La oposición anunció una acusación constitucional contra el ministro Fernando Rabat. Te explicamos qué es, quién puede presentarla, cuántos votos necesita y qué pasa si se aprueba.
La acusación constitucional es una herramienta de fiscalización que permite a la Cámara de Diputados acusar a altas autoridades, como los ministros de Estado, por infracciones graves a la Constitución o las leyes. Si la Cámara la aprueba, el Senado decide como jurado si la autoridad es culpable. La oposición anunció el 28 de octubre una acusación contra el ministro de Justicia, Fernando Rabat, que aún no presenta.
¿Qué es una acusación constitucional?
Es una atribución exclusiva de la Cámara de Diputados, establecida en el artículo 52 de la Constitución, para hacer efectiva la responsabilidad de autoridades como el Presidente de la República, los ministros de Estado, los jueces de los tribunales superiores y el contralor general. Su tramitación está regulada en la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional y en el reglamento de la Cámara.
No es un juicio penal: no determina delitos ni impone penas de cárcel. Busca establecer una responsabilidad constitucional.
¿Por qué se puede acusar a un ministro?
Según la Constitución, un ministro puede ser acusado por haber comprometido gravemente el honor o la seguridad de la Nación, por infringir la Constitución o las leyes o haber dejado estas sin ejecución, y por los delitos de traición, concusión, malversación de fondos públicos y soborno. La acusación puede presentarse mientras el ministro está en funciones o dentro de los tres meses siguientes a que deja el cargo.
¿Cómo se tramita en la Cámara?
- Presentación: la firman entre 10 y 20 diputados.
- Comisión: la Cámara sortea una comisión de cinco diputados que analiza la acusación.
- Notificación y defensa: el ministro es notificado y tiene diez días para presentar su defensa ante la comisión, en persona o por escrito.
- Informe: la comisión estudia la acusación y emite un informe, que no es vinculante.
- Cuestión previa: en la Sala, el ministro puede plantear que la acusación no cumple los requisitos de la Constitución. La Cámara la vota por mayoría de los diputados presentes y, si se acoge, la acusación se tiene por no presentada.
- Votación de fondo: si la cuestión previa se rechaza, la Sala vota si “ha lugar” la acusación. Para un ministro basta la mayoría de los diputados presentes.
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¿Qué pasa si la Cámara la aprueba?
Si la Cámara aprueba la acusación, el ministro queda suspendido de sus funciones y no puede salir del país. La acusación pasa al Senado, que actúa como jurado: solo se pronuncia sobre si la autoridad es culpable o no del delito, infracción o abuso de poder que se le imputa.
Para declarar culpable a un ministro se requiere la mayoría de los senadores en ejercicio. Si el Senado lo declara culpable, el ministro es destituido y no puede ejercer ninguna función pública, sea o no de elección popular, durante cinco años.
¿Ha habido casos parecidos?
Sí. En enero de 2023, diez diputados acusaron a la entonces exministra de Justicia Marcela Ríos por la concesión de indultos particulares. Ese mismo año también se acusó al exministro de Desarrollo Social Giorgio Jackson. Más recientemente, la acusación contra el ministro de Vivienda Carlos Montes fue rechazada al acogerse la cuestión previa.
¿Qué viene ahora con Rabat?
La oposición anunció la acusación el 28 de octubre, pero aún no la presenta. La propia oposición reconoce que busca un texto jurídicamente sólido para convencer a los diputados indecisos, principalmente del Partido de la Gente. El senador Ricardo Celis (PPD) espera que se presente a comienzos de la próxima semana.
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