Inspirado en la columna «Secreto bancario: defender la privacidad», de Arturo Hasbún, publicada en El Líbero.
Hay proyectos que suenan razonables hasta que alguien explica exactamente qué hacen. El levantamiento administrativo del secreto bancario es uno de ellos. La izquierda lo presentó envuelto en el lenguaje más noble disponible: combatir el narcotráfico, perseguir el crimen organizado, seguir el dinero sucio. ¿Quién podría oponerse a eso?
El problema, como demuestra el abogado Arturo Hasbún en su columna publicada en El Líbero, es que el debate fue tergiversado desde el principio. Y cuando se entiende lo que realmente propone la izquierda, la respuesta cambia radicalmente.
La trampa del relato: el secreto bancario ya puede levantarse
Antes de cualquier análisis político, hay un dato que los medios omitieron sistemáticamente durante la cobertura del debate en el Senado.
En Chile el secreto bancario sí puede levantarse desde 1986. También desde 2009, el Servicio de Impuestos Internos puede pedir judicialmente su alzamiento para fiscalizar obligaciones tributarias. Y entre 2007 y 2025, la Unidad de Análisis Financiero (UAF) solicitó 64 veces a los tribunales levantar el secreto bancario, obteniéndolo en el 100% de los casos.
El secreto bancario no es una muralla infranqueable. Es una puerta que se abre con una llave específica: la autorización de un juez. Y cuando alguien con argumentos válidos pide esa llave, siempre la obtiene. El 100% de las veces.
Entonces, ¿cuál era la urgencia de la izquierda? ¿Por qué tanto empeño en un proyecto que el Senado finalmente rechazó?
La respuesta está en el detalle que ningún vocero del Frente Amplio ni del PC menciona cuando hablan del tema. Lo que querían no era levantar el secreto bancario, querían hacerlo sin pasar por un juez.
Lo que realmente propone el proyecto: el Estado sin contrapeso
La verdadera discusión no es si el secreto bancario puede levantarse, pues ya se puede. La discusión es si, por primera vez, organismos administrativos como el SII o la UAF podrán acceder a información bancaria sin autorización judicial previa.
Aquí está el punto de fondo que el debate público nunca logró instalar con claridad. La diferencia entre el sistema actual y lo que propone la izquierda no es de velocidad ni de eficiencia. Es de control.
Hoy: el organismo del Estado pide autorización → el juez evalúa → si hay mérito, autoriza. El Estado accede.
Con el proyecto rechazado: el organismo del Estado decide que quiere ver → accede directamente → sin que nadie lo evalúe antes.
Cuando un órgano público quiere adoptar medidas especialmente invasivas, como ingresar a una propiedad, interceptar comunicaciones o acceder a información sensible, se exige por regla general autorización judicial. Esta exigencia no es una traba burocrática, es una garantía mínima frente al poder estatal.
Eliminar esa garantía no es modernizar el sistema. Es crear un Estado que puede mirarte las cuentas sin rendir cuentas ante nadie.
Lo que revela una cartola bancaria: más de lo que imaginas
Hasbún hace una observación que vale la pena detenerse a leer. Una cartola bancaria puede revelar mucho más que movimientos de dinero. Los lugares que una persona frecuenta, sus rutinas, los colegios de sus hijos, cuándo está dentro o fuera del país o de su ciudad, el día en que recibe su sueldo o si tiene recursos que puedan convertirla en objeto de robos, extorsiones o secuestros.
No es exageración. Es la realidad del rastro digital que deja cada transacción bancaria en 2026. Quien tiene acceso a tu cartola sabe dónde almuerzas, en qué farmacia te atienden, si tus hijos van a colegio particular o municipal, cuándo viajas y cuándo no estás en tu casa. Sabe qué ganas y en qué gastas. Sabe si tienes deudas. Sabe si tienes ahorros.
Y ese riesgo aumenta con la inteligencia artificial, que permitirá cruzar e interpretar grandes volúmenes de datos con creciente precisión.
Esa información, en manos de un juez que evalúa una causa específica con evidencias concretas, es una herramienta de justicia. En manos de un organismo administrativo que puede acceder sin control previo, es una herramienta de poder.
El antecedente que la izquierda no quiere mencionar: Argentina, Venezuela, Rusia
La periodista Anne Applebaum, ganadora del premio Pulitzer, en su libro «Autocracia S.A.», advierte que regímenes como Rusia, Irán, Venezuela, Zimbabwe y China han usado investigaciones financieras para perseguir a sus opositores, intimidar a partidarios y presionar a sus familias.
No son casos abstractos. En Argentina, durante el gobierno de los Kirchner, la AFIP fue usada sistemáticamente para abrir inspecciones tributarias a empresarios y políticos opositores. En Venezuela, el sistema financiero se convirtió en un instrumento de persecución política contra quienes se atrevían a financiar a la oposición. En Rusia, las investigaciones financieras son el primer paso antes de cualquier acusación política.
El patrón es siempre el mismo: un gobierno que obtiene el poder de revisar cuentas sin control judicial lo usa primero para los casos legítimos que justificaron su aprobación. Y luego, gradualmente, para los que le convienen políticamente.
En Chile, la pregunta es directa: ¿quiénes financian a los partidos de oposición? ¿Quiénes donan a organizaciones de la sociedad civil que critican al gobierno? ¿Quiénes pagan la publicidad de los medios que incomodan al poder? Si un organismo del Estado puede revisar cuentas sin autorización judicial, esas preguntas pueden tener respuesta en cualquier momento.
Por qué la izquierda insiste tanto
Hasbún formula la pregunta que nadie quiere responder directamente: ¿por qué algunos insisten en remover al juez como garantía previa frente a la intrusión del Estado en nuestras cuentas?
La respuesta más honesta tiene que ver con el poder. No con el narcotráfico.
Ningún legislador se ha opuesto a agilizar los tiempos del levantamiento judicial del secreto bancario. Si el problema real fuera la velocidad del proceso, la solución sería crear tribunales especializados con plazos acotados. Reformar el procedimiento judicial para que sea más rápido. Eso resuelve el problema de la agilidad sin eliminar el control.
Pero la izquierda no propuso eso. Propuso eliminar al juez del proceso.
La única razón para insistir en eso no es la eficiencia en la persecución del crimen organizado. Es la acumulación de poder por parte del Ejecutivo sobre la información financiera de todos los ciudadanos.
Lo que el Senado rechazó es exactamente lo correcto
El Senado rechazó la norma que permitía el levantamiento del secreto bancario sin autorización judicial. Fue la decisión correcta.
El gobierno de Kast, a través del ministro Quiroz, fue explícito en su postura: la investigación o apertura de cuentas debe siempre depender del Poder Judicial y no de una decisión administrativa.
No es una postura burocrática. Es la defensa de un principio que cualquier sociedad libre debe proteger. El Estado puede tener mucho poder, pero ese poder debe tener límites. Y uno de esos límites es que antes de entrar a la esfera más íntima de la vida de un ciudadano, alguien imparcial, independiente del gobierno, debe evaluar si esa intrusión está justificada.
Ese alguien se llama juez. Y mientras exista ese control previo, el sistema puede combatir el crimen organizado sin convertirse en una herramienta de control político.
Cuando ese control desaparece, ya no importa cuánto se combate el narcotráfico. Lo que importa es quién decide qué cuentas revisar. Y con qué propósito.
