Boric le subió la pensión de gracia de 0,7 a 1,5 ingresos mínimos. La firmaron Tohá y Marcel. Hasta marzo de 2026 había cobrado más de $4,5 millones del Estado. El viernes pasado, Carabineros lo detuvo en Ovalle saliendo de su casa con fentanilo en la mano, intentando destruir la evidencia. Adentro encontraron 47 ampollas más, marihuana, remifentanilo y $1.123.000 en efectivo. Este es el perfil de uno de los «mártires» del estallido social que el gobierno de Boric eligió premiar.
El viernes 13 de junio, personal del OS7 de Carabineros ejecutó una orden de entrada y registro en un domicilio de calle Coronel Bernardo Argomedo en Ovalle, región de Coquimbo. Lo que encontraron dentro confirmó lo que la investigación de la Fiscalía ya sospechaba.
En el lugar, los funcionarios sorprendieron al principal imputado saliendo de la vivienda con dos ampollas de fentanilo en su poder. El sujeto lanzó y quebró una de las ampollas al momento de ser controlado, mientras que la otra quedó en el lugar.
El hombre que intentó destruir la evidencia se llama Benjamín Huerta. Tiene 29 años. Y desde 2022 recibía una pensión de gracia del Estado chileno de $445.000 mensuales, aumentada por decreto firmado por Carolina Tohá y Mario Marcel durante el gobierno de Gabriel Boric.
Lo que encontraron en el allanamiento
El procedimiento permitió la incautación de 47 ampollas de fentanilo, dos frascos de remifentanilo, marihuana elaborada y dinero en efectivo.
El inventario del allanamiento es elocuente:
- 47 ampollas de fentanilo de 5 mililitros
- 2 frascos de remifentanilo de 5 miligramos
- 37 gramos de marihuana elaborada
- $1.123.000 en efectivo
- 1 teléfono celular
El fentanilo es el opioide sintético más peligroso que circula actualmente en el mundo. Es entre 50 y 100 veces más potente que la morfina. En Estados Unidos, mata a decenas de miles de personas al año. En Chile, su llegada masiva es uno de los fenómenos de narcotráfico más preocupantes de los últimos años. Y Benjamín Huerta lo comercializaba en Ovalle mientras el Estado le pagaba una pensión de gracia.
El origen de la pensión: el disparo del estallido y la condena al Carabinero
La historia de la pensión de gracia de Huerta comienza la noche del 19 de octubre de 2019, en pleno estallido social. En esa fecha, el entonces capitán de Carabineros Hugo Navarro detuvo a Huerta en la calle Ariztía Poniente de Ovalle. Según determinó la justicia, el funcionario disparó su arma de servicio, hiriéndolo en la zona inguinopélvica.
El Tribunal en lo Penal determinó que el disparo le provocó una fractura en el pubis, clínicamente de carácter grave.
El caso derivó en una condena de seis años de presidio para el capitán Navarro por homicidio frustrado.
Con esa historia como respaldo, Huerta fue incluido en el universo de víctimas del estallido social que recibieron pensiones de gracia del Estado. Y en 2022, ya bajo el gobierno de Boric, esa pensión fue formalizada y luego aumentada.
Lo que Boric le dio: el decreto con firmas de Tohá y Marcel
Benjamín Huerta recibió una pensión de 0,7 ingresos mínimos no remuneracionales, subidos por el gobierno del Presidente Gabriel Boric a 1,5 ingresos mínimos no remuneracionales, equivalentes a $444.767, según mostró el decreto 3.728 firmado por los ministros Carola Tohá de Interior y Mario Marcel de Hacienda.
Un decreto firmado por los dos ministros más importantes del gobierno de Boric: la ministra del Interior y el ministro de Hacienda. Ambos pusieron su firma para aumentar la pensión de Huerta de 0,7 a 1,5 ingresos mínimos.
