La muerte del cabo segundo Cristopher Aguilera, baleado en la cabeza por un extranjero en situación irregular con antecedentes, reabre el debate sobre las herramientas del Estado frente a la delincuencia. Ocurre a seis días de que la Cámara rechazara por un voto la reforma para ampliar la detención de migrantes con orden de expulsión, y cuando Cadem muestra un respaldo ciudadano muy amplio a las medidas contra el crimen organizado.
Un carabinero muerto en pleno procedimiento
Aguilera tenía 30 años, era padre de un niño de nueve meses y pertenecía a la 42ª Comisaría de Radiopatrullas. Patrullaba la población Las Dunas, en Lo Espejo, junto a un compañero. Fiscalizaban a un grupo de unas siete personas cuando uno de ellos sacó un arma y, según los primeros antecedentes, disparó unas 20 veces. Aguilera recibió un balazo en la cabeza. Fue trasladado en helicóptero a la Clínica Las Condes, donde murió a las 21:48 horas. Su compañero repelió el ataque y abatió al agresor.
Lo que se sabe del atacante
El fiscal jefe de Flagrancia, Juan Cheuquiante, informó que era de nacionalidad venezolana y registraba detenciones previas por porte de arma cortante y cohecho. Su arma estaba adaptada con un cargador extendido. Arrau lo describió como un extranjero «aparentemente en situación irregular» que portaba un arma modificada. La Fiscalía levantó cerca de 30 evidencias balísticas y mantiene bajo indagación su situación migratoria. Lo que el caso pone sobre la mesa es qué herramientas necesita el Estado frente a personas irregulares con antecedentes y armas.
Arrau reconoció que «estamos en una situación muy compleja, muy crítica» y calificó el hecho como un ataque «a todo el pueblo de Chile». Kast lamentó el deceso y pidió al Congreso «que aceleremos el paso» en la agenda de seguridad.
El rechazo a la reforma: un voto que faltó
El martes 22, la Cámara votó la reforma constitucional que buscaba ampliar el plazo de detención de extranjeros con orden de expulsión administrativa, de cinco días a un máximo de 30, prorrogable con control judicial. Obtuvo 88 votos a favor, 28 en contra y 19 abstenciones, y necesitaba 89. Arrau recordó que la PDI estima que con 30 días la mayoría de los casos son materializables.
El diputado Marcos Barraza (PC) dijo: «Valoramos que la Cámara haya rechazado esta reforma». La presidenta del FA, Gael Yeomans, cuestionó el tratamiento de los menores. El fracaso también incluyó ausencias oficialistas y abstenciones de otros sectores, pero el mensaje político de parte de la izquierda fue de respaldo al resultado. Kast fue directo: «hoy perdió Chile». El Gobierno insistirá por la vía del Senado, donde necesita dos tercios.
Lo que dice Cadem
Aquí está el contraste. La medición Plaza Pública N°693 de Cadem preguntó si parece bien o mal que Chile colabore con los miembros del Escudo de las Américas y con EE.UU. en medidas concretas:
- 86% aprueba restringir el ingreso al país de integrantes de organizaciones criminales, y solo 8% lo rechaza.
- 81% apoya congelar bienes y activos de organizaciones criminales.
- 79% apoya capacitar a policías chilenos contra el crimen organizado.
- 77% apoya coordinar sanciones económicas contra esas organizaciones.
- 75% apoya coordinar acciones conjuntas contra organizaciones transnacionales.
El respaldo es algo menor, pero mayoritario, en el intercambio de inteligencia (70%) y en la supervisión de capitales (65%). En minerales estratégicos y tecnología de seguridad de EE.UU. baja al 55-57%.
La medición anterior de Cadem (N°692) mostró que 58% está en desacuerdo con que el Congreso rechazara ampliar el plazo de detención para expulsiones, frente a 28% de acuerdo. Además, 62% sabía del rechazo.
Del rótulo a los hechos
Hay un matiz que conviene decir. Sobre la adhesión al Escudo como tal, la opinión está dividida. Pero cuando se pregunta por las acciones concretas contra el crimen organizado, el apoyo es amplio. La ciudadanía separa la etiqueta política de las medidas que la afectan en su vida diaria.
Ese es el contraste con el mensaje de quienes celebraron el freno a la reforma. Mientras una parte del Congreso valora bloquear una herramienta de expulsión, la mayoría de los chilenos pide más control fronterizo, más coordinación y más capacidad policial. La muerte de un carabinero de 30 años, padre de un bebé de nueve meses, vuelve a poner esa urgencia en el centro.
