La agenda de seguridad del Gobierno registró este miércoles avances simultáneos en tres proyectos que se tramitan en el Congreso, vinculados a la flagrancia, la responsabilidad penal adolescente y la expulsión de extranjeros, en jornadas donde el ministro de Justicia, Fernando Rabat, participó activamente para respaldar las iniciativas, todas parte de la Agenda Contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT).
El acuerdo unánime en flagrancia
El avance más significativo se produjo en la comisión mixta, integrada por diputados y senadores, que logró resolver las diferencias pendientes respecto del proyecto que amplía el plazo para considerar un delito en situación de flagrancia. La instancia aprobó el texto acordado por unanimidad, por lo que ahora deberá ser ratificado tanto por la Cámara como por el Senado para continuar su camino hacia la promulgación. De concretarse ambos respaldos, esta iniciativa podría convertirse en la primera ley de toda la ACOT en completar su tramitación legislativa, un hito relevante considerando que buena parte del resto del paquete de seguridad permanece en distintas etapas de discusión.
Prisión preventiva para adolescentes
En paralelo, la Comisión de Constitución del Senado aprobó artículos del proyecto que modifica la legislación sobre responsabilidad penal adolescente. Entre las normas respaldadas figura la posibilidad de decretar prisión preventiva para adolescentes imputados por crímenes, medida que también podría aplicarse en casos donde, durante un control policial, las autoridades no logren verificar la identidad del menor. El proyecto continuará ahora su discusión en la Sala del Senado.
Expulsión de extranjeros: el cambio que sumó votos de oposición
El tercer avance ocurrió en la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputadas y Diputados, que aprobó en particular la reforma constitucional que amplía las facultades del Estado para concretar expulsiones administrativas de personas extranjeras. La iniciativa corresponde a un mensaje presentado por el Gobierno el 8 de junio, que busca extender el período durante el cual una persona puede permanecer retenida administrativamente mientras se tramita su expulsión.
El texto original establecía que esa retención se renovara cada 60 días sin ningún control de tribunales. Durante la discusión, se incorporó una modificación clave: una revisión judicial cada 30 días. Fue precisamente ese cambio el que permitió acercar posiciones con parlamentarios de oposición, un elemento decisivo considerando que, al tratarse de una reforma constitucional, la iniciativa necesita 89 votos en la Cámara para poder avanzar.
La reforma que sigue sin destrabarse
El contraste con estos avances es la situación de la otra gran reforma constitucional de seguridad del Gobierno —la que crea el nuevo Estado de Excepción y ya hemos reportado en ediciones anteriores—, que permanece detenida en la Comisión de Constitución del Senado sin haber iniciado formalmente su discusión. Su presidente, el senador Pedro Araya (PPD), anunció la conformación de un grupo de trabajo con los integrantes de la comisión para buscar un acuerdo con La Moneda, conversaciones que podrían retomarse la próxima semana, una vez que el ministro del Interior, Claudio Alvarado, regrese de la Región de Magallanes.
Por ahora existen tres alternativas sobre la mesa para destrabar este proyecto específico. Introducir una indicación sustitutiva que modifique gran parte de la propuesta original, retirar el mensaje para impulsar una reforma transversal con apoyo de distintos sectores políticos, o fusionarlo con otras iniciativas actualmente en discusión. El desafío de fondo es el quórum. Al tratarse de una reforma constitucional, la propuesta necesita 29 votos en el Senado, por lo que el Gobierno deberá alcanzar acuerdos con parlamentarios de sectores distintos al oficialismo para poder avanzar.
Una fotografía de la agenda de seguridad hoy
El panorama que deja esta jornada es el de una agenda de seguridad que avanza de forma desigual. Mientras proyectos más acotados —como la flagrancia, la responsabilidad penal adolescente y, ahora, la expulsión administrativa de extranjeros— logran acuerdos parciales con la oposición mediante ajustes puntuales a su articulado, la reforma constitucional de mayor alcance político continúa sin destrabarse en el Senado, en un proceso que, según ha reconocido el propio Gobierno en ocasiones anteriores, requerirá aún de varias semanas de negociación.
