Un receptor judicial, acompañado por Carabineros, concretó el inventario de bienes del Club Chicureo tras una demanda por despido injustificado presentada por una extrabajadora que prestó servicios durante 14 años.
El volante de Colo Colo, Arturo Vidal, enfrenta un complejo problema judicial y económico fuera de las canchas. La justicia ordenó e hizo efectiva la traba de embargo sobre los bienes e instalaciones del gimnasio del Club Chicureo —propiedad del futbolista— debido a un millonario incumplimiento laboral acumulado con una antigua funcionaria.
El procedimiento judicial fue revelado por el programa Plan Perfecto de Chilevisión y confirmado por medios nacionales, donde se dio cuenta de la llegada de un receptor judicial auxiliado por la fuerza pública para inventariar las maquinarias de ejercicios y el equipamiento deportivo del recinto.
Un conflicto laboral de $76 millones
La acción ejecutiva deriva de una demanda interpuesta por María Joaquina Opazo, excolaboradora que trabajó durante 14 años en el complejo deportivo. La trabajadora recurrió a los tribunales del trabajo acusando despido injustificado al término de su fuero postnatal, obteniendo fallos favorables en las instancias correspondientes.
De acuerdo con los antecedentes del expediente:
- Sin fondos en cuentas corrientes: La justicia intentó inicialmente decretar el embargo sobre los saldos bancarios de la sociedad administradora del club, pero las cuentas se encontraban sin fondos.
- Orden de traba sobre bienes físicos: Ante la imposibilidad de saldar el monto por la vía líquida, el tribunal autorizó la traba de embargo sobre el equipamiento e infraestructura del recinto para responder por la liquidación de la deuda, la cual asciende a una cifra cercana a los $76 millones de pesos.
- Riesgo de remate: El inventario levantado por el receptor judicial servirá de base para tasar y, eventualmente, rematar las máquinas de gimnasio si no se efectúa el pago o se alcanza un acuerdo judicial.
Las opciones para el volante albo
El recinto comercial fue adquirido por el mediocampista en 2014 por un monto cercano a los 4 millones de dólares como uno de sus proyectos inmobiliarios más emblemáticos en el país.
Hasta la fecha, el entorno del seleccionado nacional no ha emitido declaraciones oficiales respecto a la diligencia. De no concretarse una negociación o la cancelación directa del monto liquidado en los próximos días, la causa continuará la vía del martillero público para rematar los activos requisados y pagar la indemnización fijada por la justicia laboral.
