Un padre que llevaba 30 días muerto cuando sus tres hijos llegaron al aeropuerto. 98 niños que ingresaron al país sin que nadie avisara a la Subsecretaría de la Niñez. Un hombre que entró 34 veces al país cada vez con menores de edad distintos. Vuelos chárter autorizados sin verificar los lazos familiares. Y la Contraloría que no pudo ubicar a parte de los niños que el Estado dejó entrar. Esto ocurrió en 2025, bajo el gobierno de Boric. La Fiscalía ya abrió investigación.
El lunes 15 de junio, la Fiscalía Nacional encargó a la Fiscalía Metropolitana Centro Norte abrir una investigación de oficio. El objeto de esa investigación es uno de los hallazgos más perturbadores que la Contraloría General de la República ha hecho en años. El Ministerio Público abrió una investigación por el presunto tráfico de más de 300 niños y adolescentes haitianos que entraron al país en vuelos chárter entre enero y abril de 2025, de la mano de al menos 12 adultos entre chilenos y haitianos, los que oficiaron como «tutores legales» sin tener lazos sanguíneos con los menores.
Trescientos niños. Ingresados en vuelos chárter. Con adultos que decían ser sus tutores pero que no tenían ningún vínculo familiar verificado con ellos. Bajo el gobierno de Gabriel Boric. Con la autorización del Servicio Nacional de Migraciones que él dirigía.
Y hoy el Estado chileno no sabe dónde están todos esos niños.
Lo que encontró Contraloría
El preinforme de la Contraloría, fechado el 14 de abril de 2026, revisó las actuaciones del Servicio Nacional de Migraciones bajo la dirección de Luis Eduardo Thayer durante el gobierno de Boric. Lo que encontró supera cualquier descripción de negligencia administrativa ordinaria.
Falla 1: Los domicilios que nadie verificó
Las falencias institucionales comenzaron con la falta de verificación de datos críticos por parte del Servicio Nacional de Migraciones, organismo que omitió constatar información fundamental entregada por los solicitantes, como los domicilios declarados o la identidad de los tutores a cargo de los menores.
La primera línea de defensa del sistema era verificar que los adultos que reclamaban a los niños eran quienes decían ser y vivían donde decían vivir. El Sermig no lo hizo.
Falla 2: Los 98 niños que nadie avisó
Un total de 98 niños y adolescentes que ingresaron al país bajo este programa no fueron reportados oportunamente a la Subsecretaría de la Niñez.
La Subsecretaría de la Niñez existe precisamente para proteger a los menores vulnerables. El sistema estaba diseñado para que cuando un niño extranjero ingresara al país en circunstancias de reunificación familiar, ese organismo lo supiera. 98 veces el sistema no funcionó. 98 niños entraron al país sin que el organismo encargado de protegerlos fuera notificado.
Falla 3: Los tres niños cuyo padre estaba muerto
Dentro de los ejemplos constatados por la CGR en su investigación especial, están los 3 niños que al momento de llegar a Santiago, su padre, que había pedido la reunificación, estaba muerto hacía 30 días, sin que el sistema hoy sepa dónde están ni quiénes los recogieron en el aeropuerto.
Tres niños llegaron al aeropuerto de Santiago reclamados por un padre que llevaba un mes muerto. Alguien los recogió en el aeropuerto. El Estado los dejó ir con esa persona. Y hoy no sabe dónde están.
Falla 4: El hombre que entró 34 veces con niños distintos
El 17 de noviembre de 2025, la PDI identificó 12 extranjeros o nacionalizados chilenos que ingresaban habitualmente con NNA. Uno de estos casos entró con 34 menores de 18 años, exponiendo su integridad.
Una sola persona. 34 niños distintos. En viajes repetidos. El perfil de un facilitador de tráfico de menores es exactamente ese. Y el sistema lo dejó pasar.
Falla 5: El vuelo sin control
El informe también alertó del chárter WAL-801, del 15 de octubre de 2025, que traía NNA. El vuelo llegó al país con menores de edad en condiciones que la Contraloría califica de irregulares, con controles migratorios que no cumplieron los estándares mínimos exigibles.
Falla 6: El sistema que permitía que una sola persona manejara todo el proceso
El informe concluyó también que el Sermig carecía de segregaciones para analizar las solicitudes, por lo que una misma persona podía realizar todo el proceso, abriendo la puerta a arbitrariedades.
