Un nuevo episodio de violencia protagonizado por el grupo conocido como «overoles blancos» volvió a golpear al Instituto Nacional la tarde del viernes 11 de septiembre, dejando siete menores detenidos y una revelación especialmente inquietante: uno de los aprehendidos, de 14 años, aseguró haber recibido $70.000 a cambio de participar en el ataque.
Cómo ocurrió el hecho
Los desórdenes se produjeron alrededor de las 15:30 horas en el patio del liceo, mientras se desarrollaba una actividad de la llamada «Semana de la memoria», organizada por el centro de estudiantes por los 53 años del golpe de Estado. Un grupo de jóvenes vestidos con overoles blancos encendió fuego en el lugar, obligando a evacuar el recinto y a suspender las clases cerca de las 16:30 horas, según confirmó La Tercera. En total, Carabineros detuvo en flagrancia a siete menores de edad.
La confesión del pago
La información sobre el supuesto pago fue entregada por el propio menor de 14 años mientras aún se encontraba dentro del establecimiento, según relataron a El Líbero personas que conocieron detalles de su aprehensión. El adolescente afirmó haber recibido el dinero a cambio de «la salida» —como se conoce en la jerga de estos grupos al hecho de participar en el ataque con bombas incendiarias que logra la interrupción de la jornada escolar—, aunque no reveló quién le entregó el dinero.
Es un antecedente que se suma a un patrón ya documentado en otros liceos emblemáticos este mismo año. En abril, tras un incidente similar en el Liceo Lastarria de Providencia, el alcalde y entonces sostenedor Jaime Bellolio ya había revelado que uno de los detenidos en esa ocasión también había asegurado que le habían pagado por participar, afirmando entonces: «Estamos completamente seguros que hay adultos que han ocupado a menores de edad para destruir los liceos emblemáticos de nuestro país».
Un exalumno expulsado que volvió a atacar
El menor que dijo haber recibido el pago no era un estudiante regular del establecimiento. Es un exalumno del Instituto Nacional, expulsado hace apenas dos meses —a inicios de julio— tras ser acusado de facilitar el ingreso de personas ajenas durante otro ataque incendiario ocurrido el 28 de mayo, en el que una de las bombas molotov fue lanzada contra un periodista de Radio Bío Bío que cubría los hechos.
Pese a su expulsión, el adolescente ingresó nuevamente al liceo portando su antiguo uniforme, aprovechando el horario de entrada de la jornada de tarde para hacerse pasar por un alumno más. Una vez dentro, se cambió a un overol blanco y se sumó al grupo que encendió fuego en el patio. Según testigos, el joven arrojó bencina en la cara a una funcionaria que intentaba controlar la situación.
Las medidas judiciales
El menor fue formalizado junto a otros tres adolescentes por la Fiscalía Centro Norte, por el delito de desórdenes públicos. Todos quedaron en libertad, sometidos a la medida cautelar de sujeción al Sename; para uno de ellos, la Fiscalía solicitó arresto domiciliario nocturno, petición que el tribunal no acogió. Los otros tres detenidos, de 13 años y por tanto inimputables penalmente, pasaron a disposición de los juzgados de familia.
Consultado por El Líbero, el SLEP Santiago Centro, sostenedor de los liceos de la comuna, confirmó que se encuentra preparando una querella por los hechos: «Condenamos los hechos, que son gravísimos, y vamos a tomar todas las medidas que sean necesarias». Respecto del presunto pago, indicaron no tener información, pero se comprometieron a «colocar todos los antecedentes que podamos recopilar al servicio de la investigación». El propio SLEP ya había condenado categóricamente, en un comunicado citado por La Tercera, «toda expresión de violencia que ponga en riesgo la integridad física y emocional de estudiantes, docentes, asistentes de la educación y demás integrantes de la comunidad educativa».
Una violencia que se repite mes tras mes
Este episodio no es aislado: es al menos el cuarto ataque documentado de los «overoles blancos» contra el Instituto Nacional durante este año. El 28 de mayo, un grupo lanzó bombas molotov contra un periodista en las afueras del liceo. El 24 de julio, entre ocho y diez estudiantes lanzaron cerca de diez artefactos incendiarios contra Carabineros, uno de los cuales impactó un vehículo estacionado con dos niños de 6 y 7 años en su interior, provocando un incendio en la parte delantera del auto —los menores fueron rescatados ilesos—, episodio que terminó con dos detenidos de 16 y 17 años. En esa ocasión, el delegado presidencial metropolitano, Germán Codina, resumió con crudeza el sinsentido de estos ataques: «Es evidente que no hay ningún gran ideal detrás de alguien que tira una molotov».
Un patrón que exige respuestas
La confesión del menor de 14 años sobre el pago recibido refuerza lo que distintas autoridades y actores de la comunidad educativa ya venían advirtiendo: que detrás de buena parte de estos episodios de violencia escolar existiría una coordinación y financiamiento externo, ajeno a la espontaneidad estudiantil, tal como ya había planteado el alcalde de Ñuñoa, Sebastián Sichel, al denunciar que estas movilizaciones «son coordinadas nacionalmente y por adultos». El hecho de que un estudiante ya expulsado por participar en un ataque similar haya podido reingresar al establecimiento sin mayor dificultad, usando su antiguo uniforme, plantea además una pregunta urgente sobre los controles de acceso en los liceos emblemáticos del país, justo en el contexto de la discusión sobre las facultades que la Ley de Escuelas Protegidas otorga a los sostenedores para resguardar a sus comunidades educativas.
