Una promesa que el Gobierno dice haber cumplido al último peso
En la recta final de la megarreforma, que el Senado vota hoy martes en su artículo definitivo, el Gobierno defiende con firmeza un principio que ha repetido durante toda la negociación: cada peso que los municipios dejen de recaudar por la exención de contribuciones a adultos mayores de 65 años será devuelto, sin excepciones ni recortes. La fórmula es simple en su lógica: la Tesorería General de la República (TGR) transferirá a cada municipio un monto proporcional a lo que efectivamente deja de percibir por esta exención, de manera que ninguna comuna termine con menos recursos que antes de la reforma.
Frente a las críticas de un grupo de alcaldes que exige cambiar ese mecanismo, la respuesta del oficialismo y de los jefes comunales que respaldan la fórmula ha sido clara: el compromiso del Gobierno ya está cumplido, y lo que se disputa ahora no es si los municipios reciben o no el dinero, sino un criterio de reparto distinto al que estos alcaldes suscribieron originalmente.
La defensa desde Providencia: «que dejen de faltar a la verdad»
El alcalde de Providencia, Jaime Bellolio, fue uno de los que salió con más fuerza a respaldar la propuesta del Ejecutivo, cuestionando directamente el relato instalado por los alcaldes críticos: «cómo alguien puede decir que esto es regresivo. Nosotros queremos ser una comuna que integra, sin embargo, necesitamos también tener el financiamiento. Entonces, yo espero que se apruebe», sostuvo, agregando un llamado directo a que «alcaldes de izquierda dejen de faltar a la verdad» respecto al contenido real de la medida.
El caso de Punta Arenas: el argumento en terreno
Uno de los testimonios más elocuentes a favor de la fórmula del Gobierno llegó desde Magallanes, donde el alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, defendió la medida por su impacto directo en los propios contribuyentes de la tercera edad. Según explicó, en su comuna cerca de 2.058 jubilados propietarios de vivienda quedarán liberados del pago de contribuciones, en su mayoría exprofesores, funcionarios públicos y trabajadores que compraron su casa con esfuerzo y hoy enfrentan el pago de contribuciones con pensiones bajas. Radonich valoró que el Ejecutivo haya cumplido con el compromiso de la exención, y cifró en torno a los mil millones de pesos la merma que enfrentará el municipio, la cual será compensada íntegramente según la fórmula gubernamental.
Un respaldo mayoritario, aunque no unánime
Pese a la visibilidad mediática que han tenido los alcaldes críticos de la fórmula, el respaldo a la propuesta del Gobierno no es marginal. El alcalde de Zapallar y presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades, Gustavo Alessandri, impulsó una carta que reunió 162 firmas, equivalentes al 47% de los alcaldes del país, en apoyo a la votación de este martes. Se trata de una cifra que contrasta con el relato de una oposición municipal, y que evidencia que buena parte del municipalismo chileno —de distintos signos políticos— respalda el mecanismo tal como fue diseñado.
Negociación, no improvisación
El camino hasta la votación de hoy no estuvo exento de ajustes, pero estos se dieron dentro de un proceso de negociación ordenado, no como resultado de presión desmedida. El Gobierno resolvió las aprensiones puntuales de senadores UDI que condicionaban su voto —Sergio Gahona, por recursos para el norte del país, y Gustavo Sanhueza, por el pago de deudas previsionales de trabajadores municipales en Ñuble— sin alterar la fórmula central de compensación. El propio ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, restó dramatismo a la discusión sobre este artículo específico días antes de la votación final, señalando que, en términos fiscales, prácticamente «da lo mismo» el resultado de esta votación puntual, en tanto el compromiso de fondo —la devolución total de los recursos— ya estaba garantizado independientemente del mecanismo de reparto.
Lo que piden los críticos, en perspectiva
Los alcaldes que impulsan un cambio a la fórmula —principalmente representados por Tomás Vodanovic (Maipú), Karina Delfino (Quinta Normal) y Gustavo Toro (San Ramón), entre otros— plantean que los cerca de US$200 millones comprometidos se canalicen a través del Fondo Común Municipal en lugar de devolverse de manera proporcional a lo que cada comuna deja de recaudar. Se trata de una propuesta distinta, no de una exigencia de mayores recursos, pero que en la práctica implicaría redistribuir ese monto de forma distinta a como cada municipio lo pierde, beneficiando a algunas comunas por sobre el criterio de «cada peso donde se pierde» que ha primado en el diseño original del Ejecutivo.
Una votación que corona meses de tramitación
La sesión de este martes representa, en ese sentido, el cierre de un largo proceso legislativo en el que el Gobierno ha sostenido la misma línea argumental: cumplir el compromiso con los adultos mayores del país, devolviendo a los municipios, peso por peso, lo que la exención de contribuciones les reste en ingresos. Con el respaldo de la UDI ya confirmado y una carta firmada por cerca de la mitad de los alcaldes de Chile, el Ejecutivo llega a la votación final con una posición robusta para consolidar la fórmula tal como fue diseñada.
Lo que viene
Una vez resuelta la votación de esta tarde, restará por delante la revisión de los vetos presidenciales en la Cámara de Diputados y la definición del Tribunal Constitucional sobre los artículos aún en litigio, antes de que la megarreforma —y con ella, el mecanismo de compensación municipal— quede completamente en régimen.
