Estafadores, ladrones y traficantes de droga tocaron el timbre de tu casa en 2024. Te pidieron que les abrieras. Te preguntaron cuántos vivían. Y el gobierno que los mandó debería haber sabido, quiénes eran. Eso es lo que destapó la Contraloría en su auditoría al Censo 2024 del INE: uno de los operativos más sensibles del Estado chileno, ejecutado con personas que no debían estar ahí, pagos sin justificación y dispositivos tecnológicos que nadie sabe dónde están.
El Censo de Población y Vivienda es el operativo más íntimo que ejecuta el Estado chileno. No es una licitación de obras públicas. No es una transferencia bancaria. Es una persona que llega a la puerta de tu casa, te pide que abras, entra a tu domicilio y pregunta quiénes viven, cuántos son, qué edades tienen y cómo está construida tu vivienda.
En 2024, bajo el gobierno de Gabriel Boric, ese operativo fue ejecutado con 16 personas condenadas por estafa, robo, hurto, lesiones y tráfico de drogas. Con 14 extranjeros sin autorización para trabajar en Chile, y con uno de ellos que tenía una orden de expulsión administrativa vigente en el momento en que fue contratado.
Eso es lo que encontró la Contraloría General de la República en su auditoría al Censo 2024, publicada el 10 de junio de 2026.
Los 16 delincuentes que tocaron tu puerta
La lista de delitos es reveladora. No son infracciones menores. No son multas de tránsito. Son delitos que en cualquier selección de personal mínimamente se hubieran descartado a estas personas en el primer filtro. Estafadores que entran a tu casa a pedirte información personal. Ladrones que registran cuántos objetos de valor tienes. Traficantes de drogas que saben cuántas personas viven en tu domicilio y en qué horario.
En concreto, en seis casos, los certificados de antecedentes mostraban las condenas y la empresa los ignoró. En diez casos, nadie siquiera pidió los certificados. El filtro básico que cualquier empresa privada aplica al contratar personal que entra a los hogares de sus clientes, sencillamente no existió.
Los 14 extranjeros sin permiso: uno con orden de expulsión
El informe también advierte que 14 ciudadanos extranjeros fueron contratados pese a no contar con autorización vigente para trabajar en Chile. Entre ellos figuraban personas con permisos de residencia revocados e incluso un caso con una orden de expulsión administrativa pendiente.
Este es el hallazgo más difícil de explicar. Un extranjero con orden de expulsión activa no solo no tiene derecho a trabajar en Chile. Técnicamente no tiene derecho a permanecer en el país. Y sin embargo, alguien lo contrató para hacer el Censo. Alguien le asignó un sector. Y ese alguien fue el INE, bajo la supervisión del gobierno de Boric.
El director del SERMIG, Frank Sauerbaum, calificó los hechos como graves e informó que «estamos analizando estos antecedentes justamente porque, según la ley, procede la multa respectiva a estas empresas y al INE por haber contratado a personas irregulares. Una contrató a nueve personas y la otra contrató a cuatro. Además, el INE contrató a una persona más. Por otra parte, hubo cinco personas a las que se les había revocado la visa.»
La ironía es perfecta: el mismo gobierno que no pudo deportar a decenas de miles de extranjeros en situación irregular contrató a uno de ellos, con orden de expulsión activa, para hacer el Censo.
El dinero que se pagó sin saber a quién: $166 millones sin respaldo
Los delincuentes y los ilegales son el titular. Pero el desgobierno administrativo del Censo va mucho más allá.
El INE no pudo acreditar que más de 515 censistas hayan realizado efectivamente las tareas encomendadas, a pesar de haber recibido pagos por un total de $166.356.508.
515 censistas cobraron por un trabajo que el INE no puede demostrar que realizaron. No hay registros de visitas. No hay evidencia de que fueran a los domicilios asignados. Solo un pago. Un pago de $166 millones de pesos que el Estado de Chile no puede justificar con ningún documento.
