La historia reciente de Chile demuestra que los llamados a marchar rara vez terminan en paz. Ahora el Partido Comunista vuelve a encender la mecha.
El 11 de mayo, en medio del tenso debate por la Ley de Reconstrucción Nacional, la diputada del Partido Comunista Lorena Pizarro encendió una alarma que muchos chilenos reconocen de memoria. Desde Radio Nuevo Mundo, llamó abiertamente a salir a las calles: «Hay que organizarse, hay que movilizarse, porque hay una lógica que se instaló después del ’90, que se cree que el Congreso resuelve todo.»
Y fue más lejos: «Nosotros no vamos a poder revertir lo que quiere hacer el Ejecutivo si no se organiza el pueblo, si no está el pueblo exigiendo que estos retrocesos criminales se detengan.
Las palabras de Pizarro no cayeron en el vacío. Para quienes vivieron el estallido de 2019, el lenguaje es familiar. Y el recuerdo, doloroso.
Lo que Chile ya vivió: cuando «marchar» se convirtió en destrucción
Chile tiene una herida abierta en su memoria colectiva. Veinticinco estaciones del Metro fueron quemadas entre la noche del 18 y el 19 de octubre de 2019. En total, 118 sufrieron daños en distinto nivel, lo que significó un gasto de reconstrucción de 250 millones de dólares.
Lo que comenzó como un llamado a evadir el torniquete del Metro escaló, en cuestión de horas, a una ola de destrucción sin precedentes en la historia democrática del país. Decenas de manifestantes incendiaron barricadas en la Alameda, saqueos de comercios y ataques a instalaciones públicas se registraron en todo el país, antes de ser dispersados por la policía. Y no fue un episodio aislado: un año después, durante la conmemoración del primer aniversario del estallido, dos iglesias fueron quemadas, hubo saqueos a locales comerciales, barricadas, y Carabineros detuvo a casi 600 personas.
El patrón se repitió una y otra vez. Marcha convocada. Violencia desatada. Daños que pagan todos los chilenos.
La respuesta del gobierno y del mundo político
El Presidente José Antonio Kast reaccionó de inmediato. A través de su cuenta de X, acusó al PC de intentar «agitar las calles y frenar los avances que democráticamente impulsan el Gobierno y el Congreso.»
Pero fue el presidente del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, quien fue más lejos con una advertencia que marcó la agenda política de la semana.
Kaiser afirmó que «el Partido Comunista de Chile, siendo marxista-leninista, es un partido que no condena la violencia como método de acción política», y agregó que la colectividad estaría detrás de episodios de violencia registrados en establecimientos educacionales y otras actividades políticas.
«Creemos que, en un futuro próximo, debiesen hacerse valer las responsabilidades institucionales del Partido Comunista por cualquier acto de violencia que se cometa en el marco de las actividades a las cuales están llamando», señaló el líder del PNL, para luego ir aún más lejos: de concretarse hechos violentos, se debería «iniciar un proceso sancionatorio que puede terminar en su disolución.»
El PC responde: acusan al gobierno de «autoritarismo»
Desde el mismo PC, la reacción no se hizo esperar. El diputado Luis Cuello tildó de «injuriosas» las declaraciones del Mandatario: «Los comunistas defendemos la democracia. Son otros los que buscan gobernar por decreto para favorecer a los más ricos y arrebatarle la salud y la educación a los chilenos.»
La diputada Daniela Serrano, jefa de bancada del PC, también cuestionó al Presidente: «Lo que conocemos son los recortes presupuestarios. Si él va a confundir una política de gobierno con avances democráticos, tiene que ser muy claro.»
El cruce de declaraciones deja al país ante un escenario de alta tensión política: un partido de oposición llamando a la movilización callejera, y un gobierno que advierte que no tolerará que la democracia sea usada como trampolín para la violencia.
La pregunta que muchos chilenos se hacen hoy es la misma de siempre: ¿quién responde por los daños cuando las marchas se descontrolan?
