Bajo el gobierno de Boric se concedieron 276 rebajas de condena por delitos sexuales; bajo Kast, 56. La indignación selectiva oculta a los verdaderos responsables: un Congreso que legisla con goteras y tribunales que fijan criterios que después no quieren firmar.
Cuando en una casa se filtra el agua, el dueño puede culpar al que estaba de turno cuando se mojó la alfombra o puede mirar el techo. En Chile, con las rebajas de condena a condenados por delitos sexuales contra menores, casi todos han optado por lo primero. Y quienes más gritan son, curiosamente, los que construyeron el techo.
Partamos por los hechos. El Ministerio de Justicia dictó 56 decretos de rebaja de condena a condenados por abuso sexual y violación de menores entre el 11 de marzo y el 13 de septiembre de 2026. Es una cifra que indigna a cualquiera, y con razón. Pero el escándalo tiene memoria corta: según cifras obtenidas por Emol, en los últimos cinco años se han otorgado 332 rebajas de este tipo, y 276 de ellas se concedieron durante los cuatro años del gobierno de Gabriel Boric. Cinco veces más.
Aun así, la exvocera Camila Vallejo calificó de “gravísimo” que este Gobierno haya decretado las rebajas sin orden de la Corte Suprema, en un video que compartió el propio expresidente Boric. El exministro Jaime Gajardo sostiene que la diferencia está en el procedimiento. En su gobierno el criterio era rechazar y solo se concedía cuando el máximo tribunal lo ordenaba. Es un argumento atendible, pero deja una pregunta incómoda. Si la Corte ya había resuelto una y otra vez en el mismo sentido, ¿qué ganaba el Estado obligando a cada condenado a litigar para obtener lo que de todas formas iba a obtener? ¿Más rigor, o solo más tiempo para poder decir que fue otro el que firmó?
El fondo del asunto no es de firmas. Es constitucional. El ministro Fernando Rabat lo resumió con claridad: existe un principio constitucional que impide aplicar una ley de manera retroactiva en perjuicio del condenado. La Ley 21.421, que excluyó estos delitos del beneficio, se publicó el 9 de febrero de 2022. Todo delito cometido antes de esa fecha queda, por mandato de la Constitución, bajo las reglas antiguas. Ningún gobierno, de izquierda o de derecha, puede saltarse eso. Lo hizo Boric y lo hace Kast.
Tomás Mosciatti lo planteó sin rodeos en su comentario de esta semana: si se buscan responsables, hay que mirar a los parlamentarios que dictan las leyes y a los jueces que las interpretan. Tiene razón en ambos frentes. Fue la Corte Suprema la que, acogiendo recursos de amparo, estableció que las personas que tenían derecho al beneficio antes de 2022 eran merecedoras de él. Esa fue la doctrina que el Ministerio aplicó. Y, sin embargo, hoy la presidenta de la Corte, Gloria Ana Chevesich, marca distancia: recuerda que fue el ministro de Justicia quien dictó los decretos. Los tribunales fijan el criterio y, cuando estalla el escándalo, le pasan la cuenta al que lo cumplió.
Y aquí es donde hay que mirar el techo. Nadie puede pedirle al Congreso que aplique una ley hacia atrás: la Constitución lo impide, y bien hecho que así sea. Pero sí se le puede pedir que escriba bien la ley hacia adelante. La de 2022 nació tras más de dos años de tramitación, y aun así quedó con una excepción: la exclusión no se aplica si la sentencia reconoció una atenuante específica del Código Penal. Hoy es la propia presidenta del Senado, Paulina Núñez, la que anuncia un proyecto para eliminar esa excepción, vinculada al artículo 73 del Código Penal. En cuestión de horas tras conocerse la noticia, diputados y senadores de todos los sectores anunciaron cinco proyectos con el mismo objetivo. Cinco proyectos en horas para corregir lo que no hicieron en años. Y mientras tanto, la bancada comunista junta firmas para interpelar al ministro que aplicó la ley que ellos mismos dejaron así.
El patrón no es nuevo, y eso es lo más grave. Se aprueban leyes a la rápida para la foto, se descubren sus vacíos cuando ya causaron daño y luego se aprueba otra ley para parchar la anterior. Cada parche se celebra como un logro, y cada error se le carga al gobierno de turno. Los legisladores no pagan el costo de legislar mal; lo pagan las víctimas, los fiscales, los jueces y los ministros que deben aplicar normas mal escritas.
Cuesta no preguntarse qué estamos financiando. Los chilenos pagan, con sus impuestos, a un Congreso que tiene asesores, comisiones técnicas y años de tramitación para hacer bien su trabajo. Si con todo eso el resultado es una ley que hay que corregir antes de cumplir cinco años, el problema no está en La Moneda. Está en el hemiciclo. Y no hay interpelación que lo resuelva.
Es bueno que hoy existan proyectos para cerrar la excepción, y que el Gobierno haya suspendido los decretos mientras el Congreso los tramita con discusión inmediata. Pero que nadie se engañe: el principio de irretroactividad sigue en la Constitución, y cualquier regla que intente aplicarse hacia atrás tendrá que superar ese límite. Lo mínimo que se le puede pedir a quienes escribieron la ley, y a quienes fijaron cómo aplicarla, es que esta vez la hagan bien. Y que antes de apuntar al que abrió la llave, revisen las goteras que dejaron en el techo.
