El Gobierno confirmó los detalles de la reforma que prepara para el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), a través de declaraciones del ministro de Justicia, Fernando Rabat, quien detalló un anteproyecto de ley que busca modificar tanto la estructura como las atribuciones del organismo. Consultado en el programa Estado Nacional de TVN, Rabat fue claro en un punto: la intención del Ejecutivo no es cerrar la institución, sino transformarla en un organismo de carácter exclusivamente consultivo, eliminando su facultad para presentar querellas criminales.
El argumento central: «eso hay que corregirlo»
El ministro no evitó el terreno más polémico del debate. Consultado por la composición actual del Consejo del INDH, fue enfático: «creemos que, efectivamente, hoy la sociedad civil está mal representada en el INDH y tiene absolutamente un tinte de izquierda, y eso hay que corregirlo». Según explicó, el subsecretario de Derechos Humanos, Pablo Mira, ha sostenido más de 500 reuniones con distintas organizaciones de la sociedad civil como parte del proceso de revisión que sustenta la reforma, en un intento de ampliar la representación hacia sectores que, según el Gobierno, hoy no tienen espacio dentro del organismo.
Por qué quieren quitarle la facultad de querellar
En materia de atribuciones, Rabat apeló directamente a los Principios de París —el estándar internacional que rige a este tipo de instituciones— para fundamentar el cambio. «Se habla mucho de los Principios de París, que es lo que recoge a este tipo de instituciones, que normalmente tienen roles más bien de orden consultivo. Y nosotros queremos, por lo tanto, eliminar ciertas facultades que nos parecen que no tienen sentido. Por ejemplo, el deducir querellas criminales», sostuvo. El ministro fue más allá al cuestionar la lógica institucional detrás de esa facultad: «si el Ministerio Público es el que lleva adelante la investigación penal, es el Ministerio Público el que tiene la autonomía en el ejercicio de la acción penal por norma constitucional, ¿qué tiene que hacer el Instituto Nacional de Derechos Humanos en esa materia?».
La cifra que Rabat usa como prueba de «abuso»
Para respaldar su argumento, el ministro entregó una cifra concreta durante un posterior cara a cara con el director del INDH: entre 2019 y 2020, el organismo interpuso 3.247 querellas criminales, de las cuales, según Rabat, solo 68 fueron acogidas por los tribunales. «Lo cual demuestra que hay un ejercicio totalmente abusivo de la acción penal», sostuvo, acusando al instituto de haber incurrido en un «mal uso» e incluso «abuso» de esa atribución, particularmente en investigaciones vinculadas a crimen organizado y causas medioambientales, materias que —a su juicio— exceden el mandato original del organismo.
La defensa del INDH: otra cifra, otra lectura
El director del INDH, Yerko Ljubetic, no tardó en responder en la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara, convocada a raíz de una moción presentada por diputados oficialistas de Renovación Nacional. Ljubetic entregó una cifra distinta para rebatir la acusación de abuso: de más de 6.000 querellas presentadas por el instituto a lo largo de su historia, solo en siete casos los tribunales condenaron al organismo al pago de costas —la sanción que se aplica cuando un litigante actúa sin fundamento suficiente—. «Cuando un tribunal condena en costas es porque entiende que no existían elementos suficientes para litigar», había señalado previamente Rabat, pero Ljubetic utilizó esa misma métrica para argumentar exactamente lo contrario: si solo siete de más de 6.000 acciones fueron sancionadas de esa forma, la enorme mayoría de las querellas del INDH sí tendrían fundamento jurídico válido.
La oposición entra al debate
La diputada del Frente Amplio y exdirectora del propio INDH, Lorena Fries, salió a defender el rol del organismo, recordando que fue la primera institución en presentar una acción judicial por trata de personas en Chile, y remarcando que esa labor «no obsta al trabajo de persecución penal que tiene que hacer el Ministerio Público», es decir, que ambas funciones pueden coexistir sin contradicción. Fries también respondió directamente a la acusación de sesgo político: «los derechos humanos son universales y no son ni de izquierda ni de derecha», sostuvo. Otra exdirectora del organismo fue incluso más dura en su caracterización de la reforma, calificando la eliminación de la facultad de querellar como una forma de «castrar al instituto y dejarlo sin dientes».
El origen legal de la reforma
Pese a la intensidad del debate, Rabat fue enfático en enmarcar la iniciativa dentro de un proceso legislativo ya en curso, y no como una decisión unilateral del Ejecutivo: explicó que el anteproyecto responde a indicaciones que ya habían sido incorporadas en la Ley de Presupuestos de 2025, es decir, un mandato que en parte antecede a la actual administración y que ahora el Gobierno de Kast está terminando de desarrollar en forma de proyecto de ley.
Lo que viene
Con el anteproyecto aún en elaboración por parte del Ministerio de Justicia y una moción parlamentaria paralela ya en discusión en la Cámara, el pulso entre el Gobierno y el INDH promete extenderse en las próximas semanas. El desenlace dependerá tanto del respaldo político que logre reunir la iniciativa en el Congreso como de la capacidad del Ejecutivo para sostener, con cifras, el argumento central de su reforma: que el organismo se ha excedido en el uso de una facultad judicial que, a su juicio, no le corresponde ejercer en paralelo al Ministerio Público.
