El Ministerio del Medio Ambiente inició un procedimiento para invalidar el cierre de una consulta indígena que costó $1.200 millones y que resultó clave para la implementación del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP), luego de constatar que la administración de la exministra Maisa Rojas, durante el gobierno de Gabriel Boric, extravió el listado original de firmas que respaldaba el acuerdo alcanzado con los pueblos indígenas.
Un proceso de meses que terminó sin respaldo
La consulta se había iniciado el 20 de noviembre de 2025, con la convocatoria de la propia ministra Rojas a representantes de pueblos y comunidades indígenas para dialogar sobre los reglamentos que regularían la creación, modificación y desafectación de áreas protegidas en el país, en el marco de la llamada «Ley para la Naturaleza». El proceso contempló cerca de 100 encuentros en todas las regiones del país, y culminó con un Diálogo Nacional realizado en diciembre de 2025, que reunió a representantes de once pueblos indígenas, desde Arica hasta Punta Arenas, para abordar 15 temas centrales, cuyos acuerdos y desacuerdos debían quedar registrados en una Acta de Acuerdos y Desacuerdos.
Según la defensa que se ha hecho públicamente del proceso, la instancia había logrado un 90,7% de acuerdos entre el ministerio y los pueblos convocados, un resultado que sus defensores consideran un éxito del diálogo. Sin embargo, ese resultado quedó comprometido por un hecho posterior de extrema gravedad administrativa. En la madrugada del 21 de diciembre de 2025, se extravió el listado original de firmas de los representantes indígenas que habían suscrito el acta final, documento que nunca fue incorporado al expediente oficial del proceso.
Un intento fallido de arreglarlo antes de dejar el cargo
Lo más llamativo es que la propia administración saliente intentó resolver el problema internamente, sin informarlo públicamente. Según el documento gubernamental que reconstruyó los hechos, «ante la falta de las firmas, la cartera implementó un procedimiento desformalizado de reconstitución. Se instruyó a los Seremis de cada región del país contactar a los representantes que asistieron al diálogo nacional y solicitarles firmar nuevamente el acta». El intento, sin embargo, no logró reconstituir todas las firmas, debido a que no todos los representantes de las comunidades estuvieron dispuestos a firmar nuevamente. El cierre de la consulta, pese a este vicio, no fue notificado por la administración de Rojas.
El destape bajo la nueva administración
Fue la actual administración del Ministerio del Medio Ambiente, ya bajo el gobierno de José Antonio Kast y con Francisca Toledo al mando de la cartera, la que detectó el problema al revisar los antecedentes del proceso, constatando que este «presentó deficiencias en el resguardo y trazabilidad de la documentación oficial», dejando «sin respaldo validatorio a un antecedente esencial del proceso». Como consecuencia, el 27 de julio de este año el ministerio inició de oficio, a través de la Resolución Exenta N° 04158, un procedimiento para invalidar tanto el Acta de Acuerdos y Desacuerdos como la resolución que declaró el cierre de la consulta.
Medios que han hecho la cobertura del caso trataron de contactar a la exministra Maisa Rojas para conocer su versión de los hechos, pero no obtuvieron respuesta.
Las consecuencias prácticas
La invalidación no es un trámite menor. La realización exitosa del Diálogo Nacional es un requisito indispensable para poder dictar los tres reglamentos que dan vida operativa al SBAP —el del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, el de Concesiones y Permisos, y el de Sitios Prioritarios—, normativas que, según los plazos originales, debieron estar publicadas desde septiembre de 2025. Con este nuevo problema, su tramitación se retrasa aún más, en un contexto en que el propio traspaso de las áreas silvestres protegidas desde la Corporación Nacional Forestal (Conaf) hacia el nuevo SBAP ya había sido postergado desde agosto de 2026 hasta marzo de 2027.
A esto se suma otro antecedente de gestión financiera cuestionable. Durante este año, la cartera de Medio Ambiente tuvo que pagar facturas correspondientes a 2025, por un monto superior a los $300 millones, que fueron traspasadas como deuda desde la administración anterior.
Una defensa que también existe
Es importante señalar que el episodio ha generado también defensas públicas del proceso original, publicadas en medios como Le Monde Diplomatique (edición chilena). Esa línea argumental sostiene que la invalidación resulta «desproporcionada», que el único vicio real es la pérdida de un listado de firmas, y que un proceso con un 90,7% de acuerdos entre el Estado y los pueblos indígenas convocados no debería quedar en entredicho por un problema de custodia documental. Otros análisis críticos de esa misma postura han replicado que precisamente ese antecedente de custodia documental —la pérdida de un respaldo esencial para acreditar la legitimidad de un cierre administrativo— es lo que la defensa del proceso «prefiere no contar».
El costo del proceso
Del total de $1.200 millones que costó la consulta indígena completa, más de $230 millones se destinaron específicamente a la organización del diálogo nacional final, la misma instancia cuya acta terminó sin el respaldo de firmas necesario para acreditar su legitimidad ante un eventual cuestionamiento judicial o administrativo, como finalmente ocurrió.
