La Fiscalía Centro Norte confirmó que mantiene «vigente» y «en desarrollo» una investigación por posibles delitos de violación y trata de personas, originada en una denuncia presentada en 2022 contra integrantes de los Grupos de Acción Popular (GAP), una organización de ultraizquierda que en las últimas semanas volvió a llamar la atención por su actividad de reclutamiento en liceos emblemáticos de Santiago.
El origen de la denuncia
La causa se remonta a una denuncia pública realizada en 2022 por una mujer que utilizó el seudónimo «Javiera Sarraz» para relatar su historia en entrevistas con los medios argentinos Infobae y Página/12, y a través de su cuenta de Instagram. Según su propio testimonio, comenzó a colaborar con actividades vinculadas al GAP cuando tenía 15 años, participando inicialmente como voluntaria en un taller para niños de una población de Santiago, donde repartía desayunos y enseñaba música. Con el tiempo, según relató, dos integrantes de la organización —a quienes identificó públicamente por su nombre— la habrían apartado progresivamente de sus redes familiares y sociales.
La denunciante sostuvo que, entre 2014 y 2017, fue obligada a prostituirse en distintas ciudades chilenas bajo la amenaza de sufrir daño ella y sus seres queridos, con el argumento de que ese dinero era necesario para financiar a la organización. También denunció haber sido víctima de violación por parte de uno de los señalados. Es importante precisar que las fuentes consultadas no permiten establecer con exactitud su edad durante ese período específico de explotación, más allá de confirmar que la captación ideológica ocurrió cuando aún era menor de edad y cursaba enseñanza media.
Una posible red binacional
La denuncia derivó también en una investigación paralela en Argentina. La Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX) de ese país citó a declarar a la propia denunciante, luego de que trascendiera que los señalados habrían intentado captar a mujeres en universidades públicas argentinas para trasladarlas a Chile con fines de explotación sexual. Según los antecedentes de la época, existiría al menos otra denunciante en ese país, lo que llevó a las autoridades argentinas a coordinar una investigación conjunta con la PDI chilena.
Fuentes de El Líbero indicaron haber encontrado registros académicos coincidentes con la identidad de uno de los señalados en distintas universidades públicas argentinas, pero fueron explícitos en señalar que ese antecedente no acredita por sí mismo las acusaciones de captación o explotación denunciadas.
El reclutamiento actual en liceos: un hallazgo distinto
La noticia recobró vigencia este mes luego de que distintos medios constataran, mediante un recorrido por siete liceos emblemáticos de Santiago —entre ellos el Instituto Nacional, el Liceo de Aplicación, el Liceo 1 Javiera Carrera y el Liceo 4 Isaura Dinator—, que el GAP mantiene una campaña activa de propaganda dirigida a estudiantes secundarios. La organización pega afiches y reparte volantes con el mensaje «Rebélate y lucha», material que fue hallado en seis de los siete establecimientos visitados, aunque en tres de ellos ya había sido retirado o cubierto por orden de las respectivas direcciones.
Es importante subrayar que este hallazgo —de carácter ideológico y de reclutamiento político— es un hecho distinto y no acreditado como conectado a la denuncia de explotación sexual de 2022, aunque ambos involucran a la misma organización y reavivaron el interés público sobre ella en el mismo período.
Quién es el GAP
Los actuales Grupos de Acción Popular utilizan las mismas siglas que el histórico Grupo de Amigos del Presidente, la escolta personal del expresidente Salvador Allende, aunque se trata de una organización completamente distinta, fundada en la década de 1990. Según sus propias publicaciones, el grupo reivindica parte de la tradición política del MIR (Movimiento de Izquierda Revolucionaria) y se define como una organización con «clara disposición a marchar en primera fila, en la construcción de una alternativa revolucionaria en Chile», que busca la sociedad «destruyendo las relaciones que sostienen a este sistema injusto y cruel».
El estado actual de la causa
Según confirmó el Ministerio Público, la investigación se mantiene bajo carácter reservado, con diligencias en curso junto a un equipo de la Policía de Investigaciones (PDI), considerando los posibles delitos de violación y trata de personas. No existe, hasta el momento, ninguna formalización ni resolución judicial pública asociada a esta causa.
