Mientras el Gobierno de José Antonio Kast avanza con una agenda de seguridad orientada a restablecer el orden público y proteger a los ciudadanos de la violencia callejera, un patrón se repite entre distintos referentes de la oposición: minimizar la gravedad de las barricadas, las capuchas y los desórdenes asociados a manifestaciones, e incluso oponerse a las herramientas legales diseñadas específicamente para combatirlos.
«No son el problema principal», dice la presidenta del PS
La declaración más reciente y directa provino de la presidenta del Partido Socialista, la senadora Paulina Vodanovic, quien fue categórica al cuestionar la agenda de seguridad del Gobierno: «Las barricadas y las capuchas no son el problema principal que tenemos en el país. Entonces, aquí hay un sesgo respecto de ciertas cosas que quisieran tener un efecto de demostración». La senadora agregó, restándole valor a la actual legislación: «Ya existe una ley anticapucha. Insistir en una nueva ley anticapucha difícilmente resolverá los problemas de mayor gravedad».
Es decir, para la timonel del PS, hechos como el encapuchamiento para cometer desórdenes o la instalación de barricadas en la vía pública —que ya hemos documentado en esta serie de reportajes como una práctica reiterada asociada a organizaciones de ultraizquierda como el GAP, y que han derivado en ataques con bombas molotov contra estudiantes, Carabineros y hasta cuarteles de Bomberos— no ameritan ser tratados como una prioridad de la agenda de seguridad nacional.
El PC reivindica las movilizaciones incluso con desórdenes de por medio
El patrón no se limita al PS. El presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, había reivindicado meses atrás una masiva movilización estudiantil convocada por la Confech contra la agenda de seguridad y el proyecto de Escuelas Protegidas, destacando su «carácter democrático» y llamando a «solidarizar con el movimiento estudiantil», mientras rechazaba explícitamente «las interpretaciones que reducen las manifestaciones a problemas de orden público». En esa misma jornada, otros dirigentes del bloque opositor optaron por cuestionar la actuación de Carabineros, acusando «un uso excesivo de la fuerza», en lugar de condenar los desórdenes que motivaron la intervención policial.
El Frente Amplio, en contra de la ley antiencapuchados
El tercer eslabón de este patrón se dio durante la tramitación de la propia Ley Antiencapuchados, cuando el diputado del Frente Amplio, Jaime Bassa, calificó la iniciativa como un ejemplo de mala técnica legislativa, argumentando que algunas de sus disposiciones «podrían favorecer una expansión excesiva» de las facultades del Estado. La ley, que finalmente fue aprobada, buscaba precisamente sancionar el uso de capuchas para ocultar la identidad durante la comisión de delitos en el contexto de manifestaciones —exactamente el tipo de conducta que, según Vodanovic, «no es el problema principal» del país.
Un contraste que la ciudadanía ya percibe
Este patrón de minimización contrasta abiertamente con el rumbo que el Gobierno ha trazado en materia de seguridad. La Ley Antiencapuchados ya aprobada, el proyecto Antibarricadas 2.0 actualmente en tramitación, la Ley Naín-Retamal 2.0 para proteger a los funcionarios policiales, y la reforma constitucional de seguridad, son todas iniciativas que buscan, precisamente, dotar al Estado de las herramientas necesarias para que Chile transite por la senda de la paz y la democracia, dejando atrás la normalización de la violencia como forma de expresión política.
Mientras el Ejecutivo insiste en que el orden público y el respeto a la ley son condiciones básicas para la convivencia democrática, sectores relevantes de la oposición —desde el Partido Socialista hasta el Partido Comunista y el Frente Amplio— continúan relativizando la gravedad de las barricadas, las capuchas y los desórdenes callejeros, o derechamente oponiéndose a las herramientas legales que buscan combatirlos. Un contraste que los propios hechos —desde los ataques con bombas molotov hasta la violencia registrada en romerías y marchas— se han encargado de desmentir una y otra vez.
