Un operativo nocturno. Siete viviendas allanadas. Cuatro detenidos. Entre ellos, el hombre conocido como «El Sata», vinculado al asesinato de Moisés Orellana, un joven de 20 años que recibió un disparo en la cabeza en 2020 mientras volvía a su casa. La Macrozona Sur lleva 22 días sin atentados. El vocero de la CAM está condenado. El werkén de Temucuicui cayó en abril. Siete integrantes de la CAM fueron sentenciados en mayo. Y ahora la RML también siente el peso de la ley. No es casualidad. Es lo que ocurre cuando un gobierno decide respaldar a sus policías.
Este martes 9 de junio, mientras Chile dormía, la Policía de Investigaciones ejecutaba un operativo de madrugada en la comuna de Cañete, región del Biobío. Siete viviendas allanadas. Cuatro personas detenidas. La fiscal regional del Biobío, Marcela Cartagena, describió la operación con la precisión de una investigación que llevaba años construyéndose: «Son sujetos vinculados a una organización, la Resistencia Mapuche Lafkenche (RML), eso está más o menos también establecido en las distintas investigaciones.»
Uno de los detenidos es Alexis Llanquileo Mariñan, de 27 años, conocido en los círculos de la violencia rural por el alias de «El Sata.» No es un militante de base. Es uno de los nombres que aparece en las investigaciones sobre los hechos de violencia más graves de la provincia de Arauco. Y esta semana, como ocurrió con el vocero de la CAM Juan Pichún y con el werkén Huenchullán en Temucuicui, el sistema judicial chileno lo alcanzó.
Quién es «El Sata» y qué hizo
«El Sata» es sindicado como integrante de la organización mapuche y estaría vinculado a diversos hechos de violencia registrados en la provincia de Arauco.
La historia que lo vincula con la justicia comienza en la noche del 8 de septiembre de 2020, en el sector de Laguna de Lloncao, Cañete. Un grupo de aproximadamente nueve encapuchados provistos de armas de fuego llegó hasta el sector e intimidaron a tres residentes, obligándolos a abandonar el lugar. Luego, incendiaron las viviendas y sustrajeron especies, incluidos dos vehículos. En su huida del lugar, el grupo encontró un vehículo en un camino interior rural, haciendo descender a los ocupantes para luego disparar hacia la cabina del auto, impactando mortalmente a Moisés Orellana, de 20 años.
Según los antecedentes de la investigación, la víctima recibió un disparo en la cabeza durante el hecho, lo que derivó en una extensa indagatoria que se mantuvo activa durante los últimos años.
Moisés Orellana no era agricultor ni empresario forestal, ni ninguna de las categorías que las organizaciones violentistas usan para justificar sus ataques. Era un joven que iba en un vehículo por un camino rural y se cruzó con un grupo armado que regresaba de incendiar casas. Le dispararon en la cabeza.
Ese crimen tuvo consecuencias judiciales previas: dos sujetos fueron sentenciados a 28 años de cárcel por ese atentado donde además resultaron destruidas tres viviendas. El operativo del martes buscaba a quienes todavía no habían respondido ante la justicia por ese mismo hecho.
La investigación también vincula a «El Sata» con otro atentado incendiario atribuido a la Resistencia Mapuche Lafkenche, ocurrido en el sector Villa Los Ríos, en la comuna de Los Álamos, donde fueron destruidos múltiples camiones y vehículos de carga.
El operativo: PDI, Fiscalía, Armada y Jedena trabajando juntos
Lo más significativo del operativo de Cañete no es solo quién cayó. Es cómo lo hicieron caer.
Las capturas se lograron tras realizarse siete allanamientos en domicilios en la mencionada comuna. En la acción participaron, además de la PDI y el Ministerio Público, también funcionarios de la Armada y del Jedena.
PDI. Fiscalía. Armada. Jedena. Cuatro instituciones coordinadas en un solo operativo nocturno. Eso es exactamente lo que el ministro Arrau describió ante el Senado cuando presentó su plan de seguridad: siete fuerzas de tarea especializadas con coordinación entre policías, Ministerio Público y Fuerzas Armadas. La teoría aplicada en la práctica. En la madrugada. En Cañete.
Los cargos que el Ministerio Público le imputa a los detenidos son múltiples y graves: robo con intimidación, violencia e intimidación a las personas, incendio de lugares destinados a la habitación, homicidio y ataques incendiarios.