Hasta marzo de este año había recibido $4.561.785, informó la Tesorería General de la República en respuesta a una solicitud vía ley de Transparencia.
$4.561.785. Eso es lo que el Estado chileno pagó a Benjamín Huerta entre el inicio de su pensión y marzo de 2026. Con la plata de los impuestos de todos los chilenos.
El prontuario que nadie revisó: más de 15 detenciones
La pregunta que el caso de Huerta obliga a hacerse es simple: ¿nadie revisó sus antecedentes antes de aumentarle la pensión?
Entre sus causas previas figuran infracciones a la Ley 20.000 por consumo y porte de drogas, tráfico de estupefacientes y receptación. Posteriormente, su historial continuó aumentando con nuevas detenciones y procedimientos policiales. Entre ellos aparecen causas por conducción sin licencia y bajo la influencia de sustancias psicotrópicas, amenazas simples, amenazas en contexto de violencia intrafamiliar y otros hechos que forman parte de las más de 15 detenciones que registra.
Más de 15 detenciones. Por maltrato a Carabineros. Por receptación. Por hurto. Por consumo de drogas. Por conducción drogado sin licencia. Por amenazas en contexto de violencia intrafamiliar. Por tráfico de estupefacientes.
Todo eso estaba en el sistema cuando el gobierno de Boric decidió aumentarle la pensión. Si alguien lo revisó, decidió ignorarlo. Si nadie lo revisó, el gobierno firmó un decreto de aumento sin hacer la diligencia mínima.
El prófugo que siguió cobrando
El historial de Huerta tiene además un capítulo que hace aún más difícil defender la pensión.
En octubre de 2023, Huerta fue detenido por conducir sin licencia y drogado con cocaína, THC-25 y anfetaminas en Ovalle. Su audiencia de formalización de cargos se fijó para el 20 de diciembre de 2023, pero no llegó. Tampoco a las reprogramaciones siguientes. El 5 de marzo de 2024 se dictó una orden de detención en su contra.
Durante 2024 fue incorporado al Registro Nacional de Prófugos de la Justicia.
Prófugo de la justicia. Con orden de detención vigente. Registrado formalmente en el sistema como fugitivo. Y cobrando su pensión de gracia del Estado todos los meses. Porque nadie la suspendió.
La formalización y la prisión preventiva
El fiscal jefe de Ovalle formalizó los cargos tras el procedimiento del viernes. El imputado quedó en prisión preventiva por el delito de tráfico ilícito de drogas. El Juzgado de Garantía de Ovalle estimó que su libertad constituye un peligro para la seguridad de la sociedad.
Peligro para la seguridad de la sociedad. Esa es la calificación jurídica que hoy tiene el hombre al que el gobierno de Boric consideró merecedor de un aumento en su beneficio estatal.
El debate político que el caso reabre
La detención de Benjamín Huerta reactivó el debate político sobre los criterios para la entrega y permanencia de este beneficio estatal. La detención de Huerta generó peticiones de diputados de oposición para que se revirtiera su beneficio.
El caso no es el primero. En enero de 2024, el propio Boric debió revocar la pensión de gracia a un condenado por pornografía infantil que también era beneficiario del sistema. En ambos casos, el patrón es el mismo: una pensión otorgada sin verificación suficiente del perfil del beneficiario, y una revocación que llega solo cuando el escándalo explota públicamente.
Lo que este caso evidencia no es solo un error administrativo puntual. Es un sistema de pensiones de gracia que el gobierno de Boric manejó sin los controles mínimos necesarios para garantizar que los recursos públicos lleguen a quienes realmente los merecen. Personas que sufrieron violaciones reales a sus derechos durante el estallido existen y merecen el apoyo del Estado. Pero ese apoyo no puede entregarse sin verificar quién lo recibe ni revisarse cuando el beneficiario acumula detenciones, se convierte en prófugo y termina procesado por tráfico de fentanilo.
