100 años llevaba Chile con una ley que discriminaba a las mujeres en el mercado laboral. Empresas de más de 20 trabajadoras tenían que pagar sala cuna. Las que tenían menos, no. Y las trabajadoras independientes, nada. El lunes 15 de junio, José Antonio Kast cumplió su promesa pública y presentó las indicaciones que terminarán con esa barrera histórica. Sin encarecimiento del trabajo. Con gradualidad de 4 años. Y con el Fisco como respaldo de último recurso.
El lunes 15 de junio, rodeado de las ministras de Educación, Mujer y Trabajo, el Presidente José Antonio Kast presentó ante el país las indicaciones al proyecto de Sala Cuna Universal que su gobierno ingresará a la Comisión de Educación del Senado. Fue en La Moneda. Con fecha, con cifras y con el diseño completo del sistema.
Era una promesa hecha el 1 de junio en la Cuenta Pública, con fecha específica: el 15 de junio. El gobierno cumplió. Dos semanas después de haberlo anunciado ante el Congreso pleno, las indicaciones existen, tienen nombre, tienen número y tienen un mecanismo de financiamiento que responde a la pregunta más difícil del debate: ¿quién paga?
Por qué esta ley es histórica
Para entender la magnitud de lo que se está legislando, hay que saber qué existía antes.
El Gobierno busca avanzar hacia un sistema de cobertura universal que reemplace limitaciones vigentes desde 1917.
- La ley que regulaba la sala cuna en Chile fue dictada hace más de un siglo, en un contexto laboral completamente diferente al actual. Establecía que solo las empresas con 20 o más trabajadoras mujeres tenían la obligación de proveer sala cuna. El resultado práctico de esa norma era paradójico y cruel: muchas empresas preferían contratar menos de 20 mujeres para evitar la obligación. La ley diseñada para proteger a las madres trabajadoras se había convertido en un incentivo para discriminarlas en la contratación.
Las trabajadoras independientes, las trabajadoras de casa particular y los padres trabajadores con hijos a su cargo estaban completamente excluidos del sistema. Sin acceso. Sin beneficio. Sin derecho.
Eso es lo que la Sala Cuna Universal viene a corregir.
El financiamiento: la solución que nadie esperaba
La pregunta que bloqueó durante décadas la discusión de la Sala Cuna Universal no era ideológica. Era económica: ¿quién paga? Si lo paga el empleador directamente, encarece el trabajo femenino. Si lo paga el fisco, impacta el presupuesto. Si lo paga la trabajadora, no resuelve el problema.
El gobierno de Kast presentó una solución que ningún gobierno anterior había logrado implementar: un fondo solidario financiado con una cotización que se compensa con una reducción equivalente en el seguro de cesantía.
El ministro Rau explicó que «el Fondo de Sala Cuna se va a financiar con una cotización de 0,35%, la cual va a ser compensada en una disminución por igual porcentaje de las cotizaciones que paga el empleador al seguro de cesantía. Es decir, no va a haber un encarecimiento de costos laborales, no hay impuesto al trabajo.»
El mecanismo en términos simples: hoy el empleador paga un porcentaje al seguro de cesantía. Con la nueva ley, ese porcentaje se reduce en 0,35% y ese mismo 0,35% va al Fondo de Sala Cuna. El empleador paga lo mismo que hoy. Solo cambia el destino de una parte de esa cotización.
La compensación se distribuirá entre dos componentes: una reducción de 0,2% de la tasa de cotización de cargo del empleador destinada a las cuentas individuales del Seguro de Cesantía y una reducción de 0,15% de la tasa de cotización al Fondo de Cesantía Solidario.
El gobierno fue explícito en que esa compensación no pone en riesgo la sustentabilidad a largo plazo de los fondos de cesantía, según proyecciones de la Superintendencia de Pensiones.
El aporte fiscal: el Estado como red de seguridad
El diseño del fondo no descansa únicamente en la cotización del empleador. El Estado entra como respaldo.
Existirá un aporte fiscal de 11.631 UTM, aproximadamente $10 mil millones, en los dos primeros años siguientes a la publicación de la ley. Finalmente, en caso de que los recursos del Fondo sean insuficientes, la diferencia será de cargo fiscal.
$10 mil millones de aporte estatal en los dos primeros años. Y si el fondo no alcanza, el Fisco cubre la diferencia. Es la señal más clara de que el gobierno diseñó este sistema para que funcione: no con la esperanza de que alcance, sino con la certeza de que el Estado entra a cubrir si no alcanza.
