Se cumplen hoy cuatro años de una de las fechas más determinantes de la historia política reciente de Chile. El 4 de septiembre de 2022, día en que casi 7,8 millones de chilenos, el 61,89% del país, rechazaron con contundencia la propuesta de nueva Constitución redactada por la Convención Constitucional, en el plebiscito con mayor participación electoral de la historia nacional.
Un texto que la ciudadanía consideró un salto al vacío
El proyecto que la ciudadanía rechazó ese día no era una reforma moderada. Contemplaba la eliminación del Senado para reemplazarlo por una Cámara de las Regiones con atribuciones acotadas, establecía un Estado plurinacional con sistemas de justicia indígena que operarían junto al sistema judicial ordinario, y consagraba una serie de derechos sociales redactados de manera tan amplia que generaron incertidumbre jurídica sobre materias tan sensibles como la propiedad privada y el acceso a la vivienda. Una columna de opinión publicada esta semana en BioBioChile resume el diagnóstico que compartió la mayoría del país: el texto «creaba justicias diferenciadas, rompiendo con la igualdad ante la ley; debilitaba la institucionalidad y el sistema político; generaba incertidumbre en la propiedad privada y la vivienda; y, además, fue redactado con un evidente maximalismo y una constante exclusión de todos quienes se apartaban de la línea oficial de pensamiento».
Ese diagnóstico no fue exclusivo de la derecha. Uno de los elementos que explica la contundencia del 62% es que la opción Rechazo logró articular una coalición que iba mucho más allá de un solo sector político. Figuras identificadas históricamente con la centroizquierda, como el entonces senador Fuad Chahin (DC) y Felipe Harboe (PPD), se sumaron activamente a la campaña, al igual que la propia exsenadora Ximena Rincón, hoy ministra de Energía del Gobierno de José Antonio Kast. El resultado del plebiscito no fue, en ese sentido, el triunfo de un bloque ideológico único, sino de una amplísima mayoría transversal que decidió no arriesgar la estabilidad institucional del país en un proceso que, según sus críticos, se había redactado pensando en imponer una visión de sociedad a la mitad del país que no se sentía representada por ella.
Cómo se conmemora hoy la fecha
La derecha chilena ha dedicado buena parte de esta semana a conmemorar el aniversario. Renovación Nacional realizó el martes una ceremonia en su sede nacional, encabezada por su presidenta, la senadora Andrea Balladares, quien sostuvo que «recordar este Rechazo, que logró unir a Chile, también es recordar aquello que nos mueve». El exconvencional Ruggero Cozzi fue más allá, calificando la fecha como un hito «donde tenemos que recordar el valor de la democracia, la libertad y la unidad de Chile», subrayando que se trató de un triunfo que trascendió a un solo sector político.
Este viernes, el presidente de la Cámara de Diputados, Jorge Alessandri (UDI), organizó además una comida de camaradería que reunirá a 31 exconvencionales constituyentes que representaron al Rechazo dentro de la propia Convención —donde fueron una minoría de apenas 39 escaños de 155—, junto a dos ministros en ejercicio del actual Gobierno: Martín Arrau (Seguridad Pública) y la propia Ximena Rincón (Energía). También se espera la asistencia de la presidenta del Senado, Paulina Núñez, y del presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, entre otros dirigentes oficialistas.
El debate que sigue vivo cuatro años después
El aniversario también reabrió el debate dentro de la propia izquierda que impulsó la propuesta original. La exministra Adriana Delpiano generó revuelo esta semana al reconocer públicamente, consultada en CNN Chile, que hoy no volvería a votar Apruebo: «No, creo que no, viendo lo que pasó, viendo el efecto que tuvo y después vino esta última que también se rechazó». El diputado PPD Carlos Cuadrado calificó esa autocrítica como «el valor incómodo de la honestidad tardía», señalando que, aunque extemporánea, no la vuelve menos cierta.
La propia expresidenta de la Convención, Elisa Loncon, hizo también su balance esta semana: «Una constitución no puede representar solamente la mitad de un país. Una constitución tiene que representar la mayoría de los ciudadanos, y eso yo creo que fue muy claro con el rechazo de las dos propuestas», declaró a T13, en referencia tanto al plebiscito de 2022 como al de diciembre de 2023, cuando la ciudadanía rechazó también la segunda propuesta, esta vez redactada por un Consejo Constitucional de mayoría conservadora.
Lo que el Frente Amplio sigue defendiendo
Es justo señalar que no todo el espectro político comparte esta lectura del 4 de septiembre como una fecha exclusivamente positiva. Dentro del Frente Amplio, el diputado Jaime Bassa —uno de los rostros más visibles del proceso constituyente— sostuvo esta semana que, «mirando en perspectiva el proceso constitucional, y especialmente frente al escenario político que estamos viviendo hoy, creo que muchas de las discusiones que abrió la Convención siguen plenamente vigentes». Desde ese sector se insiste en que, más allá del resultado adverso, el proceso permitió instalar debates sobre derechos sociales, género y descentralización que consideran necesarios para el país, y que la derrota debe leerse como un problema de comunicación y de exceso de ambición del texto, más que como un rechazo de fondo a esos contenidos. La propia Loncon matizó que el proceso «no fue inútil, porque después de ese tiempo hay muchas lecciones que aprender», y apuntó a la desinformación y a la falta de trabajo territorial como factores explicativos de la derrota, más que a un rechazo genuino de las ideas de fondo.
Un país que decidió no partir de cero
Más allá de las distintas lecturas, el consenso más amplio que ha ido asentándose en estos cuatro años —incluso entre voces que en su momento apoyaron el Apruebo— es que Chile optó, el 4 de septiembre de 2022, por no arriesgar su estabilidad institucional en un texto que dividía profundamente al país, y que esa decisión permitió reconstruir un camino político sobre bases distintas, camino que hoy conduce a Chile a definir sus próximos pasos institucionales bajo reglas de mayor consenso que las que ofrecía la propuesta original de la Convención.
