegaron los abogados Jorge Correa Sutil, Diego Pardo y Melissa Mallega; por el Ejecutivo, el abogado Arturo Fermandois; y por el Senado, la constitucionalista Catalina Salem.
Cómo leer el resultado en su conjunto
En términos prácticos, el fallo del TC deja en pie el elemento que constituía el principal incentivo del Gobierno para atraer grandes inversiones —la certeza tributaria de largo plazo—, acotando únicamente su expansión hacia proyectos que no habían sido contemplados originalmente en el diseño de la ley. La eliminación del mecanismo de indemnización por RCA anulada, en tanto, retira del proyecto una disposición específica y más acotada, sin afectar el resto de la arquitectura de la megarreforma ni el régimen de invariabilidad que sigue operando como estaba previsto para la inmensa mayoría de los proyectos de inversión que se acojan a él.
Lo que viene
Con esta resolución, el TC entregó únicamente la parte dispositiva del fallo; los fundamentos completos de la sentencia, el detalle de las votaciones y eventuales votos disidentes se conocerán en las próximas semanas, cuando el tribunal despache el texto íntegro. Con este pronunciamiento, la megarreforma completa así el último gran obstáculo judicial pendiente desde su despacho en el Congreso, quedando en condiciones de avanzar hacia su implementación definitiva.