La gradualidad de 4 años: quiénes entran primero y quiénes después
La implementación del beneficio no será inmediata para todos los sectores, sino que seguirá un cronograma de cuatro años. En el primer año, se integrarán las trabajadoras dependientes. En el segundo, las independientes y trabajadoras de casa particular. El tercer año marcará un hito al incluir a los padres trabajadores, y el cuarto año cubrirá a padres cuyas parejas no estén trabajando ni estudiando.
La gradualidad no es una postergación indefinida. Es un cronograma específico con fechas y grupos definidos. Cada año que pasa, el universo de beneficiarios se amplía. Al cuarto año, el sistema es verdaderamente universal.
El Presidente Kast fue directo sobre por qué la gradualidad es necesaria: «Uno podría firmar un proyecto y entusiasmar a muchas personas, y quizás podría sostenerlo dos años, pero en el tiempo no sería viable.»
El alivio para las pymes: sin obligación de proveer sala cuna directamente
Uno de los cambios más significativos del nuevo diseño respecto a versiones anteriores del proyecto es la eliminación de la obligación directa del empleador de proveer una sala cuna.
El ministro del Trabajo señaló: «En versiones anteriores obligaba a proveer de sala cuna y para una pyme tiene un costo muy alto. Lo estamos liberando de esa responsabilidad.»
El empleador no estará obligado a proveer directamente una sala cuna cuando esta no exista. Tampoco se establece un copago cero obligatorio por parte de los empleadores para acceder al beneficio.
En el modelo anterior, una empresa que superaba cierto número de trabajadoras debía encontrar, contratar y pagar una sala cuna para sus empleadas. Para una Pyme en una ciudad pequeña, donde no existe oferta de salas cunas, eso era prácticamente imposible. El nuevo modelo resuelve ese problema: la empresa no busca la sala cuna. El Fondo paga la sala cuna que la trabajadora elija, siempre que sea autorizada por el Estado.
La supervisión: Superintendencia de Pensiones a cargo
La fiscalización del funcionamiento del fondo y el cumplimiento de las obligaciones será responsabilidad de la Superintendencia de Pensiones.
Se establece la creación de una Comisión Técnica de Financiamiento y Sustentabilidad, encargada de proponer el valor del aporte y evaluar la viabilidad financiera del fondo.
El diseño institucional del sistema incluye dos capas de supervisión. La Superintendencia de Pensiones fiscaliza el uso de los recursos. Y una Comisión Técnica independiente evalúa cada año si el fondo es viable y propone ajustes si es necesario. Es la diferencia entre una ley que se aprueba y se olvida, y una ley que tiene mecanismos de corrección incorporados.
Lo que dijo Kast al presentarla
El Presidente fue claro sobre la filosofía detrás del diseño: «Hay que unir los dos conceptos: la gradualidad y la responsabilidad.»
Y fue igualmente claro sobre el propósito de fondo: «Lo que buscan estas indicaciones es un justo equilibrio.»
Un equilibrio entre la universalidad del beneficio y la sustentabilidad del financiamiento. Entre la urgencia de las mujeres que necesitan sala cuna hoy y la responsabilidad de no crear un sistema que colapse en dos años. Entre el derecho de las trabajadoras y la capacidad real de las empresas, especialmente las pequeñas, de absorber nuevas obligaciones.
Lo que esto significa para las mujeres chilenas
La tasa de desempleo femenina en Chile llega al 10,5%, la más alta en años. Una parte significativa de esa brecha se explica por la dificultad de conciliar el trabajo con el cuidado de hijos en edad preescolar. La sala cuna no es solo un beneficio social. Es una herramienta concreta de inserción laboral femenina.
Cada mujer que hoy no trabaja porque no tiene dónde dejar a su hijo de dos años es una trabajadora que el mercado laboral pierde. Es un ingreso que una familia no tiene. Es una carrera profesional que se pausa o se abandona.
El abogado laboral Marcelo Albornoz plantea que «si bien la gradualidad retrasa la aplicación del beneficio, estimo que ella es muy necesaria para que el sistema de funcionamiento y financiamiento del nuevo modelo de sala cuna universal vaya consolidándose.»
El sistema que el gobierno de Kast diseñó responde a esa realidad con una propuesta que no carga al empleador, que tiene respaldo fiscal, que se implementa por etapas y que tiene supervisión técnica permanente. No es perfecta. Pero es viable. Y lo que es viable tiene oportunidad de llegar a las mujeres que lo necesitan.
