La Cámara de Diputados aprobó este miércoles 11 de noviembre la partida del Ministerio de Justicia por 85 votos contra 59, pese al llamado opositor a rechazarla mientras Fernando Rabat siga en el cargo. La acusación constitucional aún no se presenta.
La Cámara de Diputados aprobó este miércoles 11 de noviembre de 2026 el presupuesto 2027 del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, por 85 votos a favor, 59 en contra y ninguna abstención. Es una diferencia de 26 votos, pese a que la oposición había anunciado que rechazaría los recursos de la cartera mientras Fernando Rabat siga como ministro. La partida contó con el respaldo del oficialismo, el Partido Nacional Libertario (PNL) y el Partido de la Gente (PDG).
¿Qué pasó en la votación?
La oposición había anunciado que rechazaría el presupuesto de Justicia como forma de presionar por la salida de Rabat. Ya lo había intentado el 3 de noviembre en la Comisión Mixta de Presupuestos, donde la partida se aprobó igual, por 16 votos contra 10. En esa sesión, parlamentarios opositores pusieron en sus pupitres carteles con la consigna “Renuncia Rabat”.
En la Sala, el diputado Eduardo Cretton (UDI) defendió el aumento de recursos del ministerio respecto de la Ley de Presupuestos 2026. “El ministro Rabat no se va a ir porque se rechace este presupuesto”, sostuvo.
El diputado Patricio Pinilla (DC) afirmó que el respaldo a la partida habría sido posible en otras circunstancias, pero cuestionó la conducción de Rabat.
¿Qué cambios se aprobaron?
La partida incorporó nuevas obligaciones de información y fiscalización para el Ministerio de Justicia. Estas incluyen mecanismos de seguimiento de las rebajas de condena, los indultos y las libertades condicionales.
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¿En qué está la acusación constitucional contra Rabat?
La oposición anunció la acusación el 28 de octubre, pero hasta hoy no la ha presentado. El presidente de la DC, Álvaro Ortiz, aseguró el lunes que se presentaría esta semana.
Mientras tanto, el libelo ha perdido respaldo jurídico en la propia centroizquierda:
- Francisco Zúñiga y Gabriel Osorio, los dos principales constitucionalistas del PS, no están respaldando la acusación. Zúñiga sostuvo públicamente que un error político no siempre implica una infracción constitucional.
- Luis Cordero, exministro de Justicia, fue invitado a explicar las rebajas de condena, pero descartó apoyar la acusación y ha dicho que faltan antecedentes para evaluarla.
- Abogados bajo reserva: algunos juristas colaboran con la oposición sin firmar, porque no quieren arriesgar su prestigio en una ofensiva que, según reconocen dirigentes opositores, carece de suficiente sustento jurídico.
Además, los abogados han advertido que Rabat aplicó criterios jurídicos que también han sostenido ministros de la Corte Suprema.
¿Qué dicen los decretos?
Rabat entregó 309 decretos del período 2022–2026. Según el ministro, en solo 17 casos rebajó condenas sin un fallo judicial que lo ordenara.
¿Qué dice la votación sobre la acusación?
Una votación presupuestaria no es una acusación constitucional, pero la aritmética es la misma. Para aprobar el libelo, la oposición necesita sumar votos del PDG y del oficialismo. Este miércoles, el PDG votó con el oficialismo y la partida se aprobó por 26 votos de diferencia.
El Gobierno dijo estar convencido de que no se configura ninguna causal y de que los partidos oficialistas rechazarán una acusación que, según el vocero Gonzalo Arenas, se usa como amenaza política.
¿Qué viene ahora?
El presupuesto de Justicia sigue su trámite en el Senado. La oposición mantiene el anuncio de presentar la acusación constitucional esta semana. Si la presenta, la Cámara deberá votar primero la cuestión previa y luego el fondo; si se aprueba, el Senado actuará como jurado.
