«Vuelve a romantizar el vandalismo»: el INDH calificó rayar sin permiso bienes ajenos como «expresión artística»

El miércoles 8 de julio, el director del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Yerko Ljubetic, llegó a la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados para exponer sobre el proyecto de ley que crea el Registro Nacional de Actos Vandálicos e Incivilidades. Llegó con un informe de 24 páginas. Y en la cuarta conclusión del documento, titulada «Sobre la criminalización de la expresión artística», el INDH sostuvo que sancionar los rayados y dibujos no autorizados en bienes públicos y privados implica precisamente eso: criminalizar la expresión artística.

La frase exacta del organismo, tal como quedó en el informe: «Su amplísima redacción puede alcanzar formas de expresión artística, cultural y política protegidas por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos». La reacción del gobierno y de varios sectores de la ciudadanía fue inmediata y sin matices.

Qué dice el proyecto que el INDH cuestiona

La iniciativa del Ejecutivo, que tramita en la Comisión de Seguridad con suma urgencia, crea un registro donde quedan inscritos quienes cometan determinados actos vandálicos o incivilidades. El punto 16 del proyecto incluye entre esas conductas «la realización no autorizada de rayados, dibujos, mensajes o expresiones en bienes muebles o inmuebles, públicos o privados». El punto 23 agrega «el daño a un monumento nacional».

Para el INDH, esa redacción es problemática porque no distingue entre quien daña una propiedad y quien hace arte. El organismo argumentó que «el tipo penal no distingue entre daño al patrimonio y expresión en el espacio público, ni establece criterios que permitan identificar con suficiente precisión la conducta prohibida, vulnerando además el principio de legalidad penal». Y sostuvo que la norma es «incompatible con los estándares» de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

El INDH fue más lejos aún. Calificó el registro en sí mismo como un sistema «no neutro» que impone «consecuencias materialmente punitivas sobre la condena principal sin evaluación judicial individualizada». Y advirtió que las restricciones para acceder a beneficios estatales — como la gratuidad universitaria o el transporte público — perjudicarían «especialmente a jóvenes, adultos mayores y personas en situación de vulnerabilidad».

La pregunta que nadie en el INDH parece haberse hecho

El argumento suena técnico y sofisticado. Pero tiene una pregunta de sentido común que el organismo no responde en ninguna de sus 24 páginas: ¿por qué el derecho a la expresión artística debería ejercerse sobre la pared del negocio que el vecino construyó con sus propios ahorros, o sobre el muro del edificio que todos los copropietarios pagan por mantener, o sobre el monumento que pertenece al patrimonio de todos los chilenos?

El arquitecto Yves Besançon, quien respondió por escrito al informe, lo señaló con precisión: «Estos artículos de la nueva ley lo que pretenden es criminalizar el daño a la expresión artística y cultural de una ciudad. La libre expresión artística de los ciudadanos debe ser siempre respetuosa de los bienes públicos que nos pertenecen a todos y que, por lo tanto, debemos cuidar todos». Y añadió que las penas deben ser proporcionales — reconociendo que hay espacio para discutir las sanciones específicas — pero sin cuestionar el principio básico de que rayar lo ajeno sin permiso no es arte: es daño a la propiedad ajena.

Arrau: «El arte no da derecho a intervenir lo ajeno»

El ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, no esperó para responder. A través de su cuenta de X fue directo: «El INDH vuelve a romantizar el vandalismo y a ignorar sus consecuencias. Llama ‘expresión artística’ a rayar sin permiso bienes públicos o privados. No. El arte no da derecho a intervenir lo ajeno y pasarles la cuenta a todos. Quien vandalice, que responda».

Arrau añadió el argumento que el INDH ignoró en su informe: «Los derechos que debemos proteger son los del trabajador que levantó su negocio, los del vecino que cuida su barrio y los de todos los chilenos que financian con su esfuerzo y trabajo los bienes públicos». En tres frases, el ministro invirtió el encuadre del INDH: no se trata de los derechos del que raya — se trata de los derechos del que es rayado.

Desbordes: «El brazo INDH de la izquierda»

El alcalde de Santiago, Mario Desbordes, fue igualmente contundente — y añadió una lectura política que muchos en el oficialismo comparten: «Es impresionante el uso y abuso del concepto de ‘criminalizar’ que hace la izquierda, en este caso su brazo INDH. Toda medida contra la delincuencia o la incivilidad es ‘criminalizar a los pobres infractores’. El daño del rayado, garabateo con spray y grafiti es enorme y debe ser sancionado con más fuerza».

La frase «su brazo INDH» no es solo retórica. Es la expresión de un problema estructural que el gobierno de Kast tiene perfectamente identificado y que está en proceso de abordar: el INDH, creado hace 16 años como organismo autónomo de promoción y defensa de los derechos humanos, ha adoptado en los últimos años posiciones sistemáticamente alineadas con la agenda de la izquierda — defendiendo a imputados por violencia en manifestaciones, cuestionando las políticas de control migratorio y ahora tomando partido por quienes rayan sin permiso la propiedad ajena. El gobierno trabaja actualmente en un proyecto de reforma al INDH que busca reencauzar su mandato institucional.

La ironía del momento

El informe del INDH llegó al Congreso en la misma semana en que el Instituto Nacional de Santiago vivió su jornada de violencia de encapuchados con bombas molotov el primer día de clases — exactamente el tipo de incivilidad que el Registro de Vándalos busca disuadir. La coincidencia de fechas no es un argumento jurídico, pero sí es un recordatorio de a qué se parece en la vida real lo que el INDH llama «expresión artística, cultural y política en el espacio público».

El proyecto del Ejecutivo continúa su tramitación en la Comisión de Seguridad de la Cámara. El gobierno no tiene intención de retirar el punto sobre los rayados no autorizados. Y la reforma al INDH avanza en paralelo.

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