El 1 de mayo de 2024, el INE pagó $134.243.088 a nivel nacional para el traslado de funcionarios y censistas. Sin embargo, ese día no se realizaron labores censales para justificar dicho pago.
El 1 de mayo es feriado en Chile. No había Censo ese día. Y sin embargo, el INE pagó $134 millones por traslados de funcionarios que no se trasladaron a ningún trabajo censal. Es el tipo de gasto que en una auditoría seria lleva a la pregunta más básica del mundo: ¿dónde fue ese dinero?
Los 29.000 smartphones que nadie sabe dónde están
Si el cuadro de las personas mal contratadas es escandaloso, el de los dispositivos tecnológicos es directamente inexplicable.
El Censo 2024 requirió equipamiento tecnológico masivo: tabletas, smartphones y computadores para que los censistas pudieran registrar digitalmente la información. Ese equipamiento fue comprado con recursos públicos. Y más de un año después de terminado el Censo, el INE no había planificado qué hacer con él. 29.226 smartphones y 484 computadores, almacenados sin uso, sin destino definido y sin nadie responsable de su resguardo.
El valor de ese equipamiento sin uso equivale a varios miles de millones de pesos del erario público, deteriorándose en una bodega.
Las otras irregularidades: el conflicto de interés y los empleados públicos dobles
Hubo conflicto de interés con una exasesora del Censo en licitación millonaria.
Los detalles del conflicto de interés apuntan a una funcionaria que participó en el diseño del proceso censal y que luego apareció vinculada a una de las empresas que ganó una licitación millonaria para ejecutarlo. El tipo de situación que en cualquier servicio público bien administrado genera alertas automáticas y que en el INE del gobierno de Boric pasó desapercibida.
Además, un total de 267 personas que prestaron servicios en el INE para la ejecución del censo se encontraban simultáneamente contratadas por otras instituciones públicas, sin haberlo declarado formalmente. Estos casos han sido remitidos al Ministerio Público.
267 personas cobrando por el Censo mientras tenían contratos paralelos con otros organismos del Estado, sin declararlo. La obligación de informar esa situación existe precisamente para evitar el doble cobro y los conflictos de interés. 267 personas no la cumplieron. Y nadie lo verificó.
Las consecuencias: sumario, Fiscalía y multas
Ante el volumen de irregularidades detectadas, la respuesta institucional fue múltiple. Se inició un sumario administrativo y denuncias al Ministerio Público, con la Contraloría ordenando un procedimiento disciplinario en 15 días.
La Contraloría formuló un reparo por $315.645.819 y se está analizando la reevaluación presentada por la entidad auditada por el pago sin justificación por $166.356.508.
El INE, por su parte, reconoció las irregularidades y presentó una solicitud de reconsideración legal ante la Contraloría respecto a algunas de las observaciones. Es decir, el organismo que cometió las irregularidades está pidiendo que le reconsideren parte de los reparos. El Estado chileno gastó dinero, contrató delincuentes y ahora pide que le revisen la cuenta.
Lo que este escándalo le dice a Chile
El Censo no es cualquier operativo gubernamental. Es el único momento en que el Estado entra físicamente a los hogares de todos los chilenos. La confianza ciudadana en ese proceso es fundamental para que funcione: si la gente no abre la puerta, los datos son inútiles. Y esa confianza supone una condición mínima. Que quienes toquen tu timbre hayan sido verificados, que sean quienes dicen ser y que el Estado haya cumplido con la responsabilidad básica de revisar sus antecedentes.
El gobierno de Boric no cumplió esa condición. Mandó a la puerta de tu casa a personas condenadas por tráfico de drogas, robo y estafa. Mandó a extranjeros sin derecho a trabajar en Chile, incluyendo a uno con orden de expulsión activa. Pagó $166 millones por trabajo que no puede demostrar que se realizó. Y dejó 29.000 smartphones sin destino en una bodega.
No es descuido. Es desgobierno. Y tiene nombre, institución y gobierno responsable.
