La Cámara de Diputados aprobó este miércoles, en general, el proyecto conocido como Ley Antibarricadas 2.0, con 89 votos a favor, 41 en contra y 3 abstenciones, dando un paso clave para que la iniciativa continúe su tramitación en el Senado como parte de la Agenda Contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT) que impulsa el Gobierno.
Qué cambia con la nueva ley
El proyecto modifica el artículo 268 septies del Código Penal, incorporado en 2020 por la Ley 21.208, la ley antibarricadas original. Esa norma vigente sanciona únicamente a quienes interrumpen completamente la libre circulación en la vía pública mediante violencia, intimidación u obstáculos. La versión 2.0 amplía sustancialmente ese alcance. Ya no será necesario acreditar violencia o intimidación para que la conducta constituya delito, y se sancionará tanto la interrupción total como parcial de la circulación de personas y vehículos.
La norma también incorpora expresamente la afectación al funcionamiento de servicios de transporte público o privado, incluyendo de forma explícita al Metro, considerando como interrupción del tránsito conductas como instalar barreras, ocupar vías de circulación sin permiso, colocar vehículos de por medio, o manipular elementos que afecten el funcionamiento de un servicio de transporte. Las sanciones contemplan penas de presidio menor, además de multas de hasta 20 UTM.
Un respaldo que va más allá del oficialismo
El texto principal del proyecto contó con los votos del oficialismo, el Partido de la Gente (PDG) y la Democracia Cristiana (DC), confirmando que el respaldo a esta herramienta de seguridad trasciende las fronteras de la propia coalición de gobierno. Durante la misma sesión, la Sala también aprobó, por 72 votos a favor, 61 en contra y una abstención, una indicación del diputado socialista Raúl Leiva que establece una excepción explícita: «lo dispuesto en el presente artículo no será aplicable si la persona se encuentra ejerciendo su legítimo derecho a reunión, huelga o manifestación pacífica», indicación que también contó con respaldo de diputados del PDG y del Partido Nacional Libertario. Esta precisión resulta clave para despejar cualquier duda sobre el verdadero objetivo de la norma, que no busca criminalizar la protesta legítima, sino sancionar específicamente las conductas que impiden el libre tránsito de la ciudadanía y el funcionamiento normal de los servicios de transporte.
Un debate con cruces intensos
La sesión estuvo marcada por un fuerte enfrentamiento verbal entre el diputado socialista Marcos Ilabaca, quien cuestionó con dureza el sentido de la normativa, y su par republicano Cristian Araya, quien salió a defenderla de inmediato. Desde el Frente Amplio y el Partido Comunista, en tanto, se optó por dejar una reserva de constitucionalidad, formalizando sus reparos frente a la iniciativa.
La diputada comunista Lorena Pizarro fue la voz más enfática en la oposición al proyecto: «La gente no sale a manifestarse porque le gusta bloquear las calles. El pueblo sale a manifestarse porque no tienen derechos. Y cuando hay regímenes más autoritarios, esa manifestación crece, y ustedes lo saben. Es más, les quiero decir algo, la dictadura se combatió en las calles», sostuvo, adelantando además que, de convertirse en ley, llevará la iniciativa al Tribunal Constitucional o incluso a instancias internacionales. Por su parte, el diputado Gonzalo Winter (FA) criticó que el proyecto «no enfrenta situaciones contra el crimen organizado o el tráfico» de drogas, sugiriendo que la herramienta apuntaría más a manifestantes comunes que a delincuencia de mayor gravedad —una lectura que contrasta directamente con la indicación ya aprobada que protege expresamente la manifestación pacífica.
Un avance en medio de un contexto legislativo desafiante
Esta aprobación llega apenas un día después de que el Gobierno sufriera un revés en el mismo frente de seguridad, cuando el proyecto que buscaba extender el plazo de detención para expulsiones administrativas de migrantes irregulares cayó en la Cámara por un solo voto, como ya reportamos. El avance de la Ley Antibarricadas 2.0 confirma, sin embargo, que la agenda de seguridad del Ejecutivo sigue sumando resultados concretos, con un respaldo que en esta ocasión logró trascender ampliamente al oficialismo.
Lo que viene
Con el proyecto ya despachado hacia el Senado, la Ley Antibarricadas 2.0 deberá superar ahora su segundo trámite constitucional en la Cámara Alta. La norma aún no es ley, y su contenido específico —incluyendo eventuales ajustes al articulado— podrá seguir siendo objeto de discusión durante esa etapa, antes de que el Congreso pueda darla por definitivamente despachada.
