$8.252 millones pagados por una clínica que vale cuatro veces menos. Un decreto firmado sin el visto bueno obligatorio de Control Municipal. Un pago realizado sin el decreto que lo autorizaba. Y $2.475 millones de fondos de salud de los vecinos de Santiago bloqueados y sin poder destinarse a atención primaria. El 7° Juzgado de Garantía de Santiago acaba de decir que eso amerita investigación penal. Hassler dice que es «política». Los papeles de Contraloría dicen otra cosa.
Hay una frase que resume perfectamente el caso Sierra Bella. Está en el texto de la querella que el 7° Juzgado de Garantía de Santiago acaba de declarar admisible, y dice así: la Municipalidad de Santiago es hoy propietaria registral de un inmueble que adquirió mediante un proceso declarado ilegal por la Contraloría, de escueto valor comercial comparativo y menor aún utilidad práctica; debe pagar por él una suma que ha crecido a más de $9.300 millones por efecto de intereses; no puede pagar esa suma sin comprometer gravemente su funcionamiento; y tiene bloqueados $2.475 millones de fondos de salud que no puede liberar ni destinar a la atención primaria de los habitantes de la comuna.
$2.475 millones de fondos de salud bloqueados. Fondos que debían ir a hospitales de día, consultas médicas, medicamentos y atención de urgencia para los vecinos más vulnerables de Santiago. Congelados. Sin poder usarse. Por una compra que la Contraloría declaró ilegal.
Eso es lo que dejó Irací Hassler en la Municipalidad de Santiago. Y ayer, por primera vez, la justicia abrió formalmente la puerta para que ella responda.
Lo que declaró el tribunal: la querella es admisible
El Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago declaró admisible la querella criminal interpuesta por la Municipalidad de Santiago en contra de la exalcaldesa y actual diputada, Irací Hassler, y todos aquellos que resulten responsables como autores, cómplices o encubridores de los ilícitos perpetrados en el marco de la fallida adquisición de la exclínica Sierra Bella.
El caso sale del limbo y entra al proceso penal formal. El Ministerio Público recibirá todos los antecedentes y deberá decidir si formaliza a Hassler o no. No es una condena. Pero es la primera vez que un tribunal avala que hay mérito suficiente para que la justicia penal investigue lo que ocurrió en Sierra Bella.
El caso en detalle: ¿qué hizo exactamente Hassler?
Para entender la magnitud del problema, hay que entender qué ocurrió exactamente con la clínica Sierra Bella.
En febrero de 2023, la Municipalidad de Santiago, bajo la conducción de Hassler, adquirió la ex Clínica Sierra Bella con el argumento de instalar la primera clínica municipal de Santiago. El precio pagado fue de $8.252.873.341. El avalúo fiscal del inmueble: aproximadamente $2.000 millones. El municipio pagó cuatro veces el valor real del bien.
Pero el precio no fue la única irregularidad. La querella señala que el decreto de pago N°187 se emitió de forma anticipada y sin un decreto alcaldicio que lo habilitara. En términos simples: se pagó antes de que existiera la autorización para pagar.
Y luego está la irregularidad que la Contraloría calificó con sus palabras más duras: el decreto alcaldicio N°810, que autorizaba la compra por $8.252.873.341, fue firmado por la exalcaldesa omitiendo deliberadamente el visto bueno obligatorio de la Dirección de Control Municipal, un trámite esencial para garantizar el examen previo de legalidad de todo acto administrativo.
No fue un olvido. No fue un error administrativo. La querella usa la palabra «deliberadamente.» Omitió, a propósito, el control que habría detectado que la operación era ilegal antes de que se concretara.
A estas irregularidades se sumaría el otorgamiento de un mandato especial irrevocable en favor del abogado privado de la parte vendedora, redactado en colaboración con ex funcionarios municipales. La parte vendedora tenía a un abogado privado al que el municipio le otorgó poderes irrevocables. Redactado con funcionarios del propio municipio que debían velar por los intereses de los vecinos.
El respaldo de Contraloría: «cadena de actos manifiestamente ilegales»
El argumento más poderoso que tiene la querella no es político. Es técnico. Y lo firmó la Contraloría General de la República.
