Un estudio de Acción Educar identifica 272.508 beneficiarios de gratuidad que desertaron entre 2016 y 2023, con un costo cercano a $1,6 billones. El informe propone exigir la restitución de recursos si no hay causa justificada.
Un estudio de Acción Educar publicado el 14 de octubre de 2026 identifica 272.508 estudiantes que financiaron al menos un año con gratuidad y desertaron de la educación superior entre 2016 y 2023, con un costo fiscal cercano a $1,6 billones. El informe, elaborado por la investigadora Javiera Pavišić, propone seis cambios a la política, entre ellos exigir la devolución de recursos cuando el abandono no tenga causa justificada.
¿Qué mide el estudio?
El informe se titula “Análisis de la política de gratuidad en educación superior a diez años de su implementación: evolución, déficits financieros y experiencia comparada”. Considera desertores a quienes dejaron de registrar matrícula, no retomaron estudios en otra carrera o institución ni obtuvieron un título. Por eso las cifras corresponden a salidas que pudieron verificarse con posterioridad.
¿Cuántos desertaron y cómo evolucionó?
Según Acción Educar, los desertores pasaron de 3.034 en 2016 a 63.170 en 2023. De ese total, 68.637 habían financiado con gratuidad toda la duración nominal de su carrera y no lograron titularse.
¿Cuánto costó?
El estudio calcula un gasto fiscal cercano a $1,6 billones en trayectorias que no culminaron con un título.
¿Qué dice sobre el financiamiento de las instituciones?
La gratuidad pasó de cubrir al 11,6% de los estudiantes de pregrado en 2016 a cerca del 46,2% en 2025, y el gasto fiscal se cuadruplicó. El informe estima que las instituciones acumularon una brecha de financiamiento de $1,855 billones entre 2016 y 2025. De ese monto, $1,277 billones corresponden a la diferencia entre los aranceles de las instituciones y el financiamiento reconocido, y $27.700 millones a los límites de cobro a estudiantes de los deciles 7, 8 y 9, que no reciben gratuidad. En 2025, la brecha promedio con el arancel real fue de 29,7%, y de 55,2% en las universidades privadas fuera del Cruch. El gasto fiscal del último año analizado fue de unos $2,225 billones.
¿Qué propone?
El centro de estudios plantea seis medidas:
- Restituir recursos en casos de deserción sin causa justificada.
- Liberar el límite de cobro por sobreduración.
- Revisar la metodología de fijación de aranceles regulados.
- Mantener la gratuidad focalizada hasta el sexto decil.
- Liberar el copago para los deciles 7, 8 y 9.
- Reemplazar el FUAS por el Registro Social de Hogares.
El informe agrega que países como Australia e Inglaterra, que tuvieron esquemas similares, los abandonaron por problemas de sostenibilidad y avanzaron hacia créditos contingentes al ingreso.
¿Qué dice la autora?
Pavišić reconoce que la deserción es “multifactorial”, aunque plantea que el diseño de la política también puede influir. Sostiene que, para evaluar la gratuidad, no basta con contar cuántos estudiantes la reciben, sino determinar si generó un aumento adicional en el acceso y mejores resultados de permanencia y titulación, efectos que, a partir de las cifras disponibles, no se observan claramente.
¿Qué viene ahora?
El estudio se publica en medio de la discusión del Presupuesto 2027. Acción Educar propone evaluar el mecanismo de devolución de recursos por abandono sin causa justificada.
