La Crítica a la Integración Masiva de Inmigrantes Ilegales al Sistema Chileno
La propuesta de la candidata presidencial Jeannette Jara de abordar la crisis migratoria mediante el empadronamiento biométrico y una «regularización cautelosa» de cientos de miles de inmigrantes irregulares ha desatado una ola de críticas, principalmente desde la oposición, que acusa a la abanderada de Unidad por Chile de validar el ingreso por la vía ilegal y de sentar un precedente peligroso para el futuro de las políticas de control de fronteras en el país.
La controversia se centra en la gran diferencia entre el discurso de control y expulsión que ha debido adoptar Jara y la realidad que implica integrar una población que, según sus propias cifras, oscila entre las 300.000 y 500.000 personasque evadieron los mecanismos legales de ingreso.
El Efecto Llamada y el «Perdonazo» Encubierto
El principal argumento de los críticos es el llamado «efecto llamada». Si bien Jara se ha esforzado en desmentir que su plan sea un «perdonazo» o una amnistía, la oposición sostiene que cualquier proceso de regularización, incluso uno «cauteloso», es percibido como un incentivo para que más personas ingresen ilegalmente, bajo la expectativa de que, tarde o temprano, Chile terminará por regularizarlos.
- Validación de la Ilegalidad: La regularización a posteriori premia a quienes incumplieron la Ley de Migración y Extranjería, desincentivando el proceso de postulación a visas y otros mecanismos formales. Esto mina la soberanía del Estado para determinar quién ingresa a su territorio.
- La Inevitable Presión Social: La crítica apunta a que la necesidad de «saber quiénes están» (el objetivo del empadronamiento) se convierte rápidamente en una necesidad de integración social. Una vez empadronadas, estas personas comenzarán a exigir el acceso a servicios básicos (salud, educación, vivienda social) para los cuales el Estado chileno no tiene capacidad instalada, ejerciendo una presión crítica sobre los presupuestos fiscales y la infraestructura ya colapsada.
La Falacia del Empadronamiento Biométrico como Solución de Seguridad
Jara defiende el empadronamiento biométrico como una herramienta de seguridad clave para separar a los «trabajadores que aportan» de los criminales y expulsar a estos últimos. No obstante, los opositores argumentan que esta es una solución tardía e incompleta:
- El Crimen Organizado ya está Instalado: Los críticos señalan que el crimen organizado transnacional (como el Tren de Aragua) no esperará un empadronamiento. Los delincuentes más peligrosos operan intencionalmente fuera de cualquier registro, y la criminalidad no se resuelve con un censo, sino con el control efectivo de fronteras.
- Problemas de Expulsión: La propia candidata reconoce la incapacidad de Chile para expulsar a ciudadanos de países con los que no hay relaciones diplomáticas activas (como Venezuela). Por lo tanto, el empadronamiento solo visibiliza el problema sin resolver la parte más importante: la salida efectiva de quienes deben irse, dejando a miles de personas en un limbo legal y de seguridad.
- Riesgo de «Gueto de la Ilegalidad»: La promesa de «regularizar a los que cumplen» deja a un gran remanente de personas sin papeles ni posibilidad de regularización que, al estar identificados pero sin acceso al trabajo formal, podrían ser empujados aún más a la marginalidad y a la economía informal o delictual.
En resumen, los sectores críticos ven en la propuesta de Jara un intento de maquillar una política de «hechos consumados» con herramientas de seguridad, consolidando la presencia de una gran población irregular sin resolver el problema de fondo: la porosidad de las fronteras y el mensaje de que la ruta ilegal sigue siendo funcional para acceder, a largo plazo, al sistema chileno.