Lo que comenzó en 2016 como el Dispensario Nacional, una corporación sin fines de lucro creada para abastecer a pacientes de cannabis medicinal mediante un sistema de recetas y validación clínica, terminó convirtiéndose, según la Fiscalía, en el corazón de una organización criminal estructurada que traficaba marihuana y sus derivados a gran escala, con una clientela concentrada en el sector alto de la capital. El caso, conocido en la operación policial como «Imperio de Ámsterdam» y apodado por algunos medios como «Marihuana VIP», terminó con allanamientos simultáneos en nueve regiones del país, la ejecución de 42 órdenes de entrada y registro, y decenas de personas detenidas.
Cómo estaba organizada la red
Según el expediente de la Fiscalía, la estructura no era improvisada: contaba con tres núcleos funcionales claramente definidos. Un núcleo directivo, encabezado por Andrés Astorga y vinculado a las entidades DN Medcorp SpA y la Corporación de Dispensario Nacional, se encargaba del liderazgo y el manejo de los flujos de dinero. Un núcleo de cultivo, donde figura Rodrigo Buzeta —relacionado con la cadena MA Botanics—, se encargaba de la siembra, plantación y cosecha de cannabis, tanto en predios con autorización administrativa como en plantaciones clandestinas, una de ellas ubicada en la comuna de Pelarco. Y un núcleo de comercialización distribuía flores de marihuana, comestibles, vaporizadores, ungüentos y cigarrillos artesanales a través de locales establecidos en distintas ciudades del país, incluyendo un dispensario en pleno Barrio Italia, en Providencia.
Las cifras del negocio
El crecimiento económico de la red fue vertiginoso. Según documentos de la carpeta investigativa citados por La Tercera, la sociedad controladora del negocio partió transando $12 millones de pesos, cifra que escaló hasta los $750 millones mensuales, con una proyección de aumentar considerablemente esas utilidades hacia 2027. A través de los sistemas de pago Mercado Pago y GetNet, ingresaron a las cuentas de la organización más de $3.245 millones y $3.870 millones de pesos respectivamente, cifras que en conjunto se aproximan a los US$9 millones detectados por la investigación.
La lógica empresarial detrás del negocio
Para el Ministerio Público, la red operaba con una lógica claramente empresarial: se preocupaba del crecimiento del negocio, del abastecimiento, de la expansión territorial y de la obtención de utilidades. Las escuchas telefónicas recabadas por la Fiscalía y el OS-7 de Carabineros permitieron concluir que los líderes de la organización eran plenamente conscientes del ánimo de lucro que perseguían detrás de la fachada terapéutica que habían montado.
El episodio que grafica la impunidad con que operaban
Uno de los antecedentes más reveladores del expediente ilustra el nivel de confianza con que la organización actuaba frente a las autoridades. Durante un control policial en el balneario de Pichidangui, Carabineros fiscalizó a un conductor que transportaba una cantidad importante de marihuana. El chofer explicó que la carga pertenecía al Dispensario Nacional y llamó telefónicamente a Andrés Astorga; tras la explicación del propio Astorga sobre el origen y destino del cannabis, el funcionario policial optó por no realizar procedimiento alguno. Ese episodio, hoy parte de la evidencia en el proceso judicial, muestra cómo la apariencia de legitimidad de la red le permitió, durante un tiempo, evitar consecuencias pese a mover cantidades significativas de droga.
El desenlace: el operativo que la desarticuló
El golpe definitivo llegó este mes, cuando la Fiscalía Regional de Aysén, en conjunto con el OS-7 de Carabineros, ejecutó de manera simultánea 42 órdenes de entrada y registro y órdenes de detención contra 38 personas, en un operativo que movilizó a más de 500 funcionarios de Carabineros y cerca de 20 fiscales adjuntos en terreno. Los delitos investigados incluyen tráfico ilícito de drogas, cultivo de cannabis, desvío de cultivo autorizado y asociación ilícita. Con el correr de la investigación, el número de imputados en la causa ya supera las 72 personas, incluyendo al exchico reality Camilo Huerta, representante de una de las franquicias del dispensario, cuyo caso ya reportamos anteriormente en esta cobertura.
Un matiz necesario: no es que nunca hubiera repercusiones
Es importante precisar, para no simplificar en exceso el fenómeno, que los dispensarios y clubes cannábicos en Chile sí han sido objeto de fiscalización en años anteriores: reportes periodísticos documentan al menos 88 allanamientos a pacientes de la Fundación Daya entre 2019 y 2021, incluyendo casos donde el propio INDH se involucró por denuncias de tratos vejatorios. Lo distintivo del caso «Imperio de Ámsterdam» no es que se trate del primer allanamiento a este tipo de establecimientos en la historia reciente del país, sino la escala, sofisticación y nivel de impunidad con que esta red específica —de alcance nacional y con ingresos millonarios— logró operar durante años antes de ser desarticulada por completo.
Un caso que encaja con la prioridad actual en incautaciones
El desenlace de este caso se enmarca, de todos modos, en un contexto más amplio que ya hemos documentado en esta cobertura: los sucesivos balances de seguridad del actual Gobierno han destacado de manera consistente el aumento en las incautaciones de droga como uno de los indicadores centrales de su gestión, con cifras que han escalado de un 60% a más de un 63% de alza interanual en las últimas semanas. La desarticulación de una red de este tamaño y complejidad se suma a esa narrativa de mayor persecución del crimen organizado vinculado al narcotráfico, incluyendo estructuras que —como esta— operaban bajo apariencia de legalidad.
Lo que viene
Con más de 72 personas ya imputadas y el expediente de la causa compuesto por 173 tomos, el proceso judicial contra la red «Imperio de Ámsterdam» continúa en desarrollo, incluyendo la revisión de la evidencia específica contra Camilo Huerta y otros representantes de franquicias del dispensario. El caso seguirá siendo, previsiblemente, uno de los procesos más seguidos en materia de narcotráfico durante los próximos meses, tanto por la magnitud del negocio desarticulado como por la exposición pública de algunos de sus involucrados.
