Un diagnóstico contundente ante el Congreso
La ministra de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, Ximena Lincolao, presentó este lunes ante la Comisión de Futuro, Ciencias, Tecnología, Conocimiento e Innovación de la Cámara de Diputados el primer levantamiento consolidado del programa Becas Chile, revelando una cifra que grafica con crudeza el costo de los incumplimientos. 1.666 beneficiarios mantienen hoy una deuda con el Estado por cerca de $92 mil millones, tras no cumplir con las condiciones establecidas en sus contratos, principalmente la obligación de retornar al país al finalizar sus estudios en el extranjero.
Para dimensionar el impacto de esa cifra, la propia ministra utilizó una comparación que resultó especialmente elocuente: «si recuperáramos toda la deuda podríamos construir aproximadamente 2.500 casas enteras y entregarlas, nueve hospitales Cesfam, o 7.500 subsidios habitacionales», graficó Lincolao ante los parlamentarios.
Solo 7,3% recuperado hasta ahora
El dato más crítico del informe, sin embargo, es la brecha entre la deuda total y lo efectivamente recuperado por el Estado: hasta el momento se han recuperado apenas $5.064 millones, equivalentes a un 7,3% de los $92 mil millones adeudados. De ese monto recuperado, $1.364 millones corresponden a pagos directos de los propios becarios, $3.622 millones a convenios de pago suscritos con la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID), y solo $78 millones provienen de procesos judiciales ya concluidos —una cifra marginal que evidencia lo incipiente que aún está la vía judicial como mecanismo real de cobro.
Según el desglose entregado por la ministra, los mayores niveles de incumplimiento se concentran en los programas de doctorado, con un 52,7%, seguidos por los de magíster, con 37,7%, y los de postdoctorado, con un 6%.
El plan: judicialización y trabajo con la PDI
Frente a este escenario, el Ministerio de Ciencia ya había anunciado semanas atrás que avanza en un proceso de judicialización de los casos que corresponda, trabajando en conjunto con la Policía de Investigaciones (PDI) para ubicar a beneficiarios que no han podido ser contactados y cuyo paradero, en muchos casos, se encuentra fuera de Chile. Hasta el momento, 379 casos ya se encuentran judicializados. La estrategia se enmarca, además, en una línea más amplia de fiscalización que el Gobierno ha impulsado bajo el concepto de combate al «fraude social» que ha promovido el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, la cual también ha incluido embargos a cuentas corrientes de deudores del Crédito con Aval del Estado (CAE) con ingresos superiores a $3,5 millones.
Un riesgo que podría multiplicarse
Más allá de la deuda ya identificada, la ministra advirtió sobre un riesgo potencial adicional que podría agravar el problema en los próximos años: «en este minuto tenemos un riesgo potencial de otros $481 mil millones de las becas que están en proceso de gracia, retribución o cierre. Si no cambiamos la tendencia, vamos a arriesgar parte de este retorno», señaló Lincolao. Solo para el período 2026-2027, hay 990 becas próximas a vencer, con $82,7 mil millones en juego.
El perfil de los deudores
Antecedentes previos entregados por el propio Ministerio de Ciencia —recogidos en junio por distintos medios durante la etapa inicial de la auditoría— habían dado cuenta de que buena parte de los becarios en incumplimiento provienen de colegios particulares y comunas de altos ingresos, como Las Condes, Vitacura y Providencia, un antecedente que alimenta el argumento de que no se trataría, en general, de personas sin capacidad económica para restituir los fondos entregados por el Estado.
Una defensa a quienes sí cumplen
En su presentación, la ministra fue enfática en dejar claro que la fiscalización no apunta contra el programa en su conjunto, sino contra quienes incumplen sus compromisos: «este beneficio conlleva compromisos claros, entre ellos el pago, el envío correcto de la documentación y la actualización oportuna del estatus, tal como se estableció en los contratos firmados por quienes lo recibieron. El cumplimiento de estos compromisos es, ante todo, un acto de justicia con el 86% de los becarios que sí cumplen, y una forma de retribuir al país como corresponde», sostuvo Lincolao. Según el balance entregado, el programa ha invertido $688 mil millones desde su creación en 2008, financiando 12.589 becas a 11.340 personas en 40 países distintos.
Un programa que se reformula
Como parte de las medidas anunciadas, el Gobierno confirmó que Becas Chile no será eliminado, pero sí reformulado a partir del Presupuesto 2027, priorizando áreas estratégicas para el desarrollo del país —como inteligencia artificial, seguridad, ingeniería y computación cuántica—, además de incorporar mecanismos de seguimiento con inteligencia artificial y fortalecer la interoperabilidad entre organismos públicos para evitar que casos de incumplimiento se repitan en el futuro.
Lo que viene
Con el diagnóstico ya presentado ante el Congreso, el desafío del Gobierno será acelerar la recuperación efectiva de los $92 mil millones adeudados —hoy en apenas 7,3%— y evitar que el riesgo adicional de $481 mil millones termine engrosando la lista de incumplimientos. La lógica de fondo, planteada por la propia ministra, es clara: cada peso no recuperado es, en los hechos, un subsidio habitacional, una vivienda o parte de un hospital que no llega a otro chileno.
