La última encuesta Plaza Pública de Cadem confirmó lo que ya se anticipaba. Una amplia mayoría de los chilenos está en desacuerdo con el rechazo que sufrió en la Cámara de Diputados la reforma constitucional que buscaba ampliar el plazo de detención de migrantes con orden de expulsión, evidenciando una vez más la distancia entre lo que exige la ciudadanía y lo que resuelven ciertos sectores del Congreso.
Un fracaso legislativo que la gente sí notó
Según el estudio N°692 de Cadem, correspondiente a la primera medición de la cuarta semana de septiembre, un 62% de los encuestados afirmó saber que la Cámara de Diputados había rechazado el proyecto del Gobierno que buscaba ampliar el plazo de detención de personas extranjeras con orden de expulsión para facilitar su salida del país, frente a un 38% que no estaba al tanto. Se trata de un nivel de conocimiento ciudadano notablemente alto para un trámite legislativo específico, lo que confirma la relevancia que el tema migratorio tiene en la agenda pública.
La mayoría, en desacuerdo con el Congreso
Consultados directamente sobre si estaban de acuerdo o en desacuerdo con que el Congreso haya rechazado esta iniciativa, los resultados fueron categóricos: 58% se manifestó en desacuerdo con el rechazo, frente a solo un 28% que lo respaldó, mientras que un 14% no emitió opinión. Es decir, más del doble de los encuestados que sí tienen una postura formada rechaza la decisión que tomó la Cámara, confirmando que la voluntad ciudadana estaba claramente alineada con la propuesta del Ejecutivo, no con quienes terminaron bloqueándola.
Lo que realmente ocurrió en el Congreso
Como ya hemos reportado, el proyecto —impulsado en conjunto por los ministerios del Interior, Justicia y Seguridad Pública— buscaba ampliar el actual plazo de cinco días de detención administrativa a un rango de entre 5 y 60 días, renovable hasta en tres ocasiones y con control judicial en cada renovación. La votación, realizada el martes 22 de septiembre, obtuvo 88 votos a favor, 28 en contra y 19 abstenciones, quedando a un solo voto del quórum de 89 (4/7) exigido para aprobar una reforma constitucional.
El resultado se explica, en parte, por la ausencia de dos diputados republicanos que viajaban junto al Presidente Kast a la Asamblea General de la ONU, y por una descoordinación con parlamentarios del Partido de la Gente, la Democracia Cristiana y sectores de centroizquierda que, según los cálculos del propio Ejecutivo, debían respaldar la iniciativa y finalmente no lo hicieron. El diputado de RN Diego Schalper fue especialmente duro al respecto, acusando «inconsecuencia e incoherencia» de la izquierda, que «en la comisión votaron favorablemente este proyecto (…) y finalmente votan en contra en sala», apuntando también al PDG por declarar públicamente estar a favor de la seguridad mientras en la práctica terminaban votando en contra.
La defensa del Gobierno y lo que viene
El ministro de Justicia, Fernando Rabat, había defendido con firmeza la iniciativa durante el debate, argumentando que el actual plazo de cinco días «resulta insuficiente para completar todas las actuaciones que se exigen en un procedimiento de expulsión». Tras el resultado adverso, el ministro de la Segpres, José García Ruminot, reconoció el traspié apuntando a «imponderables», y confirmó que el Gobierno no dará por perdida la iniciativa. Buscará que el Senado la respalde con dos tercios de sus miembros para que el proyecto pueda regresar a la Cámara de Diputados, en lugar de quedar archivado por un año, como establece la regla general para este tipo de reformas rechazadas.
Una desconexión que los números confirman
Con estos resultados, Cadem deja en evidencia que la resistencia de parte de la oposición y del PDG a otorgar al Estado herramientas concretas contra la migración irregular no responde a lo que la mayoría de los chilenos espera de sus representantes. La ciudadanía, que en encuestas anteriores ya había mostrado un respaldo consistente y transversal a políticas migratorias más estrictas, vuelve a confirmar con este sondeo que exige acción efectiva frente al problema migratorio, mientras ciertos sectores del Congreso optan por frenar, con maniobras de último minuto o descoordinaciones convenientes, las herramientas que el Ejecutivo pone a su disposición para resolverlo.
