Un megaoperativo que ya suma 74 detenidos
La Operación «Imperio de Ámsterdam» —la investigación que indaga una presunta red de tráfico de drogas que habría utilizado dispensarios de cannabis medicinal como fachada para comercializar marihuana con niveles de THC superiores a los permitidos por la ley— sumó esta semana un nuevo capítulo de alto perfil mediático. La detención del exchico reality Camilo Huerta, quien se convirtió en el imputado número 74 de la causa, fue liderada por la Fiscalía Regional de Aysén con antecedentes recopilados por el OS-7 de Carabineros desde 2024.
Las escuchas que sorprendieron: dos diputadas mencionadas
Más allá del rol específico de Huerta en la organización, uno de los antecedentes que generó mayor sorpresa fue revelado por CHV Noticias. Entre las escuchas telefónicas que analizan la Fiscalía y el OS-7, existen conversaciones en las que la cúpula de la organización discute gestiones de carácter político, mencionando directamente a dos parlamentarias en ejercicio: las diputadas Marisela Santibáñez y Ana María Gazmuri.
El contexto de la conversación
Según el material dado a conocer, las menciones se produjeron en el marco de una conversación en la que integrantes de la organización abordaban el problema generado tras el rechazo del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) a reponer el stock de marihuana medicinal de una plantación que mantenían en un terreno. Es en ese contexto —la búsqueda de una eventual gestión o intermediación política frente a un organismo público— donde los nombres de ambas diputadas aparecen citados por los propios integrantes de la red investigada.
Quiénes son las diputadas mencionadas
Ana María Gazmuri es diputada por el Partido Acción Humanista, representante del Distrito N°12 de la Región Metropolitana, y una figura pública especialmente vinculada al debate sobre el cannabis medicinal. Es fundadora y directora ejecutiva de la Fundación Daya, organización que desde hace años promueve el uso medicinal de esta sustancia en Chile. Marisela Santibáñez, en tanto, es diputada por el Distrito N°14, con una trayectoria política que incluyó su militancia en el Partido Comunista entre 2019 y comienzos de 2024, año en que renunció a esa colectividad por diferencias con integrantes de su propio comité.
La negación categórica de ambas parlamentarias
Consultadas por la prensa, ambas diputadas fueron enfáticas en desmentir cualquier tipo de vínculo con las personas mencionadas en las escuchas. Gazmuri fue la más explícita en su respuesta: «no conozco a ninguna de estas dos personas y nunca han tomado contacto conmigo. No lo conozco, ni a él ni a la otra persona que sale nombrada. Nunca he tenido comunicación», declaró a La Cuarta, refiriéndose tanto a Camilo Huerta como a otra persona mencionada en el material. Santibáñez, por su parte, optó por no profundizar en el tema, señalando que no conoce a ninguna de las personas nombradas en las interceptaciones telefónicas.
Frases que llamaron la atención en la prensa
Parte de la cobertura de este episodio se ha centrado en algunas de las frases textuales que los propios integrantes de la organización habrían utilizado al referirse a las diputadas dentro de sus conversaciones, incluyendo expresiones como «a ella llegamos por el más idiota de todos, por Camilo Huerta» y «no nos quiere tanto», registradas en distintos medios como parte del material que maneja la investigación. Hasta el momento, no se ha establecido —ni la Fiscalía ha planteado— que exista algún tipo de responsabilidad penal de las parlamentarias mencionadas; las escuchas dan cuenta de que su nombre fue parte de las conversaciones internas de la organización, no de un contacto efectivo confirmado.
El caso central: Camilo Huerta y los $51 millones
En paralelo, la investigación contra el propio Camilo Huerta ha sumado antecedentes financieros relevantes. Según un informe del OS-7, una sociedad vinculada al exchico reality, Grünwald SpA, recibió $51.266.785 desde una cuenta corriente de DN Medcorp SpA, empresa propietaria de la franquicia «Dispensario Nacional», monto que los investigadores relacionan con las presuntas actividades de tráfico de la organización. A esto se suman diversas escuchas telefónicas en las que Huerta conversa con Andrés Astorga —señalado como uno de los presuntos cabecillas de la red— sobre pedidos y disponibilidad de distintas variedades de cannabis para el dispensario que administraba en la comuna de Chicureo, además de conversaciones sobre cómo enfrentar eventuales fiscalizaciones de Carabineros ante la falta de patente comercial del local.
Lo que viene
Con Camilo Huerta ya formalizado y la investigación aún en desarrollo, el foco de las próximas semanas estará puesto en determinar si existió algún tipo de gestión política efectiva vinculada al problema del SAG mencionado en las escuchas, o si las menciones a ambas diputadas corresponden únicamente a comentarios internos de la organización sin un contacto real, tal como ambas parlamentarias han sostenido públicamente. Publinoticias seguirá de cerca si la Fiscalía amplía la investigación en esa dirección específica.