No son cargos menores. No son infracciones administrativas. Son los delitos más graves del Código Penal chileno, imputados formalmente por la Fiscalía a personas con nombre y apellido, que estarán esta tarde ante el Juzgado de Garantía de Cañete respondiendo por ellos.
El patrón que se consolida: nombre tras nombre, los líderes van cayendo
La captura de «El Sata» no ocurre en el vacío. Ocurre en el contexto de la ofensiva judicial y policial más sistemática que la Macrozona Sur ha visto en décadas. Y los resultados son acumulativos.
En los primeros 90 días del gobierno de Kast, el mapa del poder de las organizaciones violentistas en la Macrozona Sur ha cambiado radicalmente:
Enero 2026: La Fiscalía anuncia que intensificará el uso de la Ley Antiterrorista en causas de la Macrozona Sur.
Marzo 2026: El werkén de Temucuicui, Mijael Carvones Queipul, es condenado por delitos económicos vinculados a la red de extorsión. 8 personas son sentenciadas ese mes, incluyendo 4 por el triple homicidio de Carabineros en Cañete 2024.
Abril 2026: Operativo nocturno en Temucuicui captura al prófugo Jorge Huenchullán Cayul, el werkén más buscado de la zona. Primera visita del Estado en años a ese territorio considerado «liberado.»
Mayo 2026: 7 integrantes de la CAM condenados en procedimiento abreviado. Juan Pichún Cayunao, vocero oficial de la CAM, sentenciado a 4 años y 1 día. 3 comuneros en prisión preventiva por cobros de cuotas en el sector de Lautaro.
Junio 2026: Operativo en Cañete captura a 4 integrantes de la Resistencia Mapuche Lafkenche, incluyendo a «El Sata», vinculado al homicidio de Moisés Orellana.
La Macrozona Sur lleva hoy 22 días sin atentados. El período más largo del año.
Por qué esto es posible ahora y no antes
La pregunta que Chile tiene derecho a hacerse es simple: si estas personas estaban vinculadas a estos crímenes desde 2020, ¿por qué recién caen ahora en 2026?
La respuesta tiene varias dimensiones. La primera es técnica: las investigaciones penales complejas toman tiempo. Construir el expediente que permite llegar a los tribunales con evidencia suficiente para una condena requiere años de trabajo investigativo.
Pero hay una segunda dimensión que es política y no puede ignorarse. Durante años, la Macrozona Sur operó bajo una lógica de contención y negociación que dejaba a las policías en una posición complicada: actuar demasiado fuerte generaba acusaciones de violaciones a los derechos humanos. No actuar suficientemente generaba más violencia. El equilibrio resultante fue, en la práctica, una zona donde el Estado tenía presencia formal pero poder real limitado.
Eso cambió el 11 de marzo de 2026. El gobierno de Kast llegó con una instrucción diferente para las policías: actúen dentro de la ley, con todos los recursos disponibles, y el gobierno los respalda. La Ley Naín-Retamal garantiza que el uniformado que usa su arma reglamentariamente no quedará solo ante los tribunales. El Estado de Emergencia sigue vigente en las provincias más afectadas. Y los fiscales tienen instrucción de usar todas las herramientas disponibles, incluyendo la Ley Antiterrorista cuando corresponde.
El resultado es este: «El Sata» en el Juzgado de Garantía de Cañete. El vocero de la CAM con 4 años de condena. El werkén de Temucuicui detenido. Y 22 días sin atentados en la zona que durante años fue sinónimo de impunidad.
Lo que queda pendiente: la RML sigue activa
La honestidad exige reconocer que la captura de «El Sata» y sus tres compañeros no es el final del conflicto con la Resistencia Mapuche Lafkenche. La RML es una organización que opera en la provincia de Arauco con una estructura descentralizada que hace difícil su desarticulación total con un solo operativo.
Pero hay algo que este operativo demuestra que los operativos anteriores no podían demostrar con la misma claridad. La impunidad tiene fecha de vencimiento. Los hechos de 2020 parecían impunes. Dos personas habían sido condenadas, pero la investigación no se cerró. Los fiscales siguieron trabajando. Y seis años después, las personas que todavía debían responder por el homicidio de Moisés Orellana están siendo llevadas al tribunal.
Para las familias que viven en la provincia de Arauco, ese mensaje vale más que cualquier declaración política. No es que el Estado haya ganado la batalla. Es que el Estado ya no está dispuesto a perderla sin dar pelea.
