Una investigación especial de la Contraloría General de la República (CGR) detectó graves irregularidades en el manejo de la Beca Vocación de Profesor (BVP), el beneficio administrado por la Subsecretaría de Educación Superior que financia la carrera completa a estudiantes de Pedagogía a cambio de que, una vez titulados, retribuyan haciendo clases en establecimientos públicos. El hallazgo: 1.818 personas no han restituido la totalidad del beneficio, pese a que su plazo para hacerlo ya venció, por un monto total de $23.042.122.937.
Un beneficio que exige devolución solo si no se cumple
La Beca Vocación de Profesor no es un crédito tradicional: cubre el 100% del arancel y la matrícula de la carrera, y a cambio exige que, una vez obtenido el título, el profesional trabaje al menos tres años —con un máximo de siete para cumplir ese compromiso— en establecimientos educacionales municipales, de administración delegada o particulares subvencionados. Solo si esa retribución no se cumple, la normativa obliga a devolver el dinero recibido, reajustado según la variación del IPC desde el año de la primera asignación. La propia Contraloría ha sido clara en dictámenes anteriores: los becarios no pueden «comprar» su salida devolviendo el dinero antes de tiempo para evitar hacer clases, ni la Subsecretaría puede aceptar esa fórmula, porque desvirtuaría el objetivo del beneficio.
Años sin gestiones de cobro
Según el Informe Final N° 186 de la CGR, al 31 de diciembre de 2025 existían 1.818 personas con la Beca Vocación de Profesor sin restituir, con plazos de retribución vencidos entre los años 2018 y 2025. El documento es categórico: «la falta de aplicación oportuna de medidas conducentes a recuperar las becas no retribuidas, sin que a la fecha de la presente investigación se hubieren concretado acciones de cobro en contra de los becarios».
El dato más llamativo es el de los casos más antiguos: 93 de esas 1.818 personas, que en conjunto adeudan $732.097.436, tienen su plazo vencido desde 2018, 2019 o 2020 —es decir, llevan entre cinco y siete años sin que la Subsecretaría haya iniciado ninguna acción de cobro en su contra—.
Frente a este hallazgo, Contraloría ordenó a la Subsecretaría de Educación Superior realizar las gestiones de cobro correspondientes e informar sobre ellas en un plazo de 60 días hábiles. Pero el organismo contralor fue más allá: «esta Contraloría General incoará un procedimiento sumarial para determinar las eventuales responsabilidades administrativas respecto de los hechos señalados», anunciando así una investigación formal sobre por qué nunca se actuó.
Un antecedente que ya anticipaba el problema
Este hallazgo no aparece de la nada. Ya en octubre de 2025, una revisión de The Clinic sobre los datos de la propia beca había detectado que, del total de titulados con este beneficio, 3.138 personas se encontraban incumpliendo su obligación de retribución —2.438 de ellas sin entregar ninguna explicación al respecto, y el resto mediante cartas apelando a por qué aún no comenzaban a hacer clases—. El informe de Contraloría de esta semana confirma, con cifras oficiales y un año después, que ese incumplimiento no solo persistía, sino que además no estaba siendo fiscalizado con acciones de cobro reales.
La segunda irregularidad: títulos que no quedaron registrados
El informe de Contraloría identificó un segundo problema, distinto pero igual de relevante: fallas en el registro de quienes sí completaron sus estudios. De los 9.197 beneficiarios que figuraban en la plataforma PES —el sistema de seguimiento de la beca— bajo el estado «Sin Obligación de retribución por falta de título», 38 personas en realidad sí habían obtenido su título profesional de profesor o educador entre 2014 y 2024, financiado por la misma beca, y por lo tanto debían comenzar a retribuir horas de trabajo desde su titulación.
El problema es que, según constató la CGR, «en la plataforma PES no se incorporaron antecedentes relacionados con sus respectivos títulos, tales como la fecha de titulación, la cantidad de horas por retribuir y la fecha de vencimiento del plazo de retribución, imposibilitando controlar el cumplimiento de la referida obligación». En otras palabras: el sistema simplemente no registró que estas personas ya se habían titulado, por lo que nadie pudo exigirles que retribuyeran.
Contraloría instruyó a la Subsecretaría acreditar documentadamente, en un plazo de 60 días, el registro de la fecha de titulación, las horas por retribuir y el plazo máximo de retribución de 34 de los 38 casos observados, además de revisar y ajustar el procedimiento de captura de títulos en la plataforma PES y coordinar con el Servicio de Información de Educación Superior para mejorar ese proceso hacia adelante.
Un problema que se suma a otros hallazgos recientes de Contraloría
Este informe se conoce apenas un día después de que el mismo organismo contralor revelara otro hallazgo de magnitud: $796 mil millones en saldos sin movimiento detectados en organismos públicos y municipios de todo el país. Ambos casos, aunque distintos en su naturaleza, reflejan un patrón que Contraloría ha ido documentando durante este año: la falta de seguimiento activo y de gestión de cobro sobre recursos públicos ya comprometidos, ya sea en fondos de becas estudiantiles o en cuentas fiscales inactivas.
