43 delitos promedio al año en establecimientos educacionales. Solo el 20% de las denuncias termina en sanción efectiva. Profesores que no pueden expulsar, directores que no pueden actuar y apoderados violentos que vuelven al día siguiente. Ese Chile escolar termina hoy. La ley Escuelas Protegidas acaba de ser aprobada por el Congreso.
Hace algunas horas, el Congreso Nacional dio el paso que las comunidades educativas del país llevaban años esperando. El proyecto de ley que establece medidas de seguridad, orden y respeto para la comunidad educativa, conocido como «Escuelas Protegidas», fue aprobado en el Congreso y quedó listo para convertirse en ley de la República.
No fue un trámite fácil ni rápido. El proyecto recorrió un largo camino legislativo que comenzó en abril con su aprobación en la Cámara de Diputados, continuó con meses de debate en el Senado y culminó hoy con la aprobación definitiva. El proyecto fue ratificado por la Sala en cuatro votaciones, con tres reservas de constitucionalidad presentadas por parlamentarios opositores.
La oposición cuestionó hasta el final. Chile, sin embargo, tiene hoy una ley que sus profesores, directores y apoderados necesitaban urgentemente.
El problema que esta ley viene a resolver
Para entender por qué esta ley importa, hay que mirar los números que la ministra de Educación, María Paz Arzola, puso sobre la mesa durante el debate legislativo:
«Se han constatado 43 delitos en promedio por año en los establecimientos educacionales. De las denuncias presentadas, solo un 20% termina en una sanción efectiva.»
En otras palabras, los colegios chilenos son escenario de casi un delito por semana en promedio. Y de cada cinco denuncias que se hacen, cuatro terminan sin consecuencia alguna para quien cometió el acto.
Ese es el contexto de impunidad que generó la crisis de convivencia escolar que hoy afecta a colegios de todo Chile: desde los liceos emblemáticos del centro de Santiago hasta las escuelas rurales del sur. Profesores amenazados. Alumnos agredidos. Directores sin herramientas legales para actuar. Apoderados violentos que regresan al día siguiente como si nada.
Las 5 medidas clave de la nueva ley
1. Revisión de mochilas, bolsos y bolsillos
Los sostenedores podrán incorporar en sus reglamentos internos la revisión de mochilas, bolsos u otros efectos personales de los estudiantes, excluyendo sus vestimentas, a fin de evitar el ingreso, uso, porte y posesión de elementos que puedan ser utilizados para agredir a otros o para atentar contra la infraestructura del establecimiento.
El procedimiento exige la presencia de al menos dos adultos del establecimiento. En caso de que un alumno se niegue a la inspección, el personal deberá contactar de inmediato a los padres o apoderados. Si persiste la negativa tras la llegada del apoderado, este deberá retirar las pertenencias del establecimiento.
En términos simples, ningún alumno podrá ingresar a clases con un arma, un cuchillo o cualquier objeto peligroso sin que el colegio pueda hacer algo al respecto. Por primera vez, los directores tienen respaldo legal para actuar.
2. Prohibición de capuchas y prendas que impidan la identificación
El proyecto contempla que los reglamentos internos puedan incluir «prohibiciones de uso de vestimentas o accesorios que impidan la identificación facial». Esta regla no se aplicará en casos justificados por salud, creencias religiosas, identidad de género o necesidades climáticas.
La medida apunta directamente a uno de los fenómenos más documentados de la violencia escolar en Chile: adultos encapuchados que ingresan a establecimientos para protagonizar disturbios, exactamente como ocurrió en noviembre de 2023 en el Liceo de Aplicación, donde Carabineros sorprendió a personas de entre 19 y 24 años, disfrazadas de estudiantes, con herramientas para romper portones.
3. Restricción de ingreso a apoderados violentos
Los reglamentos internos podrán restringir el ingreso a los establecimientos de apoderados que hayan agredido física, verbal o digitalmente a funcionarios o estudiantes.
Era una de las demandas más urgentes de los docentes. Un apoderado que agrede a un profesor o a otro alumno podía volver al día siguiente sin consecuencia alguna. Con esta ley, el colegio tiene respaldo legal para impedírselo.
4. Sanciones por interrupción de clases
El proyecto establece sanciones concretas para quienes interrumpan el normal funcionamiento de los establecimientos educacionales. La medida apunta directamente a las tomas, los paros ilegales y las interrupciones forzadas de clases, que han privado a miles de estudiantes del derecho a educarse durante años.
