Un reportaje emitido este lunes por Reportajes de Teletrece reveló que la senadora Fabiola Campillai contrató como conductor personal a su yerno, Gerard Cortés Guerrero, de 27 años, utilizando asignaciones parlamentarias del Senado. El cargo, disponible en los registros de transparencia del Congreso, contemplaba una remuneración de aproximadamente un millón de pesos mensuales. Lo que la senadora dice no haber sabido al momento de contratarlo es que Cortés tiene una condena previa por robo, enfrenta un juicio oral programado para agosto de 2026 por amenazas de muerte y es sobrino de uno de los principales imputados por la encerrona en la que murió el niño de 12 años Alejandro Águila en San Bernardo, el 23 de junio pasado.
El prontuario de Gerard Cortés
La historia judicial de Cortés tiene dos capítulos documentados. El primero data de 2017, cuando fue condenado por un caso de robo ocurrido en la comuna de San Miguel. Como resultado de esa condena recibió una pena de libertad vigilada.
El segundo capítulo es más reciente y más grave. El 11 de mayo de 2025, durante una celebración familiar del Día de la Madre en la comuna de San Bernardo, Cortés y su pareja — Paloma Castillo Campillai, hija de la senadora — fueron detenidos tras una denuncia por presuntas amenazas contra vecinos del sector. La formalización del Ministerio Público describe los hechos en detalle: la víctima salió de su casa tras escuchar gritos y se encontró con Paloma Castillo, quien la amenazó diciéndole «vai a tener que virarte de aquí». Cortés, por su parte, la amenazó de muerte y junto a su pareja gritaba que los iban «a reventar» y «a quebrar» y que ellos «eran choros más grandes».
El episodio escaló. Según el relato de un testigo recogido por la Fiscalía, Cortés llegó a alta velocidad en un vehículo Kia y descendió «con una pistola en sus manos», diciéndole a la víctima: «Erai, vay a cooperar, te voy a matar». El hijo de una de las denunciantes describió lo que siguió: «Gerard me pegó un cachazo con la misma pistola en la cabeza, produciéndome una herida de gravedad de alto sangrado». Cortés fue formalizado por amenazas. El juicio oral está programado para agosto de 2026. Hasta que el tribunal dicte sentencia no puede ser considerado culpable.
Contratado en mayo, mientras el juicio se acercaba
Pese a ese historial, Cortés fue incorporado como conductor de reemplazo de la senadora Campillai mediante un contrato a honorarios en el Senado. Según el reportaje de T13, la contratación se habría producido en mayo de 2026, un año exacto después del episodio que derivó en la formalización, y apenas dos meses antes del juicio oral que lo espera en agosto.
El contrato queda registrado en los sistemas de transparencia del Congreso bajo la categoría de «personal de apoyo parlamentario», la misma vía que usan todos los legisladores para contratar a colaboradores con cargo a sus asignaciones parlamentarias. No existe una norma expresa que prohíba contratar a familiares directos mediante este mecanismo, pero la práctica es cuestionada transversalmente como una forma de nepotismo encubierto con fondos públicos.
La PDI que no pudo entrar al domicilio de Campillai
El reportaje reveló además un episodio paralelo a la investigación penal de Cortés. Según fuentes del caso citadas por T13, detectives de la PDI concurrieron al domicilio de la senadora Campillai en San Bernardo para solicitar ingreso voluntario y realizar diligencias relacionadas con la investigación. La familia rechazó permitir el ingreso porque los funcionarios no contaban con una orden judicial.
Campillai explicó su versión esta madrugada: «Minutos antes de que llegaran los detectives a mi casa yo me encontraba en la Bicrim, donde sufrí un ataque de epilepsia. Una vez estabilizada fui trasladada a mi hogar, donde no tuve contacto hasta el día siguiente». Y respecto a la negativa de acceso: «Es mi abogado, al consultar si la PDI venía con una orden, lo cual no tenían, le dijo a mi hija que evitara el ingreso». Legalmente, negarse a un ingreso voluntario sin orden judicial es un derecho. Políticamente, la escena de una senadora cuyos familiares bloquean el ingreso de la PDI en una investigación que la involucra tangencialmente es, como mínimo, incómoda.
El vínculo con el caso de Alejandro Águila
El tercer elemento que el reportaje sumó al caso es el más inesperado. Cortés es sobrino de uno de los principales imputados por la encerrona en la que murió Alejandro Águila, el niño de 12 años que falleció arrastrado por el auto robado en San Bernardo el 23 de junio pasado, el caso que conmovió al país y que disparó el debate sobre la responsabilidad penal adolescente. Ni el imputado ni Cortés han sido condenados en esa causa, están en proceso de investigación judicial. Pero la conexión existe y fue verificada por T13.
La propia Campillai había condenado públicamente el crimen de Alejandro Águila pocos días después del hecho. Esta madrugada, al conocerse el vínculo familiar, sostuvo: «Desconozco relación alguna entre el ya mencionado con uno de los detenidos por el robo con homicidio de un niño de 12 años ocurrido hace unas semanas en San Bernardo. Hecho que inmediatamente condené y seguiré condenando con todas mis fuerzas».
«No tuve conocimiento»: la defensa de Campillai
La senadora respondió al reportaje con una declaración en la que niega haber conocido los antecedentes de su yerno al momento de contratarlo. «Al momento de contratar a mi conductor de reemplazo no tuve conocimiento ni se advirtió en el certificado algún antecedente penal previo. Por supuesto, de haber sabido de estos antecedentes, su contratación no se habría efectuado», sostuvo. Agregó que Cortés ya no trabaja con ella y que no tiene «relación alguna» con la investigación en su contra más allá de lo ya explicado.
El Senado informó que el caso será revisado para determinar si existió alguna infracción en la contratación de una persona con antecedentes penales y con vínculo familiar directo con la parlamentaria. El resultado de esa revisión podría derivar en sanciones administrativas o en la modificación de los protocolos de contratación de personal parlamentario.
