Una investigación especial de la Contraloría General de la República, reveló que más de 760 mil vacunas contra la influenza, adquiridas para la campaña de inoculación de 2024, vencieron sin siquiera ser distribuidas a los centros de salud, permaneciendo almacenadas en las dependencias del operador logístico del Ministerio de Salud. El costo fiscal de esas dosis no utilizadas asciende a $3.640.544.800, monto por el cual el organismo contralor formuló un reparo —el mecanismo legal mediante el cual persigue responsabilidades por perjuicios al patrimonio público.
Un hallazgo que va más allá de la pérdida de dosis
Contraloría concluyó que no se acreditó que el Ministerio de Salud hubiera agotado todos los mecanismos disponibles para dar uso a esas vacunas antes de que vencieran, lo que fundamentó la formulación del reparo. Pero el hallazgo más inquietante del informe es otro. La fiscalización detectó 208 registros a nivel nacional en los que la fecha de vacunación es posterior a la fecha de fallecimiento de la persona cuyo RUN aparece asociado al trámite, con diferencias que en algunos casos llegan hasta 61 años entre ambas fechas.
Del total de esos 208 casos, en 58 los datos coinciden completamente con los registros de defunción, mientras que en los 150 restantes solo coincide el número de RUN, lo que podría explicarse por errores de digitación. Contraloría pidió al Minsal aclarar formalmente estas situaciones, dada la gravedad que implicaría confirmar que se registraron inoculaciones inexistentes o mal atribuidas dentro de un sistema de salud pública.
Un sistema sin trazabilidad clara
El informe también identificó brechas relevantes entre las vacunas compradas, las distribuidas y las efectivamente registradas. Se detectaron 2.906.653 dosis cuyo destino final no pudo establecerse con certeza dentro del sistema. Contraloría acogió parcialmente las explicaciones entregadas por la autoridad sanitaria respecto de este universo específico, señalando que ese análisis por sí solo no permite establecer un daño concreto al patrimonio público en ese caso puntual, aunque mantuvo la observación por falta de antecedentes suficientes para garantizar el control y la trazabilidad de las vacunas.
Como resultado, el organismo contralor ordenó a la Subsecretaría de Salud Pública entregar registros actualizados de las dosis recibidas, administradas, con mermas y sometidas a distribución inversa, además de implementar mecanismos que permitan que el Registro Nacional de Inmunizaciones (RNI) y el sistema de control interno (SCI) funcionen de manera coordinada, algo que hasta ahora no estaría garantizado.
La gestión bajo la lupa
El informe pone el foco directamente en la administración sanitaria del gobierno anterior. La cartera de Salud fue liderada durante ese período por la ministra Ximena Aguilera, mientras que la gestión operativa de las campañas de vacunación estuvo a cargo de la entonces subsecretaria de Salud Pública, Andrea Albagli. Cabe recordar que la meta oficial que el propio Ministerio de Salud se había fijado para 2024 era alcanzar una cobertura de 85% de la población objetivo, tanto a nivel nacional como en cada uno de los grupos prioritarios, una meta que el nivel de descontrol revelado por Contraloría pone en entredicho.
No es la primera vez
Este no es un hecho aislado dentro de la misma gestión. Un informe anterior de Contraloría, el Informe Final N° 355/2024, ya había detectado un patrón muy similar respecto de los años 2022 y 2023. Más de 18.000 registros asociados a vacunas vencidas, dosis administradas a personas fallecidas, y la pérdida de más de tres millones de vacunas durante ese período, también bajo la gestión de la subsecretaria Albagli. La repetición del mismo tipo de irregularidades —pérdida masiva de dosis y registros de vacunación a personas ya fallecidas— en dos informes de Contraloría distintos, correspondientes a años consecutivos, refuerza la idea de que no se trató de un error puntual, sino de una falla estructural y sostenida en el control del programa de inmunización durante ese período.
El contexto: una auditoría más amplia a la era Boric
Este hallazgo específico en materia de vacunas se suma a un proceso de revisión mucho más extenso que el actual Gobierno ya había dado a conocer en mayo de este año, cuando informó haber detectado alertas de riesgo fiscal por más de US$9.200 millones correspondientes a distintas reparticiones públicas durante la administración de Gabriel Boric, tras analizar más de 913 millones de datos entre 2022 y 2026. Ese proceso, que incluyó pagos postergados por US$3.200 millones y compras ágiles por otros US$3.170 millones, llevó a abrir investigaciones formales en Junaeb, el Ministerio de la Mujer, el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, y la ANID, además de cuestionamientos específicos por uso de trato directo en entidades como Cenabast, el Registro Civil y el Servicio de Salud Sur.
