Mientras en Chile la discusión pública se concentraba en la tramitación de la megarreforma —que en uno de sus puntos centrales contempla una rebaja del impuesto corporativo—, en Naciones Unidas avanzaba, con mucho menos cobertura mediática, una negociación de alcance global que podría condicionar la forma en que los países diseñan su política tributaria durante décadas: el Convenio Marco sobre Cooperación Tributaria Internacional.
Qué busca el convenio, en simple
La idea central del texto es establecer, por primera vez a nivel global, un vínculo formal entre la política fiscal de los países y sus obligaciones en materia de derechos humanos. En la práctica, esto significa que los impuestos dejarían de entenderse únicamente como una herramienta de recaudación fiscal, para pasar a considerarse un mecanismo necesario que los Estados deben usar para garantizar derechos como la salud, la educación y la protección social. El proceso comenzó formalmente a fines de 2023 en la Asamblea General de la ONU, y desde entonces se negocian tanto el texto de la convención como dos protocolos tempranos que abordan desafíos específicos de la arquitectura tributaria internacional.
La advertencia de los expertos
El problema, según advierten distintos especialistas tributarios, no está en el diagnóstico —la necesidad de cooperación fiscal internacional frente a la evasión y la elusión es ampliamente compartida—, sino en las consecuencias prácticas de unir impuestos con derechos humanos de manera vinculante. Si un tributo pasa a entenderse como el mecanismo que garantiza un derecho, entonces reducir ese tributo podría interpretarse, bajo esta lógica, como un retroceso en el cumplimiento de esos mismos derechos humanos, con las implicancias legales y de presión internacional que eso conlleva. El abogado tributarista Gonzalo Vergara resumió el contraargumento de forma directa: «los impuestos no son derechos humanos. Los impuestos son técnicas que permiten a los Estados cumplir sus funciones».
El dato que cambia la lectura política del caso chileno
Aquí es donde el rol de Chile en esta negociación se vuelve especialmente relevante para el debate nacional. Mientras países como Estados Unidos optaron por retirarse completamente de la negociación en enero de 2025, y otros —como Austria, Singapur, Francia y Turquía— manifestaron abiertamente sus reparos frente al texto, la delegación chilena, bajo el gobierno de Gabriel Boric, no solo respaldó la iniciativa, sino que pidió ir todavía más lejos. Solicitó incorporar en el preámbulo del convenio una frase explícita señalando que los impuestos son «una manifestación de los derechos humanos», una formulación considerablemente más fuerte que el planteamiento original del texto en discusión.
El riesgo para la soberanía fiscal
Una columna de opinión publicada en Diario Financiero puso el foco precisamente en ese punto. Crear, modificar o derogar un tributo es, según plantea el texto, «una expresión esencial de la autonomía democrática de los Estados», y advierte que Chile «no debe participar en este proceso con ingenuidad». El argumento de fondo es que la verdadera justicia tributaria no consiste solo en recaudar más, sino en recaudar conforme a derecho, con garantías, eficiencia del gasto público y protección para los propios contribuyentes —elementos que, según esta mirada crítica, corren el riesgo de quedar subordinados si la política fiscal queda atada de forma permanente a compromisos internacionales de derechos humanos.
Todavía no es una firma, pero la postura ya quedó marcada
Es importante precisar el estado real del proceso. El texto definitivo del convenio recién se conocerá el próximo año, momento en el que Chile —ya bajo la administración de José Antonio Kast— deberá tomar una posición formal sobre si suscribe o no el instrumento. Es decir, no existe todavía un compromiso vinculante para el país. Lo que sí queda establecido, y es materia de debate público legítimo, es la postura proactiva y favorable que la diplomacia chilena adoptó durante la fase de negociación bajo la administración anterior, en un contraste notorio con la cautela mostrada por otras democracias occidentales frente al mismo texto.
Una ironía que se cruza con la agenda económica actual
El contraste resulta especialmente llamativo si se considera el momento en que ocurre. Mientras la delegación chilena en Nueva York empujaba por una mayor vinculación entre impuestos y derechos humanos, en el Congreso chileno se tramitaba —y finalmente se aprobó— una megarreforma que incluye una rebaja del impuesto corporativo y cláusulas de invariabilidad tributaria de hasta 25 años para atraer inversión. Bajo la lógica que el propio gobierno anterior ayudó a impulsar en la ONU, ese tipo de rebajas tributarias podría ser interpretado, en el marco de este convenio, como un potencial retroceso en materia de derechos humanos.
Lo que viene
Con la negociación entrando en su recta final y el texto definitivo esperado para el próximo año, el actual Gobierno de Kast enfrentará la decisión de si Chile suscribe o no un convenio que su propia diplomacia ayudó a moldear en una dirección más restrictiva de lo que plantea el texto original. Esa definición se transformará, previsiblemente, en uno de los próximos puntos de tensión entre la política exterior heredada de la administración anterior y la orientación económica que el actual Ejecutivo ha impulsado en materia tributaria.
