Pasadas las 21:00 horas de este miércoles, el presidente José Antonio Kast se dirigió al país en una cadena nacional de 17 minutos que combinó un balance de gestión con el anuncio de su próxima gran apuesta legislativa: una agenda de seguridad de 15 proyectos de ley, bautizada como Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT). El mensaje llegó apenas un día después de que el Senado despachara a ley el último artículo pendiente de la megarreforma económica.
El balance que abrió el discurso
Antes de entrar en materia de seguridad, el Mandatario dedicó buena parte de su intervención a reivindicar el despacho de la Ley de Reconstrucción Nacional y Desarrollo Económico y Social, calificándola como «uno de los cuerpos legislativos más importantes que se haya aprobado en los últimos 30 años». Kast vinculó la norma directamente con las familias afectadas por los incendios en Biobío, Ñuble y Valparaíso, y con las más de 900 mil personas que hoy buscan empleo en el país. También destacó el Imacec de junio, que creció 2,4% tras cinco meses consecutivos de caídas, aunque matizó el optimismo con una frase de cautela: «un mes no hace una tendencia». El Presidente cerró este primer bloque con una crítica apuntando a «más de 10 años de estancamiento» y al desborde del gasto estatal.
Los números que justificaron el giro hacia seguridad
Al cambiar el eje de su discurso, Kast fue enfático: «el crecimiento no tiene sentido si una madre no puede caminar tranquila por la calle». Para justificar la nueva ofensiva legislativa, recordó el punto de partida de su gobierno —más de 1.000 homicidios anuales, 218 mil robos violentos solo el año pasado, un aumento de 300% en el contrabando en una década y más de 10 organizaciones de crimen organizado transnacional operando en el país— y contrastó ese diagnóstico con los resultados acumulados a la fecha del 26 de julio. Homicidios a la baja en 18,7% (112 víctimas menos), secuestros confirmados por la PDI con una caída de 45%, más de 7 mil robos violentos menos, ingresos irregulares por fronteras con un descenso de 86,5%, violencia en la Macrozona Sur reducida en 18,8%, e incautación de droga al alza en 60%. «Detrás de cada uno de estos enormes avances en números hay una familia que hoy está más tranquila», sostuvo.
Cuatro verbos para ordenar la nueva agenda
El corazón del anuncio se organizó en torno a cuatro ejes: perseguir, capturar, juzgar y condenar. Bajo «perseguir sin descanso», el Gobierno mantendrá el despliegue policial permanente en los 50 barrios más críticos del país, con copamiento territorial y tecnología, además de ampliar la persecución a la totalidad de las organizaciones criminales, incluyendo líderes, encubridores y testaferros. En «capturar sin excusas» se incluye la ampliación del plazo de flagrancia de 12 a 24 horas, la extensión de la retención migratoria y el refuerzo del control fronterizo con zanjas, drones y monitoreo tecnológico. El eje «juzgar con todo el peso de la ley» busca blindar jurídicamente a Carabineros, la PDI, Gendarmería y las Fuerzas Armadas cuando actúen en legítima defensa, además de tipificar como delito el corte de tránsito con barricadas o vehículos, con penas agravadas para quienes recluten menores en organizaciones criminales. El cuarto eje, «condenar sin beneficios», contempla el envío de una reforma constitucional que consagre la seguridad como un deber explícito del Estado.
Golpear el bolsillo del crimen organizado
Uno de los componentes más novedosos de la ACOT apunta directamente a las finanzas de las bandas criminales. La reforma constitucional que impulsará el Gobierno contempla la creación de una lista oficial de organizaciones criminales y la tipificación de un delito autónomo por el solo hecho de pertenecer a ellas, además de cárceles diferenciadas para condenados por crimen organizado y un nuevo estado de excepción específico para materias de seguridad pública. Una minuta interna del Ejecutivo resume la lógica detrás de esta estrategia: «el que pertenezca a una organización criminal cometerá un delito por ese solo hecho, cumplirá su condena en un régimen más estricto y perderá los bienes que amasó delinquiendo. Al crimen organizado se le gana cortándole el dinero y el territorio».
En esa misma línea, se creará una Agencia de decomiso y destrucción de bienes ilícitos, con facultades para liquidar y destruir activos vinculados al narcotráfico. «Nadie va a seguir paseándose en autos comprados con plata del narco mientras sus vecinos trabajan honradamente para llegar a fin de mes. Los bienes del delito se incautan, se liquidan y se destruyen: el crimen deja de ser un negocio rentable en Chile», señaló Kast.
«Frontera Cero» y el fin del pago y recuperación
En materia de control fronterizo, el Gobierno anunció la política «Frontera Cero», que crea una zona primaria donde Carabineros y la PDI podrán operar sin necesidad de autorización previa de Aduanas, permitiendo el comiso irrevocable y la destrucción de bienes ingresados por pasos no habilitados. Con esto se elimina la práctica que hasta ahora regía en estos casos, conocida como «pagar y recuperar», que permitía a los infractores recuperar sus bienes tras el pago de una multa.
Modernización policial y otros detalles menos visibles
El paquete también incluye reforzamientos institucionales de menor perfil mediático pero de alto impacto operativo. El fortalecimiento de los laboratorios LABOCAR y LACRIM con cadena de custodia definida, la autorización a las policías para destruir in situ cargamentos de droga superiores a 5 kilos bajo control judicial, mejoras salariales para funcionarios de la PDI, y el traspaso de Gendarmería al Ministerio de Seguridad Pública mediante una nueva ley orgánica. Se suma además el cierre inmediato y destrucción de máquinas de azar ilegales, una mejora salarial y gratificación de riesgo de hasta 100% para Carabineros, y ajustes a la regulación de la legítima defensa para personal policial en franco.
El frente migratorio dentro del mismo paquete
La agenda migratoria también quedó integrada en la ACOT. Se ampliará la retención de personas en situación irregular hasta que se concrete su expulsión efectiva, y se tipificará como delito el transporte interno de migrantes irregulares, en un intento por perfeccionar el proceso de expulsión administrativa que el Gobierno ya ha utilizado en sucesivos vuelos de deportación durante este año.
El cierre del discurso
Kast terminó su intervención con una promesa directa hacia la ciudadanía: «vamos a perseguir, capturar, juzgar y condenar a todos los que buscan destruir nuestra sociedad. Seremos implacables. No habrá excusas ni treguas». El Mandatario también hizo un llamado a la oposición para sumarse a la meta de crecimiento y empleo del país, dirigiéndose especialmente a quienes, en sus palabras, «siguen reivindicando políticas que fracasaron generando más pobreza y vulnerabilidad».
El terreno que le espera al proyecto
Con la agenda ya presentada, el debate legislativo sobre estas 15 iniciativas comienza formalmente desde este jueves en el Congreso. El Gobierno ya tramita con urgencia una decena de estas propuestas, incluyendo el Reglamento de Uso de la Fuerza (RUF), que eleva a rango legal las normas de actuación policial con presunción de legalidad. El desafío para el Ejecutivo será replicar, en esta nueva batalla legislativa, el mismo nivel de negociación y respaldo transversal que le permitió sacar adelante la megarreforma económica en su primer semestre de gobierno.