En cualquier sistema de control mínimamente serio, las etapas críticas de un proceso son revisadas por personas distintas para evitar la corrupción. El Sermig no tenía esa separación. Una sola persona podía autorizar, procesar y registrar el ingreso de un menor, sin que nadie más lo verificara.
Las alertas que nadie escuchó desde 2023
Lo más perturbador del caso no es solo lo que ocurrió. Es que había alertas formales desde antes.
Documentos oficiales revelan que, al menos desde 2023, existían advertencias formales sobre vacíos en el sistema migratorio de menores. La Defensoría de la Niñez ofició reiteradamente a autoridades sin obtener respuestas consistentes. Se alertó por falta de protocolos, debilidades en reunificación familiar y ausencia de trazabilidad.
Y la respuesta del gobierno de Boric fue la que define a los gobiernos que no quieren ver los problemas. Recién en marzo de 2026, ante un nuevo oficio, se informó que los protocolos estaban en proceso de «integración, sistematización y ajuste técnico», aún sin implementación efectiva.
Tres años de alertas. Tres años de oficios sin respuesta. Tres años de protocolos «en proceso». Y mientras tanto, los vuelos chárter llegaban.
Las tres líneas de investigación de la Fiscalía
La causa busca «analizar la posible comisión de delitos en el ingreso masivo de niños, niñas y adolescentes de nacionalidad haitiana a territorio nacional, bajo la figura de reunificación familiar, en condiciones de deficiente control por parte de las autoridades correspondientes durante el año 2025.»
El fiscal encargado fue explícito sobre el alcance de la investigación: tres líneas de trabajo. Primero, identificar a los menores y verificar su situación actual. Segundo, determinar quiénes son los adultos que los ingresaron y qué vínculo real tienen con ellos. Y tercero, «va a haber una línea investigativa sobre quién financia esos vuelos chárter con niños, niñas y adolescentes haitianos a Chile bajo la figura de reunificación familiar. Acá vamos a llegar aguas arriba adonde tengamos que llegar, y el Ministerio Público no tiene tapujo alguno respecto de las personas que puedan estar involucradas, sea cual sea el grado, la calidad de la persona.»
Quién financió los vuelos. La pregunta que hace que este caso trascienda la negligencia administrativa y entre en el terreno de la criminalidad organizada.
La respuesta del gobierno de Kast: colaboración sin confrontación política
El subsecretario del Interior, Máximo Pavez, tomó una decisión que merece ser destacada: enfrentar el caso con seriedad institucional sin convertirlo en un arma política.
«Yo no quisiera calificar los esfuerzos del Gobierno anterior porque esta situación se investigara», expresó Pavez. «Nos parece que esto es de una gravedad tal que el Gobierno no va a confrontar directamente las responsabilidades del Gobierno anterior.»
El gobierno colaborará con la Fiscalía en la investigación. El Sermig instruirá los sumarios respectivos una vez que se conozca el informe final de la Contraloría.
Y para que esto no vuelva a ocurrir, el subsecretario detalló un nuevo protocolo de ingreso de menores al país sin sus padres que refuerza los controles que el gobierno anterior nunca implementó pese a las alertas.
La comisión investigadora que viene
Parlamentarios del oficialismo impulsan la creación de una comisión investigadora por posible trata de menores, en el marco del caso de los niños haitianos.
La comisión investigadora tendrá como objetivo revisar las decisiones que se tomaron en el Sermig durante 2025, quién las autorizó, con qué información y por qué las alertas previas de la Defensoría de la Niñez no produjeron cambios en los protocolos.
Lo que este caso le dice a Chile
El Estado chileno autorizó el ingreso, facilitó el traslado e incluso registró el proceso. Pero hoy no puede explicar dónde están todos los niños que dejó entrar. Tampoco quién estuvo tras esto ni quién autorizó que los menores llegaran a Chile.
El gobierno que no verificó los domicilios. Que no avisó a la Subsecretaría de la Niñez. Que dejó entrar a tres niños cuyo padre estaba muerto. Que permitió que un adulto cruzara la frontera 34 veces con niños distintos. Que ignoró durante tres años las alertas de la Defensoría de la Niñez.
Ese gobierno se fue el 11 de marzo de 2026. El problema que dejó está en manos de la Fiscalía. Y la pregunta que Chile no puede dejar de hacerse es si detrás de esta cadena de negligencias hay solo incompetencia, o si hay algo peor.
