La Cámara de Diputados rechazó este martes la reforma constitucional impulsada por el Gobierno para ampliar el plazo de detención que permite materializar la expulsión de migrantes en situación irregular, en una votación que fracasó por un solo voto y que dejó en evidencia, una vez más, la resistencia del Frente Amplio y el Partido Comunista a dotar al Estado de herramientas concretas contra la migración ilegal.
Una reforma que quedó a un voto de aprobarse
El proyecto buscaba ampliar el actual plazo de cinco días de detención —insuficiente, según el propio Gobierno, para completar los trámites de expulsión— a un rango de entre 5 y 60 días, renovable hasta 180 días en casos específicos. Al tratarse de una reforma constitucional que modifica el artículo 19 N°7 de la Carta Fundamental, requería un quórum de 89 votos favorables. La votación terminó con 88 votos a favor, 28 en contra y 19 abstenciones, es decir, la iniciativa quedó a un solo voto de convertirse en ley.
El ministro de Justicia, Fernando Rabat, había defendido con fuerza la necesidad de la reforma, apuntando a «los aumentos sostenidos y cambios drásticos de fluctuación que ha experimentado el fenómeno migratorio durante los últimos años en Chile», y advirtiendo que mantener el plazo vigente «va a entorpecer la expulsión de migrantes ilegales, y también la correcta extradición de personas». El diputado de RN Mauro González fue igual de directo tras conocerse el resultado: «Es muy lamentable que no se haya alcanzado el quórum para poder concretar algo que la ciudadanía quiere y exige que es un control migratorio».
El Partido Comunista celebra abiertamente el rechazo
Lejos de mostrar preocupación por dejar sin esta herramienta al Estado, el diputado del Partido Comunista Marcos Barraza valoró explícitamente que la reforma haya sido rechazada: «Valoramos que la Cámara haya rechazado esta reforma propuesta por el Gobierno, porque además de generar un sistema carcelario paralelo, con altos costos en su mantención, no estaba abordando el problema de fondo», afirmó.
El Frente Amplio también contribuyó a la caída del proyecto
Desde el Frente Amplio, la presidenta del partido y diputada Gael Yeomans también cuestionó la iniciativa, centrando sus reparos en el trato hacia menores migrantes: «Me parece que era delicado y tenía que ser tratado con la suficiente especificidad, lo que no se logró», señaló, atribuyendo la falta de acuerdo a que «el Gobierno no estuvo disponible» para incorporar las indicaciones que su sector había presentado en la Comisión de Constitución. El propio Jaime Bassa (FA) había adelantado meses antes, durante la tramitación de una iniciativa similar, sus reparos de fondo hacia este tipo de reformas, cuestionando el quórum con el que se aprobaron ciertas normas en el Senado.
Un fracaso que se explica por un solo voto de diferencia
El resultado tiene, además, un condimento adicional. Dos diputados del Partido Republicano, Felipe Ross y Stephan Schubert, se encontraban fuera del país junto al Presidente Kast en su viaje a la Asamblea General de la ONU, lo que impidió que sus votos se sumaran a favor del quórum requerido. El ministro de la Segpres, José García Ruminot, apuntó a esa dinámica: «Cuando llega el momento de votar, hay personas que o no están en la sala o simplemente cambian su voto». A esto se sumó que diputados del Partido de la Gente, que habían mantenido conversaciones con el Ejecutivo para respaldar la iniciativa, finalmente optaron por la abstención sin llegar a un acuerdo.
Lo que viene
Según la normativa vigente, al ser una iniciativa presentada por el Presidente, el Gobierno puede solicitar que la reforma pase directamente al Senado, donde se requeriría su aprobación por dos tercios de esa corporación. De no hacerlo, el proyecto no podrá volver a presentarse antes de un año.
Una contradicción que la ciudadanía no comparte
El episodio confirma un patrón que se ha repetido a lo largo de todo este año. Mientras el Gobierno impulsa herramientas concretas para responder a una demanda ciudadana transversal —el control efectivo de la migración irregular—, sectores como el Partido Comunista y el Frente Amplio insisten en frenar, cuestionar o relativizar cada una de esas iniciativas, ya sea por la vía de reservas de constitucionalidad, indicaciones que buscan diluir su alcance, o derechamente celebrando su rechazo, como ocurrió hoy. Este contraste resulta especialmente evidente considerando que el control migratorio y la seguridad fueron, precisamente, dos de los ejes centrales que llevaron a José Antonio Kast a La Moneda, con un respaldo ciudadano que la oposición parece seguir sin comprender.