5. Pérdida de gratuidad para condenados por violencia escolar
El proyecto establece que se podrá perder el beneficio de gratuidad universitaria bajo ciertas condiciones vinculadas a hechos de violencia cometidos al interior o en el entorno de establecimientos educacionales. La medida aplica el mismo principio del Registro de Vándalos anunciado en la Cuenta Pública: quien destruye el bien común no puede recibir sus beneficios.
El rol de Carabineros y la PDI: presencia legal en los colegios
Los funcionarios de Carabineros y la Policía de Investigaciones de Chile deberán, sin orden del fiscal y previo requerimiento de las autoridades del establecimiento, acudir al recinto cuando sean requeridos para restablecer el orden.
Este punto es fundamental. Hasta hoy, la presencia policial en un establecimiento educacional requería una cadena burocrática que hacía que cuando Carabineros llegaba, el conflicto ya había escalado o se había disuelto sin consecuencias. Con la nueva ley, el director llama, Carabineros acude. Sin intermediarios. Sin esperas.
La ministra que celebra y el mensaje que envía
La ministra de Educación, María Paz Arzola, valoró la aprobación indicando que con la futura normativa brindarán certezas a los establecimientos educacionales y señales claras respecto a no tolerar la violencia. «Tenemos una iniciativa. Estamos conformes. Quiero dar las gracias a quienes están acá, pero también a parlamentarios de otros partidos que también colaboraron para poder sacar adelante esta iniciativa.»
«Creo yo que se ha entendido la urgencia de poder legislar y dar más certezas y más herramientas a los establecimientos educativos, así como también dar señales claras de que la violencia y los delitos no deben tener lugar en el espacio educativo», subrayó.
El agradecimiento de la ministra a «parlamentarios de otros partidos» no es retórica. La ley fue aprobada con respaldo transversal, incluyendo votos de sectores que en un principio habían cuestionado algunas de sus disposiciones más controversiales. El resultado final es una ley que, aunque tiene tres reservas de constitucionalidad que resolverá el Tribunal Constitucional, refleja un amplio consenso sobre algo que Chile tardó demasiado en reconocer: la violencia en los colegios no puede seguir siendo tolerada.
Las reservas de constitucionalidad: lo que viene después
El proyecto fue ratificado con tres reservas de constitucionalidad presentadas por parlamentarios opositores. Las reservas apuntan principalmente a las disposiciones sobre revisión de mochilas y pérdida de gratuidad, que algunos parlamentarios consideran que podrían colisionar con garantías constitucionales de privacidad y educación.
El Tribunal Constitucional resolverá esas dudas. Pero la historia reciente muestra que la mayoría de las reservas de constitucionalidad no prosperan cuando las disposiciones legales están bien fundamentadas. Y en este caso, el gobierno construyó cuidadosamente las garantías del procedimiento: dos adultos presentes, prohibición de contacto físico, información inmediata a apoderados y policías.
La ley contempla además una entrada en vigencia gradual, coordinada con la implementación de la normativa sobre convivencia, buen trato y bienestar de las comunidades educativas. No todo cambia de un día para otro. Los colegios tendrán un período de adaptación para incorporar las nuevas disposiciones en sus reglamentos internos.
Lo que cambia en la vida real de los colegios
Para un director de liceo en La Pintana que lleva años sin herramientas para expulsar a un alumno reincidente en violencia, esta ley es un punto de inflexión. Para un profesor de kínder en Concepción que fue agredido por un apoderado y vio cómo ese apoderado volvía a buscar a su hijo al día siguiente, esta ley es una victoria largamente esperada. Para un estudiante de primer año medio que no puede aprender porque su sala es interrumpida semana a semana, esta ley es el reconocimiento de que su derecho a educarse vale tanto como el de cualquier otro.
La violencia escolar no tiene una sola causa. No tiene una sola solución. Esta ley no es la bala de plata que resolverá décadas de deterioro de la convivencia escolar en Chile. Pero es el primer paso concreto, con respaldo legal, para revertir una tendencia que durante demasiados años fue normalizada por quienes debían combatirla.
Chile tiene hoy una ley que le dice a sus comunidades educativas algo simple y poderoso: en los colegios de este país, las reglas se respetan. Y quien no las respete, enfrentará consecuencias.
