Una nota basada en la columna «La ruleta rusa de los laboratorios clínicos» escrita por Jaime Mañalich y publicada en Ex-Ante.
Un argumento con peso técnico
En medio de la controversia que sigue generando el caso del exsubsecretario de Hacienda Juan Pablo Rodríguez —separado de su cargo tras un examen de pelo que arrojó un resultado positivo por consumo de drogas, hecho que él ha impugnado con exámenes privados posteriores—, el debate sumó esta semana una voz con peso técnico específico. El médico Jaime Mañalich, exministro de Salud durante el primer gobierno de Sebastián Piñera y actualmente investigador de CLAPES UC —el centro de estudios económicos de la Universidad Católica—, publicó una columna en Ex-Ante en la que analiza, desde la estadística aplicada a la medicina, un problema que rara vez se discute cuando se habla de test de drogas: el riesgo de falsos positivos cuando un mismo protocolo se repite muchas veces.
El problema que plantea, explicado en simple
El argumento central de Mañalich no cuestiona la calidad de ningún laboratorio en particular, sino la lógica estadística detrás de los protocolos de testeo reiterado. Según explica, si se aplica un panel de 5 parámetros de detección en 8 ocasiones distintas a lo largo de 4 años —es decir, 40 análisis por persona—, incluso una prueba individual con un margen de error bajo termina acumulando un riesgo mucho mayor de lo que la intuición sugiere. Con una tasa de error de apenas 2% por examen —cifra que el propio Mañalich describe como «normal» en muchos laboratorios—, una persona completamente sana enfrentaría más de un 55% de probabilidades de recibir al menos un resultado falso positivo a lo largo de ese período. Si el margen de error sube a 2,5% —lo habitual en exámenes de pesquisa, según el exministro—, ese riesgo individual se dispara a cerca de 64%.
Lo que significa aplicado a un grupo grande
El cálculo se vuelve aún más elocuente cuando Mañalich lo proyecta sobre un universo amplio de personas. Aplicado a un grupo de 3.300 funcionarios sometidos al mismo protocolo, sostiene que la probabilidad de que se registre al menos un falso positivo en el conjunto es, matemáticamente, del 100%. La pregunta relevante, plantea, no es si va a ocurrir, sino a cuántas personas afectará: con una tasa de error de 0,5%, unas 600 personas sanas recibirían un diagnóstico equivocado; con 2%, la cifra sube a 1.829; y con 2,5%, podría llegar a 2.105 personas con una falsa alarma.
La conclusión del exministro
Mañalich fue enfático en despejar cualquier lectura de su columna como una crítica a un laboratorio específico: «este no es un problema de calidad del laboratorio», escribió, precisando que repetir pruebas sin ajustar los criterios estadísticos no mejora el diagnóstico, sino que multiplica el margen de error. Su propuesta apunta, en cambio, a un cambio de enfoque institucional: revisar la tasa de falsos positivos de cada test específico, aplicar correcciones estadísticas cuando se combinan múltiples parámetros de detección, y —el punto que más resuena en el contexto del caso Rodríguez— tomar decisiones administrativas solo cuando el resultado esté efectivamente verificado mediante una confirmación adecuada.
Por qué esta columna gana relevancia ahora
El peso de este argumento no radica solo en su solidez estadística, sino en la autoridad de quien lo firma. Mañalich no es un comentarista cualquiera en materia de salud pública: fue ministro de Salud de Chile entre 2018 y 2020, y hoy forma parte de uno de los centros de estudios más influyentes del país en políticas públicas. Su columna llega en un momento en que el propio caso de Rodríguez —quien ha sostenido públicamente que dos exámenes privados posteriores arrojaron resultado negativo, mientras disputa con el laboratorio oficial a qué centro debe enviarse la contramuestra formal— sigue sin resolución definitiva, y en el que la discusión pública se ha concentrado más en las acusaciones cruzadas entre las partes que en la solidez estadística del propio mecanismo de testeo.
Una advertencia, no una conclusión sobre un caso puntual
Es importante precisar el alcance real del análisis de Mañalich: su columna aborda el riesgo estadístico de un protocolo de testeo repetido en el tiempo —el escenario que, según ha trascendido, se evalúa aplicar de forma más amplia en el Ejecutivo—, y no analiza específicamente las circunstancias del caso de Rodríguez, cuyo resultado positivo provino de una misma muestra realizada en dos ocasiones con equipos distintos, un procedimiento estadísticamente distinto al que describe la columna. Aun así, el argumento de fondo —que ningún resultado de laboratorio debería tratarse como una verdad incuestionable sin considerar su margen de error— se ha vuelto parte central del debate público en torno a cómo el Estado debe manejar este tipo de controversias hacia adelante.
Lo que viene
Con este nuevo antecedente técnico sumado al debate, la discusión sobre los protocolos de testeo de drogas en el sector público probablemente no se limitará al caso puntual de Rodríguez. La pregunta que deja instalada Mañalich —cómo comunicar con transparencia el margen de error de cada examen, y qué estándar de confirmación debe exigirse antes de tomar decisiones administrativas o políticas en base a un resultado— es, según su propio planteamiento, aplicable a cualquier examen clínico, no solo a los vinculados a consumo de sustancias.
