La Seremi de Salud Metropolitana abrió un sumario sanitario contra el laboratorio Corthorn Health, el mismo establecimiento cuyo test de drogas positivo obligó a la salida del exsubsecretario de Hacienda, Juan Pablo Rodríguez, tras una fiscalización que encontró graves deficiencias en el manejo de las muestras del recinto.
Un test que nunca cerró del todo
Rodríguez había insistido desde el primer momento en que el resultado positivo no reflejaba la realidad. Tras conocerse el examen, se practicó voluntariamente otros test de drogas en distintos centros de salud, todos con resultado negativo, lo que desde entonces alimentó sus dudas sobre la fiabilidad del proceso realizado por Corthorn.
Lo que encontró la fiscalización
La inspección, realizada el 11 de agosto en las dependencias del laboratorio en Huechuraba y revelada por T13, detectó cuatro observaciones graves:
- Tres refrigeradores donde se almacenan muestras biológicas —incluyendo muestras ya procesadas e identificadas como positivas— sin una identificación clara que las separara de las muestras recién llegadas, lo que, según los propios fiscalizadores, «podría afectar la trazabilidad de las muestras y generar un eventual riesgo de error en su manipulación».
- El laboratorio no había regularizado la Dirección Técnica subrogante ante la ausencia de su directora titular.
- Corthorn había modificado el listado de profesionales y técnicos con autorización sanitaria vigente, sin la debida actualización formal.
- Al momento de la fiscalización, solo una funcionaria técnica se encontraba a cargo de la recepción de muestras en todo el recinto.
Estas cuatro irregularidades fueron suficientes para que la autoridad sanitaria decidiera abrir un sumario sanitario formal contra el laboratorio.
«Consistente con lo que he planteado desde el primer día»
El exsubsecretario Rodríguez no ocultó su reacción ante estos nuevos antecedentes: «Son nuevos y graves antecedentes objetivos que refuerzan la sospecha de que mi muestra pudo haber sido contaminada, que se quebró su cadena de custodia o, incluso, que la muestra analizada no correspondía a mi pelo». Y agregó, con dureza: «Esto es plenamente consistente con lo que he planteado desde el primer día y se suma a observaciones de similar gravedad formuladas por la autoridad sanitaria en años anteriores, además de la actitud poco transparente que el laboratorio ha mantenido en mi caso, negándome reiteradamente información que he solicitado». A T13 fue aún más directo: «Es una falta de trazabilidad», sentenció, negando además haber sido él quien solicitó la fiscalización que terminó destapando estas irregularidades.
La respuesta del laboratorio
Desde Corthorn, su representante, Francisca Corthorn, presentó formalmente sus descargos ante la Seremi una semana después de conocida el acta, cuestionando parte de su contenido y advirtiendo que «una redacción imprecisa pone en entredicho un procedimiento» que, a su juicio, no reflejaría cabalmente la realidad operativa del laboratorio. La autoridad sanitaria, por su parte, precisó que la contramuestra de Rodríguez permanece aún en custodia, ya que no se había solicitado formalmente su apertura, trámite que corresponde gestionar a través de Senda.
Una pregunta que sigue sin respuesta
Con un sumario sanitario ya abierto y evidencia concreta de fallas en la trazabilidad y en el control interno del laboratorio que originó su salida del Gobierno, el caso de Juan Pablo Rodríguez plantea una pregunta de fondo que hasta ahora nadie ha resuelto. Si un examen defectuoso, realizado en condiciones que la propia autoridad sanitaria califica de irregulares, terminó costándole el cargo a un subsecretario, ¿qué instancia del Estado es responsable de restituir su reputación una vez que la evidencia técnica respalda sus dichos? El sumario sanitario resolverá eventuales responsabilidades del laboratorio frente a la normativa sanitaria, pero no existe, hasta el momento, un mecanismo institucional claro que permita reparar el daño a la carrera y a la honra de un funcionario público que, con estos antecedentes, cada vez parece más una víctima de un proceso mal ejecutado que un responsable de una falta real.
