Doce años de espera y un round extra en tribunales
Lo que durante más de una década pareció un proyecto empantanado para siempre en la burocracia ambiental chilena, esta semana dio un paso que lo acerca definitivamente a la construcción. El Comité de Ministros —instancia que evalúa reclamaciones y destrabes de inversión en el marco del Sistema de Evaluación Ambiental (SEA)— confirmó este lunes 27 de julio la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) del proyecto Terminal Cerros de Valparaíso (TCVAL), despejando una inversión de US$380 millones que sumará 300 mil TEUs de capacidad al recinto portuario.
La historia del proyecto no ha sido lineal. Impulsado por la Empresa Portuaria Valparaíso (EPV) desde 2019, tras una fuerte oposición de organizaciones vecinales y del ex alcalde de Valparaíso, Jorge Sharp, en mayo de 2022 el Segundo Tribunal Ambiental ordenó anular parcialmente y retrotraer la evaluación ambiental de la iniciativa, obligando a EPV a rehacer parte del proceso. Recién en marzo de este año, la Comisión de Evaluación Ambiental (Coeva) de la región de Valparaíso aprobó por unanimidad el proyecto, tras reevaluar los componentes asociados al paisaje y al medio humano.
Qué contempla la primera etapa
El proyecto TCVAL, en su primera fase, consiste en la construcción y operación de un nuevo terminal de contenedores, formado por un muelle de 430 metros de longitud, que aumentará la cantidad de sitios de atraque y ampliará la capacidad de transferencia de carga del puerto. Según cifras entregadas en marzo por Coeva, la inversión de esta etapa bordea los US$900 millones, aunque el hito de esta semana —la ratificación del Comité de Ministros— se refiere específicamente al destrabe que permite avanzar con la construcción, cifrado por Diario Financiero en US$380 millones y 300 mil TEUs adicionales de capacidad.
Una vez que comiencen las obras, el plazo de construcción de esta primera etapa se estima entre 4 y 5 años.
La segunda fase, todavía por venir
El proyecto no termina ahí. Una segunda etapa, que EPV prevé ingresar al sistema de evaluación ambiental durante el segundo semestre de este año, contempla un muelle preferente para cruceros, la extensión de los sitios 1, 2 y 3 en 122 metros, y la renovación del sector San Mateo, que incluirá una explanada de acopio de contenedores y un balneario con equipamiento de alto estándar, con una playa de mayores dimensiones y un paseo costero. En conjunto, ambas etapas del proyecto portuario podrían acercarse a los US$900 millones adicionales en inversión, según estimaciones conocidas al momento de la aprobación ambiental de marzo.
Un mecanismo que ya acumula US$11.300 millones destrabados
Lo relevante del anuncio de esta semana no es solo el proyecto portuario en sí, sino el mecanismo detrás. El lunes 27 de julio se realizó la novena reunión del Comité de Ministros desde que José Antonio Kast llegó a La Moneda, una serie de sesiones que buscan destrabar inversiones y recursos pendientes que han quedado entrampados por reclamaciones en el SEA. La instancia es encabezada por la ministra de Medio Ambiente, Francisca Toledo, y reúne además a los titulares de Salud, Economía, Energía, Minería y Agricultura.
Ese mismo lunes, junto con el proyecto portuario, el Comité también destrabó un segundo proyecto: el sistema de transmisión zonal «Grupo 3» de la subestación Itahue-Hualqui, del sector energético. Entre ambos proyectos, la sesión de este lunes suma cerca de US$824 millones de inversión, formando parte del noveno paquete de inversiones ratificado durante la administración de Kast. Con este resultado, el Consejo de Ministros ya ha destrabado inversiones por un total de US$11.300 millones desde que asumió el actual Gobierno, en el marco de su compromiso de acotar los tiempos de tramitación ambiental y agilizar la llegada de proyectos productivos.
Lo que dicen los antecedentes previos
La demora del proyecto portuario no es un caso aislado. Se enmarca en un patrón más amplio de proyectos de inversión que quedan años detenidos en tribunales o en procesos de reclamación ambiental —el mismo fenómeno que esta semana fue el eje de la columna de opinión «El rescate que pagamos todos», que documentó que actualmente hay más de cincuenta proyectos por unos US$10.000 millones congelados en tribunales ambientales, con sentencias que demoran en promedio 568 días. El destrabe del puerto de Valparaíso ofrece, en ese sentido, un contraste directo: un proyecto que estuvo prácticamente inmóvil durante más de una década y que, tras el cambio de administración, avanzó desde la aprobación ambiental (marzo) hasta la confirmación final de inversión (julio) en apenas cuatro meses.
Lo que viene
Con la RCA ratificada, el foco pasa ahora al inicio efectivo de las obras de la primera etapa, mientras EPV prepara el ingreso de la segunda fase al sistema de evaluación ambiental en el segundo semestre. Para Valparaíso, el proyecto representa, en el papel, la posibilidad de duplicar su capacidad de transferencia de carga y consolidarse frente a la competencia de otros puertos de la región, incluyendo San Antonio, que esa misma semana sorprendió al mercado al dejar sin efecto la licitación de su propio Puerto Exterior para rediseñar la estrategia de ejecución de esas obras.
