La tasa de victimización del comercio a nivel nacional bajó de 61,2% a 56,6% durante el primer semestre de 2026, según la última Encuesta de Victimización elaborada por la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (CNC), en una presentación que contó con la participación directa del ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, y que reveló además un salto notable en la evaluación ciudadana de la gestión del Gobierno en esta materia.
Una encuesta robusta, con siete ciudades analizadas
El estudio, elaborado por el Departamento de Estudios de la CNC, se aplicó entre el 3 de julio y el 24 de agosto de 2026 a un total de 1.210 establecimientos en siete zonas del país: Iquique, Antofagasta, Valparaíso-Viña del Mar, Gran Santiago, Concepción-Talcahuano, Temuco y Puerto Montt. Junto a la baja en victimización, la encuesta detectó una mejora en la percepción de seguridad de los barrios comerciales. Un 38,7% de los encuestados considera poco o nada seguro el entorno donde opera su negocio, cifra que mejora respecto del 43,3% de la medición anterior.
Entre los delitos más frecuentes que afectan al sector destacan el hurto o «robo hormiga» (22,6%) y el hurto simple (19,2%). Persiste, sin embargo, un problema estructural: 58,4% de los establecimientos que fueron víctimas de algún delito no realizó ninguna denuncia, principalmente por falta de confianza en la eficacia de ese trámite.
La evaluación al Gobierno, casi al doble
Uno de los datos más relevantes del estudio es el salto en la satisfacción de los comerciantes respecto de la forma en que el Gobierno enfrenta la delincuencia que afecta al sector. La evaluación positiva pasó de 29,9% a 56,3%, prácticamente duplicándose entre ambas mediciones. A esto se suma que un 53,6% de los encuestados espera que la delincuencia siga disminuyendo durante los próximos seis meses.
«Brotes verdes, pero con cautela»
El ministro Arrau, presente en la presentación de los resultados junto al presidente de la CNC, José Pakomio, y la gerente de Estudios del gremio, Bernardita Silva, valoró la cifra con un tono que combinó satisfacción y prudencia: «Son brotes verdes, son buenas noticias, pero también hay que ser muy cautos, que nos falta mucho camino por recorrer», señaló el secretario de Estado, agregando que el resultado «va en línea con las cifras de casos policiales que damos a conocer todas las semanas».
El ministro fue más allá en su lectura de fondo. «Estos resultados confirman algo fundamental: cuando la seguridad se convierte en una prioridad y existe coordinación entre el Estado, las policías, los municipios y el sector privado, es posible recuperar nuestros barrios. La caída de la victimización, la mejora en la percepción de seguridad y la evaluación más favorable de la acción del Gobierno son señales concretas de que vamos en la dirección correcta. La seguridad no es solamente un indicador: es una condición esencial para ejercer la libertad, emprender, trabajar y convivir en paz».
El desafío pendiente: comercio ilegal y crimen organizado
Pese al avance general, la encuesta identificó un problema que sigue concentrando buena parte de la inseguridad del sector. Los establecimientos con presencia de comercio ilegal en sus cercanías registran una victimización de 67,9%, muy por encima del 51,7% de aquellos que no enfrentan esa situación. Es más, mientras en los locales sin comercio ilegal cercano la victimización cae de forma significativa, entre los expuestos a esta actividad la disminución es apenas leve, lo que confirma que ahí se concentra el foco más resistente del problema. A esto se suma que un 21% de los locatarios señala observar presencia de crimen organizado siempre o con bastante frecuencia en su barrio.
Consultado sobre los desafíos que aún persisten, Arrau apuntó directamente a «la recuperación de espacios públicos, el comercio ambulante» y la extorsión como los principales frentes pendientes de la agenda de seguridad. El presidente de la CNC, José Pakomio, coincidió en ese llamado a no relajar los esfuerzos: «Los resultados entregan una señal esperanzadora, sin embargo, no podemos conformarnos mientras más de la mitad de los comercios siga siendo víctima de algún delito. Esta baja debe impulsarnos a profundizar aún más el trabajo coordinado entre el Estado, las policías, los municipios y el sector privado, para que estos resultados sean sostenidos».
Un mapa dispar entre regiones
Los resultados no fueron uniformes en todo el país. La caída más pronunciada se registró en Iquique, donde la victimización bajó de 60,7% a 43,9%, junto con mejoras relevantes también en Temuco y Santiago. En el extremo opuesto, la conurbación Valparaíso-Viña del Mar mostró un alza preocupante, subiendo de 54,5% a 66,6%, convirtiéndose en la única zona del estudio que retrocede en lugar de avanzar.
Un dato que se cruza con la política penitenciaria
En la misma instancia, Arrau fue consultado sobre una publicación reciente en sus redes sociales relacionada con una resolución judicial sobre el traslado de reos, tema que ya hemos cubierto en profundidad a propósito del caso del Clan Chen y la cárcel La Laguna. El ministro fue cuidadoso en no cuestionar directamente el fallo: «Yo nunca voy a hacer un juicio a valor de un fallo judicial», señaló, aunque reafirmó la postura de fondo del Gobierno. «Lo que yo expuse son los antecedentes técnicos que Gendarmería de Chile hizo ver en este proceso, nosotros creemos que la segmentación penitencial es fundamental y que las personas de cierto nivel de riesgo, de peligrosidad, de compromiso delictual tienen que estar en ciertos recintos que cumplen con esas condiciones», en línea con la misma estrategia de segregación penitenciaria que ha defendido el Gobierno desde el inicio de la Operación Cancerbero.
Un balance que respalda la gestión, con tareas claras hacia adelante
En conjunto, los resultados de esta encuesta —elaborada de forma independiente por el gremio del comercio, no por el propio Gobierno— entregan una validación externa relevante a la estrategia de seguridad que ha desplegado el Ejecutivo durante su primer semestre: menos victimización, mejor percepción y una evaluación ciudadana de la gestión gubernamental que prácticamente se duplicó. El propio sector privado, sin embargo, coincide con la autoridad en que el camino para consolidar estos avances —especialmente frente al comercio ilegal y el crimen organizado— recién comienza.
