El miércoles 15 de julio, en la sesión más larga del Senado en años, los parlamentarios aprobaron entre otras normas un artículo que millones de chilenos mayores de 65 años estaban esperando desde hace mucho tiempo: la exención del pago de contribuciones de bienes raíces. La medida, incluida por el gobierno de Kast en la Ley de Reconstrucción Nacional, responde a una realidad que cualquier adulto mayor con casa propia conoce de memoria: el impuesto territorial subió 73% en cinco años, mientras las pensiones y los ingresos de las personas mayores no siguieron ese mismo ritmo.
Para entender por qué esta exención importa tanto, hay que entender primero cómo llegamos aquí.
El impuesto que subió más rápido que los sueldos
En 2019, los ingresos por contribuciones de bienes raíces a nivel nacional rondaban los $2 billones. En 2024, la Tesorería General de la República confirmó una recaudación de más de $2,5 billones — un aumento del 10,9% solo en ese año, y un alza acumulada del 73% desde 2019, por encima de la inflación del período. El Diario Financiero documentó el efecto práctico: en una década, las contribuciones pasaron de representar el 0,7% del ingreso familiar promedio chileno al 2%. Es decir, el impuesto territorial triplicó su peso relativo en el presupuesto de los hogares.
Los motivos tienen un nombre técnico que muchos chilenos aprendieron a la fuerza: el reavalúo. Cada cuatro años, el Servicio de Impuestos Internos actualiza el valor fiscal de las propiedades según los precios del mercado inmobiliario. En el reavalúo de 2022 — el más reciente para bienes no agrícolas — el alza fue tan brutal que el Ejecutivo tuvo que intervenir por ley para acotar el impacto: aun así, las contribuciones subieron 25% en el primer semestre de aplicación y 10% en cada uno de los siete semestres siguientes, sumando ocho semestres consecutivos de alzas que terminaron en 2025. En enero de 2026 entró en vigencia un nuevo avalúo — y el siguiente reavalúo general ya está programado para este año, lo que anticipa una nueva ronda de aumentos.
El mecanismo es automático y no requiere ninguna decisión política: el SII actualiza los valores, aplica los reajustes por IPC y el contribuyente simplemente recibe un cobro más alto. No importa si su sueldo subió, si su pensión alcanzó el incremento o si el barrio donde vive efectivamente mejoró sus servicios. El impuesto sube igual.
Los números de Pablo: los Ingresos Propios Permanentes de los municipios
Los datos de los Ingresos Propios Permanentes municipales —que incluyen contribuciones, patentes, permisos y otros cobros— son igualmente reveladores. En 2019 esa cifra a nivel agregado rondaba los $1,997 billones. En 2023 había escalado a $2,869 billones — un aumento de 43,6% en cuatro años, que en gran parte fue absorbido directamente desde los bolsillos de los propietarios chilenos. Para 2024, con otro reavalúo aplicado, la recaudación siguió en alza: fue el cuarto año consecutivo de crecimiento real en la recaudación por impuesto territorial.
El dinero llega a los municipios por una vía doble: el 40% de lo recaudado queda directamente en la municipalidad donde está la propiedad — 35% en el caso de las grandes comunas como Santiago, Providencia, Las Condes y Vitacura — y el 60% restante va al Fondo Común Municipal, que lo redistribuye entre las 345 municipalidades del país. En 2024, las contribuciones financiaron el 61% de ese fondo.
¿En qué se gastó ese dinero?
La pregunta natural que sigue a esas cifras es qué hicieron los municipios con esa avalancha de recursos. La respuesta es compleja, pero un dato tiene fuerza propia: entre 2022 y 2024, el sector municipal fue el que más creció en número de funcionarios dentro del Estado chileno. Según datos del Sistema Nacional de Información Municipal publicados por la organización Horizontal Chile, las municipalidades chilenas sumaron miles de nuevos contratados durante el período — impulsadas en parte por el aumento de recursos disponibles y en parte por decisiones políticas de las administraciones locales que multiplicaron contratas y honorarios. El gasto en personal municipal creció de manera consistente por encima del crecimiento de los servicios entregados a la ciudadanía.
En el otro extremo del sistema, las comunas que más aportaron al FCM en 2024 fueron Las Condes, Lo Barnechea, Santiago, Vitacura y Providencia. Y las que más recibieron del fondo redistributivo fueron Puente Alto, Maipú, La Florida, Valparaíso y Temuco. Es decir, el contribuyente de clase media que tiene su casa en una comuna de clase media pagó un impuesto que creció 73% en cinco años para financiar tanto los servicios de su propia municipalidad como la redistribución hacia otras comunas.
Por qué la exención para los mayores de 65 era urgente
Todo ese contexto hace entender por qué la medida aprobada esta semana tiene un peso que va más allá de lo simbólico. Un adulto mayor que compró su casa hace 30 años, que la pagó con el fruto de su trabajo y que hoy vive con una pensión que no supera los $500.000 mensuales, enfrenta una contribución que en el último reavalúo pudo triplicarse respecto a lo que pagaba hace una década. No puede vender la casa porque es su único activo y su hogar. No puede dejar de pagar porque acumula deuda con Tesorería. Y no tiene capacidad de reclamar el reavalúo porque el proceso administrativo es complejo y muchos no saben cómo hacerlo.
La exención aprobada en la Ley de Reconstrucción Nacional rompe ese círculo para todos los propietarios mayores de 65 años. No requieren demostrar vulnerabilidad ni pasar por un trámite engorroso: el solo cumplimiento de la edad y la condición de propietario les da derecho a no pagar contribuciones. Es una medida de justicia tributaria que el gobierno de Kast puso en el corazón de su reforma económica — y que el Senado aprobó esta semana con 26 votos.
Lo que viene en 2026: el próximo reavalúo
La historia de las contribuciones no termina con la aprobación de la exención. El reavalúo general de bienes raíces no agrícolas programado para 2026 podría generar una nueva ronda de alzas para quienes no están exentos. El gobierno de Kast tendrá que decidir, igual que lo hicieron Piñera y Boric antes que él, si aplica mecanismos de amortiguamiento para evitar que el impacto sea demasiado brusco. La OCDE, en su informe económico de 2025 sobre Chile, señaló que el país todavía está por debajo del promedio de la organización en recaudación por impuesto a la propiedad — e insinuó que «podría haber margen para aumentar» ese tributo.
Para el adulto mayor que esta semana por fin quedará exento de ese impuesto, ese «margen» de la OCDE era, hasta el miércoles pasado, una factura que llegaba cada tres meses.