Entre los antecedentes presentados por el municipio está la resolución exenta N°RE14499/2026 de la Contraloría General de la República, la cual determinó que el proceso de compraventa estuvo marcado por «una cadena de actos manifiestamente ilegales y una vulneración al principio de probidad administrativa.»
«Cadena de actos manifiestamente ilegales.» No es la opinión del alcalde Desbordes. No es la interpretación del Partido Republicano. Es el veredicto del organismo fiscalizador del Estado chileno, con nombre, resolución y número. La Contraloría revisó el expediente completo y concluyó que lo que hizo Hassler en Sierra Bella fue ilegal. No en un paso. En una cadena de pasos.
El costo real que pagan los vecinos de Santiago
El daño tiene cifras concretas que impactan directamente la vida de los vecinos más vulnerables de Santiago.
La querella expone el cuadro con precisión. La Municipalidad de Santiago enfrenta una deuda judicial que ha crecido a más de $9.300.000.000 por efecto de intereses; no puede pagar esa suma sin comprometer gravemente su funcionamiento y su capacidad para atender las necesidades de la comuna; y tiene bloqueados $2.475.862.002 de fondos de salud que no puede liberar ni destinar a la atención primaria de los habitantes de la comuna.
$2.475 millones de fondos de salud. Bloqueados. Por una compra ilegal. Fondos que debían financiar consultas médicas, medicamentos, exámenes preventivos y atención de urgencia en los centros de salud primaria de Santiago. Fondos que la Municipalidad tiene pero no puede usar porque están comprometidos en el pago de una deuda que nunca debió existir.
Para un vecino de la comuna que espera una hora médica en el CESFAM, que necesita un medicamento y no puede pagarlo o que lleva meses esperando un examen de rutina, esos $2.475 millones tienen una cara muy concreta. Y tienen también un nombre: el de quien firmó el decreto sin el visto bueno obligatorio de Control Municipal.
La respuesta de Hassler: «Desbordes inventa denuncias»
La reacción de Irací Hassler ante la resolución del tribunal fue inmediata y siguió el mismo patrón que usa la izquierda chilena ante cualquier cuestionamiento a su gestión: victimizarse y atacar a quien formula la acusación.
«La causa Sierra Bella fue investigada y sobreseída por la justicia. Resulta lamentable que el Alcalde Desbordes intente reinstalar una discusión que ya fue resuelta por la justicia. Lo deseable es que el alcalde de Santiago consiga titulares por su gestión y no por inventar denuncias sobre hechos juzgados», publicó Hassler en sus redes sociales.
El argumento tiene un problema central. La querella que acaba de ser declarada admisible no es la misma causa que fue sobreseída en 2025. Esta nueva querella fue interpuesta por la Municipalidad de Santiago bajo la administración de Mario Desbordes e incorpora como antecedente central la resolución de Contraloría N°RE14499/2026, un documento que no existía en el proceso anterior. Es una acción nueva, con antecedentes nuevos y un querellante diferente: la propia Municipalidad de Santiago, que representa a los vecinos que pagaron el precio de esa compra.
Hassler también acusó que «Desbordes busca utilizar la justicia para generar un punto político sobre hechos ya investigados.»
El 7° Juzgado de Garantía de Santiago evaluó esa afirmación. Y declaró admisible la querella de todas formas.
Lo que viene: el Ministerio Público toma el caso
Con la querella declarada admisible, el expediente pasa ahora al Ministerio Público. La resolución del tribunal establece que los antecedentes deben ser remitidos al Ministerio Público, quien deberá resolver la pertinencia de las diligencias pedidas.
El fiscal que reciba el caso tendrá que evaluar si los antecedentes —la resolución de Contraloría, los decretos irregulares, el mandato irrevocable al abogado vendedor— son suficientes para formalizar a Hassler. Si lo decide así, la diputada enfrentaría cargos penales concretos por fraude al fisco.
La imputada tiene fuero parlamentario como diputada del PC. Eso significa que antes de cualquier formalización, el Ministerio Público deberá solicitar el desafuero ante la Corte de Apelaciones de Santiago. Un paso más en un proceso que acaba de comenzar pero que, por primera vez, tiene respaldo judicial formal para avanzar.
Los $2.475 millones de fondos de salud de los vecinos de Santiago siguen bloqueados. Y la responsable de ese bloqueo acaba de recibir la primera señal de que la justicia está dispuesta a escuchar la historia completa.