El Tribunal Oral en lo Penal de Cañete dictó este lunes una sentencia histórica contra los 18 condenados por el violento ataque armado a la familia Grollmus y el posterior incendio de su histórico molino en la comuna de Contulmo, región del Biobío. Las penas impuestas suman en total 1.055 años de cárcel, una de las condenas más altas jamás dictadas por delitos asociados al terrorismo en la Macrozona Sur.
Un ataque planificado con armas, radios y vehículos
El tribunal dio por acreditado que, cerca de las 16:00 horas del 29 de agosto de 2022, aproximadamente 30 personas se reunieron en una cancha del sector de Antiquina, en Cañete, para coordinar el ataque contra la propiedad de la familia Grollmus. Los participantes se repartieron tareas y emplearon armas, municiones, chalecos antibalas y radios para comunicarse, trasladándose en al menos tres camionetas por caminos poco transitados. Antes de llegar al molino, el grupo incendió una vivienda vecina y asaltó a trabajadores forestales, a quienes amarraron para robarles una camioneta, motosierras y teléfonos. Luego cercaron la propiedad de los Grollmus y abrieron fuego contra la vivienda, incendiando el molino, un museo, una leñera y varios vehículos.
Las consecuencias para las víctimas fueron gravísimas: Carlos Grollmus, de 79 años, fue golpeado, utilizado como escudo humano y recibió un disparo a corta distancia en la pierna izquierda, que posteriormente debió ser amputada. Otro de los presentes, Ramón Nonato Cid Gutiérrez, fue reducido por los atacantes, y cuando su hijo intentó intervenir, recibió un disparo de escopeta calibre 12 en el rostro que le provocó la pérdida total de la visión del ojo derecho.
El ataque fue atribuido por la Fiscalía al grupo Resistencia Mapuche Lafkenche (RML), que —según sostuvo el ente persecutor durante el juicio— planificó y ejecutó la ofensiva de manera organizada.
El detalle de las penas
De los 18 condenados, cinco identificados como líderes de la RML —entre ellos Federico Gerónimo Astete Catrileo— recibieron penas superiores a 80 años de cárcel cada uno. Otro grupo de nueve condenados recibió 65 años de presidio, mientras que uno más, Rodrigo Arturo Valenzuela Canullán, fue sentenciado a 34 años. Respecto de los tres imputados que eran menores de edad al momento de los hechos, dos fueron condenados a 10 años de internación en régimen cerrado, y el tercero a 3 años de libertad asistida especial con internación parcial. Una vez que la sentencia quede ejecutoriada, el tribunal ordenó además tomar muestras biológicas a todos los condenados para incorporar sus perfiles al Registro Nacional de ADN.
La reacción del Gobierno
El ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, celebró la contundencia del fallo. «Atacaron para sembrar terror. Hoy, sus condenas suman más de 1.000 años de cárcel.». El fiscal regional subrogante del Biobío, Michelangelo Bianchi, calificó el resultado de «histórico desde el punto de vista de la cuantía de las penas», señalando que «ello es proporcional con la gravedad de los hechos que se investigaron y se llevaron a juicio».
La emoción de la familia Grollmus
Uno de los afectados, Christian Grollmus, expresó su conformidad tras conocer el fallo. «Estamos conformes y satisfechos con las penas que el tribunal acaba de comunicar e imponer a cada uno de los terroristas por este atentado tan violento que padecimos como familia». Destacó además que se trata de «penas muy altas, de las más altas que hay en la Macrozona Sur», y sostuvo que la sentencia «sirve para que lo piensen dos veces antes de volver a hacer cosas tan brutales como esta», calificándola como un efecto reparador no solo para su familia, sino también para el resto de las víctimas de la violencia en el sur del país. Christian también recordó emocionado el proceso vivido junto a su padre a lo largo de estos cuatro años, y manifestó su confianza en que los prófugos del caso sean finalmente detenidos.
La postura de las defensas
Desde la defensa penal pública, que representó a 14 de los imputados, la abogada Katherine Valdés cuestionó la valoración de los testimonios de testigos protegidos utilizados durante el juicio: «No compartimos la decisión condenatoria y estimamos que existen aspectos relevantes de la sentencia que deben ser revisados», señaló, adelantando un análisis de los fundamentos del fallo. En la misma línea, el abogado Patricio Robles había manifestado previamente su confianza en que el tribunal considerara los argumentos de la defensa, aunque advirtiendo desde ya la posibilidad de interponer recursos de nulidad.
Un fallo con eco en toda la agenda de seguridad
Esta sentencia se conoce en el contexto de la agenda de seguridad que el actual Gobierno ha desplegado en la Macrozona Sur, zona que —como ya hemos reportado— registró este año una caída de 53% en los hechos de violencia rural respecto del período anterior. Un fallo de esta magnitud, con penas que en la práctica equivalen a condenas de por vida para los principales responsables, se suma como un antecedente relevante dentro de esa misma estrategia de mano firme contra el terrorismo rural que el Ejecutivo ha sostenido como prioridad durante todo su primer año de gestión.
