El presidente José Antonio Kast destacó públicamente, a través de su cuenta en X, la conformación del equipo transversal de expertos convocado para trabajar en una de las reformas estructurales pendientes del Estado chileno: la modernización del Estatuto Administrativo, la norma que regula las relaciones laborales de los funcionarios públicos desde 1989. El Mandatario calificó al grupo como «muy buen equipo transversal» y fijó un objetivo claro: que en un plazo de cuatro meses se presente un camino concreto de reformas profundas al empleo público, con la meta de que estos cambios se concreten durante el actual Gobierno.
Doce nombres, con un perfil deliberadamente transversal
La comisión, que comenzó a conocerse en detalle este lunes, está integrada por 12 expertos y será liderada por José Ignacio Llodra, subdirector de Racionalización y Función Pública de la Dirección de Presupuestos (Dipres). Lo más destacable de su composición es la diversidad de trayectorias políticas que reúne. Junto a nombres identificados con sectores más afines al actual Gobierno —como Ramiro Mendoza, exContralor General de la República; Jorge Rodríguez, exconsejero del Consejo Fiscal Autónomo e investigador del CEP; Ernesto Silva, académico de la UDD; y Fernando Claro, director ejecutivo de la Fundación para el Progreso—, la comisión incorpora también a figuras que se desempeñaron en el gobierno de Gabriel Boric, entre ellas Macarena Lobos y Matías Acevedo, este último exdirector de Presupuestos durante esa administración. Completan la nómina Cristina Torres, académica de la Universidad San Sebastián y también con paso previo por la Dipres; Enrique Rajevic, abogado especializado en derecho administrativo; María Jaraquemada, del Consejo para la Transparencia; y Francisca Díaz del Río y María Francisca Yáñez.
«No es en contra de alguien»: el mensaje de Kast a los funcionarios
Consciente de que este tipo de reformas suele generar aprensión entre los propios trabajadores del Estado, el Presidente fue explícito en desmentir cualquier lectura de persecución: «esto es con los funcionarios públicos. No es en contra de alguien, es tomando la realidad actual y la que viene». El plazo fijado por Kast para que la comisión entregue sus resultados es de 120 días, tiempo en el que deberá elaborar una propuesta que sirva de base para el ingreso de un proyecto de ley de reforma al Estatuto Administrativo vigente desde hace 37 años.
Por qué se abordó recién ahora: una ventana política más favorable
El Estatuto Administrativo, diseñado a fines de la década de 1980, ha recibido críticas transversales durante más de una década por las rigideces que genera en materia de movilidad y gestión de personas dentro del Estado, pero ningún gobierno anterior había logrado el piso político necesario para modificarlo en profundidad. Según coinciden distintos análisis, el actual escenario resulta más favorable tras el triunfo legislativo que significó el despacho de la megarreforma, lo que habría envalentonado al Ejecutivo a sumar esta nueva batalla de modernización del Estado, con una mayoría política que podría alinearse también en el Congreso para este objetivo.
Un trabajo técnico que busca sustento en estudios previos
La comisión no parte de cero. Su trabajo se apoya en insumos técnicos ya elaborados, como un estudio sobre modernización del Estado desarrollado por especialistas del Centro de Estudios Públicos (CEP) y la CPC, además de un documento de la organización Pivotes que plantea, entre otras ideas, avanzar hacia un régimen laboral general para los trabajadores públicos y fortalecer la selección basada en el mérito. El propio abogado Enrique Rajevic, integrante de la comisión, subrayó la importancia de que el proceso incorpore diálogo social. Sostuvo que es esencial construir consensos amplios «con la participación de las asociaciones que representan a funcionarios públicos, para considerar sus propuestas», advirtiendo que no hacerlo «empobrecería los diagnósticos y comprometería el éxito de cualquier reforma».
El diálogo con los funcionarios, un frente que sigue en desarrollo
Cabe recordar que, en paralelo a esta comisión técnica, existe una mesa sectorial entre el Gobierno y la Asociación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF), instancia que el propio Presidente Kast comprometió en mayo de este año y que ha sido liderada por el Ministerio del Trabajo. El desafío de las próximas semanas será articular ambos procesos —el trabajo técnico de la comisión de expertos y el diálogo social con los propios funcionarios— para que las conclusiones que se entreguen en los próximos 120 días cuenten con el respaldo más amplio posible antes de convertirse en un proyecto de ley.
Lo que viene
Con la comisión ya conformada y trabajando, el foco de los próximos cuatro meses estará puesto en construir un diagnóstico técnico compartido sobre las rigideces del actual sistema de empleo público, que sirva de base para una reforma que, según el propio Presidente, aspira a concretarse durante lo que resta de su administración. Se trata de uno de los nudos más complejos para la modernización del Estado chileno, y su resolución dependerá en gran medida de la capacidad del Ejecutivo para sostener el mismo nivel de consenso transversal que mostró en la conformación de este primer equipo de expertos.
