Una crítica que omite datos centrales
El alcalde de Coquimbo, Ali Manouchehri, anunció esta semana la suspensión de la Fiesta de la Pampilla 2026 y acompañó la decisión con una dura crítica al Gobierno: «esperábamos una respuesta inmediata del Presidente Kast. Sin embargo, se nos informa que la reconstrucción se financiará a través de la Ley de Presupuesto y no con los recursos frescos (…) no fuimos escuchados». El relato instalado —y replicado sin matices por buena parte de la prensa— es el de un municipio abandonado a su suerte. Pero revisar la secuencia completa de los hechos entrega un panorama distinto.
El Gobierno sí destinó recursos
Lo primero que la crítica de Manouchehri omite es que el Ejecutivo ya había anunciado, apenas dos días antes de su declaración, un fondo específico de US$500 millones para reconstruir infraestructura dañada por las emergencias climáticas en las regiones de Atacama y Coquimbo, en el marco del plan de infraestructura presentado el lunes 28 de julio por los biministros Louis de Grange y Daniel Mas, que además proyecta 10 mil empleos asociados a esa reconstrucción. Además, el Gobierno comprometió los fondos del Presupuesto 2027 para el mismo objetivo. Es decir, cuando el alcalde afirma que «no fueron escuchados», ya existía sobre la mesa dos anuncios oficiales de recursos concretos para su propia región.
La megarreforma tiene una fila
El segundo elemento que cambia la lectura del conflicto es el propósito original del fondo de Reconstrucción Nacional contenido en la megarreforma. Ese mecanismo fue diseñado desde el inicio de su tramitación para financiar la reconstrucción de Ñuble, Biobío y Valparaíso, regiones devastadas por los incendios de enero de 2026 —una emergencia que ocurrió, cabe recordarlo, bajo la administración de Gabriel Boric, semanas antes de que Kast asumiera la Presidencia el 11 de marzo—. En otras palabras, la megarreforma no nació pensada para la emergencia de Coquimbo y Atacama, sino para atender una catástrofe que el gobierno anterior dejó sin resolver.
Cuando los senadores de Coquimbo —Sergio Gahona (UDI), Matías Walker (ind.) y Gustavo Sanhueza (UDI)— intentaron sumar un veto aditivo para incorporar a su región al fondo, el biministro del Interior, Claudio Alvarado, fue claro: el debate sobre ese artículo específico «está completamente cerrado» y no correspondía «seguir abriendo más temas». La respuesta del Gobierno no fue improvisada ni antojadiza: fue la aplicación de un criterio de prioridad entre una reconstrucción ya en curso —y atrasada— y una emergencia nueva, para la cual ya se había anunciado una vía de financiamiento separada (los US$500 millones del plan MOP, más la incorporación formal al Presupuesto 2027 que el propio Kast confirmó en su visita a la región).
La pregunta que el relato del municipio no responde
Hay un punto adicional que merece hacerse explícito. Si el municipio de Coquimbo disponía de $1.800 millones propios para financiar la Fiesta de la Pampilla, esos recursos podrían haberse destinado a la emergencia desde el primer día, sin esperar una respuesta del Gobierno central. La decisión de Manouchehri —anunciada recién esta semana, semanas después de que la emergencia comenzara— plantea una pregunta legítima: ¿por qué la prioridad entre fiesta y reconstrucción se resolvió solo cuando el foco mediático ya estaba instalado, y no de inmediato con recursos que estaban disponibles desde un comienzo?
Un patrón que ya fue cuestionado dentro de su propio partido
El protagonismo político de los hermanos Manouchehri no es, además, un fenómeno nuevo. El diputado Daniel Manouchehri —hermano del alcalde y representante de la misma región por el Partido Socialista— ya había sido objeto de críticas internas por parte de su propia bancada. Según reportó el medio Nuevo Poder, algunos parlamentarios socialistas han cuestionado en privado el «oportunismo» y el protagonismo del diputado, y el propio senador de su partido, Fidel Espinoza, ha manifestado públicamente reparos sobre su forma de operar. Ese antecedente —verificable y previo a este episodio— entrega contexto sobre un patrón de conducta que la oposición interna del propio PS ya había identificado antes de la polémica de esta semana.
Lo que dice, y lo que no dice, el relato de Coquimbo
En síntesis, la secuencia real de los hechos es más matizada que la que instaló el municipio: el Gobierno anunció US$500 millones específicos para Atacama y Coquimbo dos días antes de la suspensión de la Pampilla; la megarreforma fue diseñada para resolver primero una reconstrucción pendiente de la administración anterior; y el municipio tenía recursos propios disponibles desde el inicio de la emergencia que solo decidió reasignar públicamente varias semanas después. Frente a ese cuadro, la caracterización de un Gobierno que «no escucha» resulta, cuando menos, incompleta.
Lo que viene
Con los fondos del Presupuesto 2027 ya comprometidos y el plan de infraestructura del MOP en ejecución, el foco de las próximas semanas estará en la velocidad real con que esos US$500 millones lleguen a terreno en Atacama y Coquimbo, y en si la confrontación pública de los hermanos Manouchehri con el Gobierno se traduce en avances concretos para su región o se mantiene, principalmente, en el plano político-comunicacional.
