El informe de la Fiscalía revela que el 37,8% de los secuestros se asocian al crimen organizado y que el 25% de los imputados son extranjeros, una cruda realidad que las autoridades prefieren pasar por alto para no reconocer el fracaso de sus políticas.
El último informe de la Fiscalía Nacional es lapidario: un alarmante 37,8% de los secuestros en 2024 están directamente vinculados al crimen organizado. Este dato, que debería encender todas las alarmas en el gobierno, parece ser ignorado. En lugar de enfrentar la realidad, las autoridades se centran en pequeños logros para desviar la atención de lo que realmente importa: la delincuencia ha mutado, se ha profesionalizado y ha echado raíces en nuestro país, y la política de seguridad actual no está a la altura del desafío.
Mientras el dueño del almacén de barrio vive con el miedo de ser extorsionado por estas bandas, el transportista o el jubilado ven cómo la seguridad se desmorona día a día. El gobierno sigue con su discurso de “responsabilidad en la frontera” y evita enfrentar la realidad. Esta negación no solo es irresponsable, es un insulto a la inteligencia de los chilenos que ven cómo un delito que antes era casi inexistente, se ha vuelto un negocio lucrativo para quienes han llegado a nuestro país a sembrar el terror.
La realidad es que el chileno de a pie se siente abandonado. Ve cómo las noticias de secuestros son cada vez más frecuentes, cómo el miedo se ha vuelto un compañero más en su día a día. ¿Dónde está el Estado? ¿Dónde están las medidas que prometieron para combatir de raíz a estas mafias? No basta con detener a algunos delincuentes después del hecho. La ciudadanía exige un plan de seguridad que ataque el problema en su origen, que desmantele estas organizaciones antes de que sigan causando más daño.
Fuente: Fiscalía de Chile