El ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, encendió la conversación pública en la antesala de la segunda etapa de desalojo de la megatoma del cerro Centinela en San Antonio, al revelar lo que encontró durante un recorrido por el lugar: viviendas de alto estándar que, según el secretario de Estado, no corresponden a situaciones de vulnerabilidad real.
«Eso no es pobreza, es frescura»
«Ayer estuve recorriendo la toma y hay casas de dos pisos y tres pisos, con tres autos, en terrenos de 500 metros», sostuvo Poduje, quien agregó que también se han detectado segundas viviendas dentro de la ocupación. «Esas las vamos a sacar todas. Esto es una frescura lo que ha ocurrido acá».
El ministro fue más allá al detallar el patrón que identificó en terreno: «Tenemos muchas segundas viviendas y también tenemos gente vulnerable. Las mismas dirigentes reconocen que hay gente que viene acá los fines de semana; esa gente la vamos a sacar toda, es una frescura».
El criterio para repartir los terrenos: orden de llegada, no fuerza
Más allá de la polémica por las viviendas «de lujo», Poduje fue claro respecto al criterio que regirá la asignación de los terrenos expropiados. «Ese terreno que se expropió, que no fue en nuestra administración, va a ser puesto para todas las familias por orden de llegada, por antigüedad. O sea, las familias que están primero en la fila van a llegar primero a ese terreno», afirmó el ministro.
Consultado sobre si quienes actualmente habitan la toma permanecerán en el sector una vez concluido el proceso, Poduje fue tajante: «No, van a tener que ponerse en prelación».
El secretario de Estado también dejó en claro que la responsabilidad de la situación recae en una decisión que no fue tomada por el actual gobierno: «Lamento que el Estado haya expropiado, pero tenemos que hacernos cargo de esta situación. Se hará por orden de llegada, por antigüedad y vulnerabilidad, no por quien es más fuerte y rompe el Estado de derecho».
El operativo de hoy: 120 carabineros, dos albergues y demolición posterior
El delegado presidencial regional de Valparaíso, Manuel Millones, confirmó que el desalojo está ordenado por un tribunal de la República y corresponde a la segunda etapa del proceso, ya que la primera fue ejecutada por la administración anterior. El procedimiento comenzó este martes 30 de junio a las 8:30 horas y se extenderá hasta el viernes en un primer polígono de 5,4 hectáreas.
El operativo cuenta con 120 efectivos de Carabineros provenientes de Santiago, además de la participación de servicios públicos de Vivienda, Salud, Desarrollo Social, Senama, Junji y Junaeb, junto con la Defensoría de la Niñez para evitar situaciones complejas durante el procedimiento. Se habilitaron dos albergues: uno municipal por tres días, y otro del Ministerio de Desarrollo Social por 30 días, con alimentación y abrigo. Todas las familias fueron notificadas con 15 días de anticipación y la empresa propietaria dispuso un camión para apoyar el traslado de enseres durante siete días.
El rol del Minvu en esta etapa es posterior y se concentra principalmente en la demolición de las viviendas que queden en el terreno una vez que las familias salgan, según explicó el propio Poduje.
El avance total del proceso
Según el delegado Millones, ya fueron desalojadas 50 hectáreas de la megatoma, y a la actual administración le corresponde avanzar sobre las 40 hectáreas restantes. Tras este primer polígono, la semana subsiguiente continuará el desalojo del resto del sector definido.
El caso de San Antonio, con sus casas de tres pisos y varios autos conviviendo con familias en situación real de vulnerabilidad, vuelve a poner sobre la mesa una de las paradojas más incómodas de las tomas de terreno en Chile: la dificultad de distinguir entre necesidad habitacional genuina y aprovechamiento del vacío legal del Estado.
