Un operativo de gran escala, en pleno desarrollo
La Fiscalía de Alta Complejidad Oriente, junto a la Brigada Investigadora Anticorrupción de la PDI, ejecutó este jueves una serie de allanamientos simultáneos en la sede del Congreso Nacional en Valparaíso, en las oficinas centrales de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb) y en inmuebles de distintas regiones del país, en el marco de una investigación por presuntas coimas vinculadas a licitaciones del Programa de Alimentación Escolar (PAE). El operativo fue autorizado por el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago, a solicitud de la fiscal Constanza Encina.
Quiénes están en la mira
Según confirmaron fuentes citadas por Emol y CNN Chile, las diligencias intrusivas se realizaron específicamente en los despachos de los senadores Sergio Gahona (UDI) y Miguel Ángel Calisto (independiente), ambos con oficinas en el Congreso. La investigación también apunta al exdiputado Hugo Gutiérrez (PC), además de funcionarios públicos y personas vinculadas a la empresa proveedora de alimentación SOSER S.A. Es un dato relevante que conviene remarcar: los investigados no pertenecen a un único sector político, lo que da cuenta de una indagatoria que, hasta ahora, cruza distintas bancadas.
Los delitos que se investigan
El Ministerio Público apunta a un eventual esquema de sobornos, tráfico de influencias y revelación de secretos, orientado a incidir en la adjudicación de contratos públicos a favor de SOSER S.A. Formalmente, la indagatoria contempla los delitos de cohecho, fraude al Fisco, lavado de activos, fraude informático, falsificación de instrumento privado y delitos contra la salud. Según detalló la Fiscalía Metropolitana Oriente, las diligencias corresponden a «entradas y registros con el fin de incautar dispositivos electrónicos —celulares y computadores— y la incautación, acceso, extracción y análisis de contenido de correos electrónicos».
Las pruebas que sostienen la investigación
De acuerdo con lo reportado por T13, la Fiscalía basó su solicitud de allanamiento en informes de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), chats de WhatsApp y transcripciones de audios recabadas durante la indagatoria. El escrito judicial da cuenta de «grandes irregularidades» cometidas por SOSER S.A. en la ejecución de contratos de licitación pública para la entrega de servicios de alimentación en establecimientos educacionales de la Región de O’Higgins, incluyendo declaraciones de raciones alimenticias falsas y certificados adulterados que habrían permitido pagos improcedentes con cargo a fondos públicos.
El origen del caso: una denuncia del propio Gobierno, meses atrás
Lo ocurrido hoy no surge de la nada. En mayo de este año, la actual dirección de Junaeb —encabezada por Fernando Peña, ya bajo la administración de José Antonio Kast— presentó una denuncia formal ante la Fiscalía, la Contraloría y el Consejo de Defensa del Estado, tras detectar en una auditoría interna irregularidades financieras y administrativas superiores a los $14 mil millones, ocurridas durante la gestión de la exdirectora Camila Rubio, nombrada en el gobierno de Gabriel Boric. Junaeb se transformó así en la primera institución denunciada formalmente en Fiscalía por el actual Gobierno tras auditar a la administración anterior.
La respuesta de la exdirectora en su momento
Consultada en mayo por estas acusaciones, Camila Rubio rechazó las irregularidades y sostuvo que su administración debió enfrentar problemas heredados de procesos licitatorios anteriores a su gestión: «nos tocó responder por falencias de la administración previa, que durante nuestra gestión buscamos subsanar», declaró en ese momento. La actual dirección de Junaeb, por su parte, ha negado esa versión de forma categórica, sosteniendo que no existió intención de corregir las irregularidades detectadas.
La cronología de la licitación cuestionada
Según reconstruyó La Tercera en su momento, el origen del problema se remonta a la licitación 18-20 de Junaeb, cuyas bases —definidas en 2018, bajo la dirección de Jaime Tohá (nombrado en el gobierno de Michelle Bachelet)— presentaron distintos problemas que obligaron al organismo a recurrir a contratos por trato directo. Tohá se mantuvo en el cargo hasta abril de 2022, ya iniciado el gobierno de Boric; tras una breve subrogancia de Pablo Baeza, Camila Rubio asumió la dirección en agosto de ese año, período durante el cual —según la denuncia del actual Gobierno— se habrían concretado buena parte de las irregularidades ahora investigadas.
La empresa proveedora también responde
La empresa Soser S.A., mencionada como la proveedora del servicio de alimentación en el centro de la investigación, había descartado en mayo la existencia de irregularidades graves de su parte, atribuyendo los cuestionamientos a «problemas estructurales» en las propias bases de licitación diseñadas por Junaeb.
Lo que viene
Con los allanamientos ya en curso y la incautación de dispositivos electrónicos y correos en marcha, la investigación entra en una etapa decisiva para determinar responsabilidades penales concretas, tanto de exautoridades de Junaeb como de los parlamentarios mencionados. Dado que el caso involucra a legisladores de distintos sectores políticos —UDI, independientes y PC—, su desarrollo previsiblemente se transformará en uno de los focos judiciales y políticos más relevantes de las próximas semanas. Publinoticias seguirá de cerca los resultados de esta indagatoria.
