La Corte de Apelaciones de Iquique revocó este miércoles la resolución del Juzgado de Garantía que ordenaba devolver a cuatro integrantes del «Clan Chen» desde la cárcel de máxima seguridad La Laguna, en Talca, hacia el Complejo Penitenciario de Alto Hospicio. Con este fallo, el tribunal de alzada determinó que los imputados —Longdi Chen, Wen Chen, Wu Chen y Ziliang Chen— deberán permanecer en el recinto penitenciario que determine Gendarmería de Chile, revirtiendo así el revés judicial que había golpeado semanas atrás a la Operación Cancerbero.
Cómo llegamos hasta acá
La disputa se remonta al 12 de agosto, cuando el Juzgado de Garantía de Iquique acogió una cautela de garantía presentada por las defensas de los cuatro imputados —representadas por los abogados Ximena Santos, Paola Zepeda, Vinko Fodich y Jorge Castilla—, argumentando que el informe técnico de Gendarmería que justificaba el traslado presentaba deficiencias, y que los reos tenían arraigo en la Región de Tarapacá.
Gendarmería no se quedó de brazos cruzados. El 14 de agosto solicitó una reconsideración, desplegando argumentos técnicos sobre por qué La Laguna era el recinto más idóneo, señalando que ese penal «reúne condiciones de seguridad, infraestructura, operatividad y segmentación acordes con las características socio criminógenas de los referidos imputados». Pese a ello, el juez de garantía Diego Reyes rechazó la reconsideración y confirmó que los cuatro debían volver cuanto antes a Alto Hospicio.
Como ya reportamos en su momento, esa decisión generó una fuerte molestia en el Gobierno. El ministro de Justicia, Fernando Rabat, había pedido «respetar las facultades del director de Gendarmería al momento de perfilar a los criminales», mientras que el ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, calificó el episodio como un regreso de los imputados a su «espacio de confort», utilizando el caso como argumento para defender la reforma constitucional en seguridad que impulsa el Ejecutivo. El subsecretario del Interior, Máximo Pavez, había defendido en paralelo el operativo como «exitoso».
El vuelco: la apelación del CDE
Ante el rechazo de la reconsideración, Gendarmería recurrió al Consejo de Defensa del Estado (CDE), que presentó una apelación ante la Corte de Apelaciones de Iquique. Este miércoles, el tribunal de alzada acogió el recurso del CDE y dejó sin efecto la resolución del Juzgado de Garantía. Según consignó Vilas Radio, la decisión «restablece la autonomía de Gendarmería en materia de gestión y distribución de internos de alta peligrosidad», en línea con lo que tanto el Ministerio de Justicia como la propia institución penitenciaria habían sostenido durante todo el proceso: que las políticas de segregación y seguridad corresponden de forma exclusiva a las facultades de Gendarmería.
Con el fallo ya firme, será ahora la propia institución penitenciaria la que determine en qué recinto del país continuarán cumpliendo su medida cautelar los cuatro imputados, lo que en la práctica podría significar su permanencia en la cárcel La Laguna de Talca, adonde ya habían sido trasladados como parte de la Operación Cancerbero.
Quiénes son los imputados
Los cuatro forman parte del denominado «Clan Chen», organización de origen chino-chileno investigada por delitos de asociación ilícita y lavado de activos, señalada como responsable de lavar más de $160 mil millones de pesos provenientes de estafas internacionales del tipo «pig butchering», según antecedentes de la PDI que ya hemos reportado anteriormente. Cabe recordar que los imputados no han sido condenados y mantienen su presunción de inocencia mientras el proceso principal continúa su curso bajo reserva.
Un antecedente que ya había generado ruido político
Este vaivén judicial no pasó inadvertido en la opinión pública. Como reportamos a partir de la última Encuesta Cadem, un 65% de los chilenos conocía el revés que había sufrido en su momento el Plan Cancerbero por la resolución del Juzgado de Garantía de Iquique, y un 67% se manifestó en desacuerdo con esa decisión, en un estudio que vinculó ese episodio con el fuerte aumento en la responsabilización de los jueces por el mal funcionamiento de la justicia. Con este nuevo fallo de la Corte de Apelaciones, ese capítulo específico de la controversia queda resuelto a favor de la posición que había sostenido el Gobierno desde un comienzo.
