Este lunes 27 de julio, el ministro en visita para causas de Derechos Humanos, Álvaro Mesa Latorre, se reunió con los familiares de Bernarda Rosalba Vera Contardo para comunicarles el resultado del informe pericial genético de ADN realizado por el Servicio Médico Legal en conjunto con el Poder Judicial. Los antecedentes científicos acreditaron una probabilidad de identificación superior al 99,9999%. La mujer localizada en Argentina es Bernarda Vera. La misma que el Informe Rettig registraba como ejecutada por militares en octubre de 1973. La misma cuyos datos aparecen en el Museo de la Memoria como parte del listado oficial de 1.469 detenidos desaparecidos.
Está viva. Tiene más de 80 años. Y el Estado chileno lo sabía, al menos en parte, desde hace 19 años.
Quién era Bernarda Vera en 1973
Bernarda Vera tenía 27 años y trabajaba como profesora de educación básica en Neltume cuando se perdió su rastro en octubre de 1973. Militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) y conocida por el alias político «Anita», había dejado a una hija al cuidado de sus padres en Valdivia para ir a trabajar en esa zona de la Región de Los Ríos, epicentro de la conflictividad política del período.
Los antecedentes incorporados al Informe Rettig señalaban que había sido detenida en Trafún y ejecutada en las cercanías del río Toltén. Su caso quedó vinculado a lo que se conoce como la «masacre de Liquiñe», por el que ya existen condenas judiciales. Su nombre fue incorporado al registro oficial de víctimas de desaparición forzada del Estado chileno.
Lo que realmente ocurrió: la fuga que nadie supo
Otra versión, sin embargo, señalaba que nunca fue detenida y que huyó a Argentina. Los reportajes recogieron antecedentes que apuntaban a que Vera habría logrado escapar tras los hechos de 1973 junto a un grupo encabezado por el ciudadano sueco Svante Grände, conocido como «Julio».
Registros migratorios mostraban que una mujer con su nombre obtuvo residencia en Suecia en 1978 y posteriormente adquirió la nacionalidad sueca. En algún momento regresó a Argentina, donde la encontraron viviendo en Mar del Plata. El caso se convirtió en noticia pública en septiembre de 2025, cuando Chilevisión emitió un reportaje que reveló que Bernarda Vera, quien aparecía oficialmente como detenida desaparecida, se encontraba con vida en Argentina.
El dato que más duele: el Estado lo sabía desde 2007
Hasta aquí, la historia es extraordinaria pero podría explicarse como el resultado de las circunstancias caóticas y la dificultad de reconstruir lo ocurrido décadas después. Lo que no tiene explicación razonable es lo siguiente: Sandro Gaete, ex coordinador del Plan Nacional de Búsqueda del gobierno, señaló que el Estado chileno supo de que Bernarda Vera podría estar con vida primero en 2007 y luego en 2024, cuando esta información fue reafirmada. Esta información, pese a estar en poder de las autoridades, no condujo al esclarecimiento del caso.
- Diecinueve años. Cuatro presidentes distintos tuvieron en su poder la información de que Bernarda Vera podría estar viva, y ninguno de sus gobiernos tomó las medidas necesarias para confirmarla o descartarla con certeza. La investigación no concluyó hasta que el reportaje de Chilevisión en septiembre de 2025 forzó la mano judicial y el Servicio Médico Legal hizo el trabajo en meses que no hicieron en casi dos décadas.
Durante ese tiempo, la familia de Bernarda Vera siguió cargando con el duelo de una ejecutada. Siguió honrando su memoria como víctima de la dictadura. Siguió sin saber que su madre, su hermana, su hija, estaba viva.
¿Cuántos más hay en la lista?
El caso Bernarda Vera abre una pregunta que la institucionalidad chilena de derechos humanos no tiene protocolo para responder: ¿cuántas otras personas en el listado oficial de 1.469 detenidos desaparecidos podrían haber sobrevivido en circunstancias similares — huyendo, refugiándose en el extranjero bajo otra identidad — y estar aún con vida o haber muerto en otro país sin que nadie lo supiera?
Esta no es una pregunta que cuestione la existencia de crímenes de la dictadura. Las violaciones a los derechos humanos cometidas entre 1973 y 1990 están documentadas, condenadas judicialmente y son parte de la historia de Chile. Lo que el caso Vera sí cuestiona es la integridad del proceso de verificación: si una persona pudo permanecer en la lista oficial de ejecutados durante 53 años cuando en realidad escapó, ¿con qué certeza están verificados todos los demás casos?
El Poder Judicial anunció que mantendrá la causa bajo «estricto secreto de la investigación». La investigación continúa, porque aún hay preguntas abiertas sobre las circunstancias exactas de lo ocurrido en 1973. Pero lo que ya no es una pregunta es quién es la mujer que vive en Argentina: es Bernarda Vera, con 99,9999% de certeza.
